Nuevo curso político, mismas negociaciones. Tras el parón vacacional, el Gobierno de coalición no podrá estrenar, al menos todavía, una nueva etapa en el seno de las relaciones entre el PSOE y Unidas Podemos, sino que se encontrará de cara en septiembre con dos de los asuntos que iniciaron su andadura antes del periodo estival.

Se trata de dos medidas que son cruciales para la coalición y para el futuro de la legislatura, aunque el recorrido que han tenido es completamente distinto. Estos dos asuntos son los Presupuestos Generales del Estado de 2022 y la ley de Vivienda estatal. El de las cuentas, aunque es un tema mucho más reciente que el de la vivienda, es el más urgente para el Ejecutivo.

A finales de julio, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, escenificaron el arranque de las negociaciones con una primera reunión que sirvió más como una señal de la importancia y la urgencia que la coalición quiere darle a esta medida que como un proceso de negociación real.

Esto es así por dos motivos: el primero, es que el PSOE y Unidas Podemos ya llevan tiempo negociando las cuentas del próximo año e, incluso, ya se han producido reuniones con los partidos del bloque de la investidura para empezar a buscar apoyos parlamentarios; el segundo motivo es que el parón de agosto afectará también a este proceso, y no se esperan reuniones para avanzar en los Presupuestos Generales del Estado en las próximas semanas.

Aunque desde el Ejecutivo de coalición trasladan que el acuerdo está bastante avanzado y que ya habría muchas cuestiones cerradas (se pactó, por ejemplo, mantener e, incluso, elevar el techo de gasto de las cuentas de 2021, aunque los socialistas lo rechazaban en un principio), todavía hay temas pendientes que son fundamentales para la buena marcha de las negociaciones.

En Unidas Podemos han advertido que estos Presupuestos tienen que servir para diseñar y acometer una recuperación "justa" que permita avanzar en la agenda social, y han avanzado que en el marco de la negociación presupuestaria pondrán sobre la mesa temas como la propia ley de Vivienda, la reforma fiscal o la regulación del mercado eléctrico para luchar contra la tendencia oligopólica del sector.

Los retrasos en la ley de Vivienda tensionan la coalición

La regulación de los alquileres es un proceso distinto. La norma lleva negociándose entre los dos socios del Gobierno durante todo el 2021, y acumula ya muchos meses de retrasos con respecto al plazo con el que se comprometió el Ministerio de Transportes a finales de 2020. Precisamente el compromiso para sacar adelante esta norma deviene de la negociación de las cuentas vigentes, y en Unidas Podemos ven en la aprobación de los PGE del próximo año una oportunidad para avanzar en la ley.

Que la negociación se haya dilatado tanto en el tiempo ha evidenciado las discrepancias entre los socios y ha tensado la coalición en muchos momentos. El cambio efectuado por Pedro Sánchez en el Ministerio de Transportes, sustituyendo al exministro José Luis Ábalos por Raquel Sánchez, apuntó a un posible desbloqueo de las negociaciones.

Sin embargo, el nuevo equipo sigue apostando por no intervenir el mercado de los alquileres y por poner en marcha incentivos fiscales para los propietarios de vivienda, una posición defendida por Ábalos desde el principio.

Aunque la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, avanzó en la última rueda de prensa del Consejo de Ministros que la prioridad del Ejecutivo en el último trimestre del año eran los Presupuestos, la ley de Vivienda entra también en este marco de urgencia por ser una de las principales discrepancias entre los socios, por su dilatación en el tiempo y, también, por la emergencia habitacional del país.