La subida del Salario Mínimo Interprofesional fue el blanco de las críticas de la derecha política desde que el Gobierno y Unidos Podemos dieron a conocer su acuerdo presupuestario. Ciudadanos y PP crearon la alarma de que este borrador de Presupuestos Generales del Estado para 2019 arruinaría la economía del país, pero para ello no se basaron en datos reales, y forzaron al máximo otros tantos.

Más bien lo contrario, porque, por poner un ejemplo, las economías de los países europeos muestran que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no tiene relación alguna con la tasa del paro. Lo mismo hicieron con las falsas acusaciones sobre cómo subirá la cuota de autónomo; su alerta sobre cómo los impuestos afectarán a la clase trabajadora, o con la ya celebre comparativa de España con Venezuela. El remate lo han dado calificando los Presupuestos de “ilegales” e "inconstitucionales", pero hay todo un abanico de consignas y dogmas que no se ajustan a la realidad.

Los augurios sobre el SMI y la "ruina" del país

La subida del salario mínimo ha sido el foco principal de las críticas de la derecha, acompañadas por las quejas de las grandes empresas que han intentado provocar una falsa alarma: será la "ruina" del país. El aumento es el mayor de la democracia, un 22,3% en un año, de 736 a 900 euros. El líder del PP, Pablo Casado, ya puso el grito en el cielo el día de la firma del acuerdo presupuestario: "Haré lo posible para impedir que el Salario Mínimo Interprofesional suba a 900 euros". Lo mismo dijo Albert Rivera, líder de Ciudadanos, asegurando que este incremento supone "un grave perjuicio para la Economía". La CEOE tampoco se quedó atrás, manifestando que esta decisión cuestiona "el diálogo social" y que podría darse que las empresas "no puedan pagar ni contratar a la gente".

Sin embargo, no hay datos que demuestren este mal augurio, y los dirigentes de ambas fuerzas tampoco aterrizan mucho más estas advertencias. En un artículo publicado en La Marea, el economista Eduardo Garzón explicaba que "no hay relación entre salario mínimo y tasa de paro, que depende de muchos factores, y el salario mínimo es de los menos importantes".

En efecto, los datos de Eurostat de julio de 2018 muestran que los países con menos tasa de desempleo (República Checa, con un 2,5%; Islandia, con un 2,9%; Alemania, con un 3,4% y Polonia, con un 3,5%), tienen niveles de SMI muy dispares. Alemania tiene el SMI fijado en 1.498 € al mes; Islandia no tiene salario mínimo; República Checa lo fijó en 477 euros, y Polonia en 502 euros. Mientras que Grecia, que tiene la mayor tasa de paro, un 19%, tiene un SMI de 683 euros. Estos datos prueban que no hay una relación directa entre el nivel de desempleo y del salario mínimo del país.

Además, el caso de Alemania es particularmente significativo: hasta 2014 no tenía salario mínimo. Fue ese año cuando lo establecieron en 1.440 euros, y desde entonces la tasa de paro no ha aumentado, sino que se ha reducido, pasando de un 5% al 3,8% en 2017.

Garzón también apunta otros factores, como que en sectores en los que la productividad es muy elevada, como el energético o financiero, los costes salariales no son los mayores gastos de las empresas. Además, indica que "el margen de beneficio empresarial no suele estar ajustado al mínimo", y que "el empleador en cuestión podría compensar el incremento salarial con una minoración de beneficios o de dividendos, y el negocio podría continuar".

Pese a todo, que están a favor de la subida del salario mínimo ha sido uno de los sonsonetes más repetidos por los conservadores. En noviembre de 2016, el Congreso aprobó una Proposición de Ley de Unidos Podemos para elevar el SMI hasta 800 euros en 2018, y hasta los 950 en 2019. Sin embargo, el PP votó en contra, y Ciudadanos se abstuvo. Poco después, el PP pactó con el PSOE una subida que fijaba el salario mínimo en apenas 707 euros, lo que representaba un incremento de apenas un 8%.

"Probablemente, la subida del SMI del 22% sea precursora de una subida de en torno al 20% de los salarios". El líder del PP pronunció estas declaraciones el martes, a su paso por el Foro de Europa Press, aprovechando para alertar de las peticiones masivas de subidas de salarios, que, a su juicio, conllevará este incremento del SMI. "Cuando el salario mínimo sube, vuestros directores de Recursos Humanos tendrán colas en los despachos para que los otros salarios suba de manera proporcional. ¿Está la economía española, con las incertidumbres mundiales, preparada para una posible subida del 20%?", incidía.

Falsas acusaciones sobre las cuotas de los autónomos

Ligado al SMI, Ciudadanos y PP alertaron de que la subida conllevaba un incremento de la base mínima por la que cotizan los trabajadores autónomos, de forma que las cuotas también serían más elevadas. La Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores (ATA), llegó a establecer que la cuota se elevaría 35 euros al mes: 430 euros al año.

Rivera repitió estas cifras en el pleno del Congreso. Aún más allá, Ciudadanos anunció una propuesta de ley para desvincular el SMI del "decretazo de subida a los autónomos, a fin de ayudar a los que empiezan y los que tropiezan". Casado también recriminó al Gobierno en el pasado pleno que el proyecto presupuestario "se ensaña con tres millones de autónomos".

