Presupuestos del EstadoLos Presupuestos dedican 11,3 millones para impulsar la Memoria Democrática

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 destina 11.356.530 euros a impulsar las políticas de Memoria Democrática, entre las cuales destaca un plan de exhumación de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura junto a la creación de un banco nacional de ADN y un censo de víctimas.

En la descripción del programa dedicado a Memoria Democrática, que ejecutará el Ministerio de la Presidencia, no aparece sin embargo ninguna referencia a la resignificación del Valle de los Caídos, prevista en el anteproyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática recientemente aprobado por el Gobierno de coalición. Sí se prevén "actuaciones de intervención" en las criptas del cementerio ubicado en el enclave para "realizar las tareas de exhumación que permitan proceder a la identificación del mayor número posible de los restos allí depositados".

El Partido Popular redujo entonces estas partidas a 2,5 millones

Y es que la recuperación e identificación de víctimas constituye uno de los principales ejes de la política del Ejecutivo en esta materia, que tiene su origen en la Ley de Memoria Histórica de 2007. El Partido Popular redujo entonces estas partidas a 2,5 millones para desaparecer por completo en los ejercicios que van de 2013 a 2018. Los 11,3 millones de euros que ahora ha presupuestado el Gobierno para Memoria Histórica rebajan los 15 millones que figuraban en las cuentas públicas que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez no logró sacar adelante en el Congreso febrero de 2019.

El Ejecutivo dota ahora de asignación presupuestaria a la nueva Secretaría de Estado de Memoria Democrática, como órgano encargado de las medidas para la "reparación de las víctimas" y la "conservación, defensa, fomento y divulgación de la Memoria Histórica".

Búsqueda de desaparecidos como obligación democrática

Estas actividades se concretan en el desarrollo de una web específica de Memoria Democrática que unifique contenidos, incluido un mapa de fosas actualizado, así como en un plan de exhumaciones, ya que según recuerda el proyecto, los organismos internacionales calculan que todavía hay enterrados 114.226 cadáveres de la Guerra Civil.

"La búsqueda de estos desaparecidos constituye una obligación y responsabilidad del Estado, por lo que deberá configurarse como una auténtica política pública que tendrá que impulsar y acometer el Gobierno de manera directa", señala el documento, en línea con los postulados de la nueva Ley de Memoria Democrática.

En la guía de objetivos que incorporan los presupuestos, se cuantifica en 300 el número de cuerpos a localizar en 2021 y en 150 los exhumados, cifras que duplicarían los 150 que se prevén encontrar a lo largo de 2020 y las 150 exhumaciones previstas.

Además de continuar la concesión de subvenciones para actividades relacionadas con la Memoria Histórica, como la recuperación e identificación de desaparecidos, se cita a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como "instrumento idóneo y eficaz" para las medidas que deban adoptar los municipios.

El Banco Nacional de ADN que se pretende crear tiene como objetivo "facilitar la identificación de los restos con los posibles familiares a través de la comparación de estudios genéticos de ADN", y se calcula en 500 las recogidas de muestras para 2021. El Censo de Víctimas, también de nueva creación, se aborda de acuerdo con las recomendaciones del informe de 2014 del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU, y en este caso la previsión es alcanzar un millar de víctimas inscritas.

Otras actuaciones que se prevén abordar con los 11,3 millones de euros presupuestados son la apertura de una Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo para facilitar trámites como las declaraciones de reparación, la habilitación de un registro de edificaciones construidas con mano de obra forzada o la retirada de simbología franquista que aún persiste en España.

Se contempla igualmente conmemorar el 80 aniversario de la muerte de Manuel Azaña, programar actividades para la "monumentalización" de lugares de memoria y la construcción de "espacios de duelo" y constituir el Consejo General de Memoria Histórica para impulsar todas estas políticas.