Susana Díaz se ha situado dos pasos por delante del PSOE y del resto de candidatos que concurren a las primarias socialistas al pedir al gabinete jurídico de su Gobierno que prepare un recurso contra el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, presentado hace unos días.

Las cuentas del Ejecutivo de Mariano Rajoy contemplan un desplome del 36,6% en la inversión estatal para Andalucía: 1.156 millones de euros, 668 millones menos que el año pasado. Con estos números, Andalucía recibirá un 13,5% del total de inversión estatal regionalizable, cinco puntos por debajo de su peso poblacional, lo cual, según la Junta, incumple el Estatuto de Autonomía.

El Estatuto andaluz, con rango de ley orgánica, establece que "la inversión estatal destinada a Andalucía será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un período de siete años". El Gobierno central está obligado, por tanto, a gastar en Andalucía un 18% de la partida total para infraestructuras, o sea, 1.547 millones de euros para este año (391 millones más de lo presupuestado).

El recurso que plantea ahora la presidenta andaluza debe entenderse desde dos perspectivas distintas: una jurídica y la otra política. La primera tiene un recorrido incierto, porque no es la primera vez que el Gobierno andaluz trata de impugnar, sin éxito, unos Presupuestos Generales. La segunda, en cambio, es la verdadera razón de ser: Susana Díaz compagina sus funciones como presidenta de Andalucía con la candidatura a la secretaría general del PSOE.

El recurso de su Gobierno contra los Presupuestos Generales del Ejecutivo del PP le ofrece dos escenarios propicios de cara a las primarias: por un lado, le permite sacudirse el estigma de haber sido ella quien pilotó la operación para derrocar a Pedro Sánchez, para luego facilitar la investidura a Mariano Rajoy. Éste es el segundo paso que la sevillana da en este sentido.

Hace unos días, Díaz ya se desmarcó del PP y del discurso blando de la gestora del PSOE para advertir al diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, que al ser socio electoral de los socialistas en el Congreso no podía apoyar las cuentas generales del Estado (el voto del canario es necesario para sacar adelante el Presupuesto).

En segundo lugar, el recurso en los tribunales refuerza su posición como presidenta de Andalucía, frente a las críticas de la oposición en bloque, que la acusan de "estar de salida", más centrada en sus aspiraciones de llegar a Ferraz que de gestionar la Administración que dirige.

Pedro Sánchez canta "La internacional" al finalizar un acto en la localidad valenciana de Burjassot. EFE/Kai Försterling

Díaz ha acusado a Rajoy de "castigar" a esta tierra "por razones estrictamente políticas", y de paso ha censurado al PP andaluz por no haber alzado la voz contra el “maltrato” de un Gobierno popular. Los populares andaluces apenas han sabido articular una defensa razonable de las cuentas del Estado para Andalucía, ni han explicado el desplome abrupto en el capitulo de inversiones.

Rajoy ha dejado sin armas al líder popular, Juan Manuel Moreno, a quien la Junta y el PSOE le reprochan que lleve "desaparecido de la escena pública" desde que el ministro Cristóbal Montoro presentó los Presupuestos.

En cambio, el Ejecutivo andaluz ha sido mucho más condescendiente con Ciudadanos, aliados suyos aquí, y socios de Rajoy en el Congreso. El partido de Albert Rivera apoya las cuentas del Estado en Madrid, y también ha tratado de defenderlas en Andalucía, entrando en serias contradicciones. Díaz, sin embargo, ha evitado cargar las tintas contra los naranjas, habida cuenta que necesita de sus votos para sacar adelante su propio Presupuesto.

Si finalmente Susana Díaz impugna las cuentas del Estado para 2017, lo hará coincidir con la recta final de la campaña para las primarias socialistas, reforzando así su posición como líder de la oposición a Rajoy, que ya ejerce de facto desde la sede de su Gobierno, en San Telmo. Aunque el recurso en los tribunales no llegue a consumarse, la amenaza en sí ya le sirve de plataforma de lanzamiento para las primarias.

Sus adversarios, principalmente el entorno de Pedro Sánchez, ya prevén jugar la baza contraria, señalarla como colaboradora necesaria en la investidura de Rajoy, y en la aprobación sus primeros Presupuestos, toda vez que las cuentas, previsiblemente, saldrán adelante gracias a un voto socialista de Nueva Canarias.

El argumentario judicial es más una excusa ya que, en realidad, el incumplimiento del Estatuto no es nuevo. La ley, aprobada con el consenso de todas las fuerzas políticas, está en vigor desde 2007, y desde entonces ningún Gobierno de España, ni los de Zapatero primero, ni los de Rajoy después, han cumplido con lo que establece la Disposición Adicional Tercera del texto legal. El Ejecutivo de Susana Díaz cifra en 2.298 millones de euros la "deuda" del Estado por el déficit inversor en Andalucía.

Tampoco es la primera vez que el Gobierno andaluz trata de impugnar los Presupuestos Generales del Estado, la Administración de José Antonio Griñán ya planteó sendos recursos en 2012 y 2013, que fueron desestimados en los tribunales. La razón fue la misma: el incumplimiento del Estatuto de Autonomía en materia inversora. La Junta busca base legal para volver a impugnar las cuentas de 2017 si finalmente se aprueba con el diseño actual. Fuentes de la Consejería de Hacienda avanzan que los servicios jurídicos plantearían un contencioso administrativo, evitando la vía del Tribunal Constitucional, que no dio resultado en ejercicios anteriores. El recurso se hará efectivo una vez haya pasado el trámite de enmiendas, siempre que éstas no corrijan al alza la partida de inversiones para Andalucía.