Jueves, 15 de octubre. El presidente valenciano, Ximo Puig, subía al estrado de Les Corts y anunciaba, casi eufórico, una "financiación récord" de 13.800 millones para el País Valencià durante el 2021. "Por primera vez el Gobierno de España ya no ve en las autonomías unas administraciones que gastan, cuando no malgastan, dinero público sino corresponsables del Estado del bienestar social", afirmó ante el Pleno parlamentario.

El anuncio es, sin duda, importante y sirve para salvar unos presupuestos del 2021 marcados por el gasto extraordinario para abordar la crisis sanitaria y la imprescindible reconstrucción social y económica posterior. Si normalmente la Generalitat empezaba a endeudarse a partir de octubre, este año lo empezó a hacerlo en marzo. Vicent Soler, conseller de Hacienda y Modelo Económico, y artífice del acuerdo de financiación tomado en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) recuerda que salió "contento" de la reunión y valora como "positiva" la transferencia de 13.000 millones "no retornables", además de la relajación de las reglas de austeridad.

"Como socialdemócratas convencidos, creemos que la administración tiene que tener un comportamiento anticíclico y actuar para añadir recursos en la economía", explica a Público. El aumento del déficit referenciado hasta el 1,1% asegura que supone "la suspensión de facto de la ley de austeridad", pero, además, incide especialmente en que se permita que este déficit sea asimétrico, puesto que por la situación de infrafinanciación, el País Valencià tiene unas necesidades de liquidez más urgentes que otras autonomías. Para el conseller, la actuación del Gobierno español es un "blanco y negro" respecto a la respuesta del Ejecutivo de Rajoy durante la anterior crisis.

El economista y diputado de Podem en Les Corts valencianas Ferran Martínez coincide con Soler sobre el cambio de actitud del actual Gobierno español respecto a la época del PP y valora que el acuerdo del CPFF permitirá al Govern "afrontar la recuperación con igualdad de condiciones" respecto a los otros territorios. Pero recuerda que "la mejora es provisional y esquiva el debate de fondo". Para explicarlo recurre a la metáfora de una carrera de obstáculos: "Cada año tenemos una valla nueva y el acuerdo nos permite sortear la del 2021, pero el 2022 tendremos otra y cada vez con más deuda".

Más dura se posiciona la diputada de Compromís Aitana Mas, quien recuerda que el Gobierno español ha rechazado la propuesta de su formación de hacer un fondo de nivelación, "una solución también temporal, pero más justa y estable que la que se ha optado". De hecho, cuando el diputado de Compromís Joan Baldoví puso sobre la mesa esta opción el mes de mayo, la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, le respondió "que no enredara". Con todo, Mas reconoce que el fondo "da liquidez y evita estar pendiente del FLA", pero lo considera "totalmente insuficiente" y recuerda que "trata a todas las autonomías igual, olvidando que nosotros partimos de un hándicap que nos obliga a hacer constantemente un doble esfuerzo".

El infrafinanciamiento lastra los servicios básicos

Antoni Infante, portavoz de la Plataforma pel Dret a Decidir [por el Derecho a Decidir] del País Valencià, una de las entidades que empezó a reivindicar un cambio de modelo en la financiación, explica que la Generalitat "tiene que dedicar un 90% de su presupuesto a cubrir las principales competencias", o sea, sanidad, educación y servicios sociales, mientras que "la media de las autonomías es de un 70%". Un problema que, por ejemplo, sufren directamente las universidades valencianas.

Para Infante, esto "anula la capacidad del Consell de conducir económicamente el País Valencià y tiene consecuencias directas en el proceso de empobrecimiento de la sociedad valenciana". Así, mientras hasta los años 80 este territorio todavía se encontraba ligeramente por sobre la media de renta estatal, ahora se encuentra un 12% por debajo. "Y no se trata solo de un hecho territorial, esto afecta a grandes sectores de la población que son mucho más pobres e hipoteca los recursos necesarios para revertir la situación".

Infante no está solo en su análisis. Todas las voces del Botànic consultadas coinciden en que hace falta un cambio del modelo de financiación que sea definitivo y entierre de una vez por todas el agravio comparativo. Pero a pesar del creciente consenso social y político valenciano sobre el tema, este no parece que tenga una solución a corto plazo.

"El problema de la financiación no viene del último acuerdo del CPFF, sino de la creación del Estado autonómico y de cómo el franquismo invertía en los diferentes territorios –explica Ferran Martínez-, y ahora hay autonomías que no quieren perder su financiación. Pero hace falta que se reconozca que la situación es desigual y que no tenemos recursos suficientes para garantizar los servicios públicos básicos". En una línea similar, Aitana Mas echa de menos "sentido común y solidaridad" y denuncia que "hay autonomías muy cómodas con su financiación, pero tienen que reconocer que hay otros que estamos sufriendo". Para la diputada de Crevillent, "es significativo que se hable tanto de la igualdad entre todos los españoles pero se haga silencio cuando hay parte de los españoles, también andaluces, murcianos o baleares, que no tienen acceso a los mismos servicios".

Vicent Soler destaca que si bien el acuerdo salva los presupuestos del 2021, "en 2022 volverá a aparecer el problema", y señala que desde su departamento siguen "recordando al Ministerio de Hacienda y a las autonomías reticentes que el cambio de modelo es urgente".