Sin embargo, ya el lunes pasado el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, explicó que no iba a ser así. "Los partidos que no quieren que se suba el SMI han puesto en marcha una intoxicación para que la gente crea que no hay que subir el salario y, uno de ellos, es decir que esto repercute negativamente a los autónomos. Pero es mentira. Hemos acordado que se reduzca la cuota a los autónomos que no ingresan por encima de la base imponible, aproximadamente 12.000 euros al año. Mientras que a los que ingresan por encima, no se les aumentará", asegura Echenique. Las dudas venían porque en los Presupuestos de 2018 la base imponible se ligaba al SMI, aunque también se establecía que puede evitarse este incremento con una "disposición expresa en contrario": "Nosotros trabajaremos para que el SMI no suba la base mínima imponible", afirmó el número dos de Podemos.

El Gobierno intentó acabar con todas las dudas cuando explicó que la subida del SMI "no repercutirá negativamente en la cotización de los autónomos", y que la reforma prevista asegurará que "coticen por sus ingresos reales", confirmando una rebaja de la cuota para los trabajadores por cuenta propia con menores ingresos. Y, si la reforma no entrara en vigor antes de la subida del SMI, el Gobierno la desvincularía.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y el diputado de Ciudadanos José Manuel Villegas, en sesión de control al Gobierno . EFE/Juan Carlos Hidalgo

La subida de los impuestos y el impacto en la clase media

Es uno de los argumentos estrella de los conservadores: sostienen que estas cuentas suponen, en palabras de Teodoro García Egea, "una ofensiva" contra autónomos, clases medias, pymes y consumidores. El número dos del PP obvia que los impuestos suben, fundamentalmente, para las rentas más altas, pero el discurso oficial del PP excluye esta cuestión. "Lo que han hecho es subir todos los impuestos, un infierno fiscal", afirmó el miércoles el líder del PP, Pablo Casado, en la sesión de control al Gobierno, en el Congreso. Casado sabe perfectamente que no se suben "todos los impuestos", pero mantiene las consignas que comenzó a lanzar escasas horas después de que se conociera el acuerdo, sin que apenas transcurriera tiempo para estudiarlo.

Lo mismo en Ciudadanos. Rivera censuró el borrador argumentando que sube "los impuestos a la clase media trabajadora". De hecho, este mismo viernes confirmaba este planteamiento: "La 'podemización' de la economía es una mala noticia para las clases medias y la solvencia de España".

No obstante, Público ya hizo un análisis con expertos y los datos de la Agencia Tributaria, desmontando que el global de las medidas fiscales afecten negativamente a la clase trabajadora. Sólo el impuesto al diésel llegará indistintamente de la clase social, y supone un 11,8% del total de la recaudación planteada. El impuesto sobre Sociedades afectará a las grandes empresas, ya que el tipo mínimo del 15% sobre la base imponible será para los grupos que tributan en régimen de consolidación fiscal y las empresas no integradas en grupos cuyo importe neto sea igual o superior a 20 millones de euros. El impuesto a las digitales tampoco llegará a la clase trabajadora al afectar a las empresas que tengan ingresos anuales totales de más de 750 millones, y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.

Tampoco la subida del IRPF a rentas mayores de 130.000 euros cuadra con los augurios de la derecha. Según los datos de la Agencia Tributaria, el impuesto de la renta para aquellos que ganan más de 130.000 euros afectará a un 0,5% del total de contribuyentes españoles. Es decir, uno de cada 200. De hecho, en el tramo de IRPF de 60.000 a 150.000 euros tan solo hay 645.318 declarantes, mientras que en el tramo en el que más contribuyentes hay es el que afecta a las rentas comprendidas entre los 12.000 y los 21.000 euros.

La "ilegalidad" que nadie sabe concretar...

La sesión de control del miércoles también sirvió a Casado para colar el mensaje de que Sánchez ha enviado su proyecto de Presupuestos Generales del Estado a la Comisión Europea, "sin aprobar un techo de gasto en esta cámara, de forma ilegal".

Distintas fuentes de la dirección y veteranos diputados conservadores han evitado aclarar a posteriori si, como dijo el líder del partido en sede parlamentaria, aprecian indicios de ilegalidad en los presupuestos. El PP repite esta palabra en sus declaraciones públicas, pero sigue sin aportar argumentos. "Dijo ilegales, como podría haber dicho amorales", afirmó un dirigente del PP en los pasillos del Congreso, preguntado por las palabras de Casado. Y, cuando estas cuestiones se le dirigen al número dos del PP ante los micrófonos, García Egea prefiere irse por las ramas, volviendo al argumento de que el Ejecutivo "carece de legitimidad de origen", tras haber llegado a La Moncloa con los votos de los independentistas.

Rivera, en esta misma sesión plenaria, recriminó que el Gobierno planteara en las líneas maestras la senda de déficit del 1,8%, una senda que el Gobierno no consiguió aprobar en el Congreso. A las puertas del hemiciclo, Villegas también lo argumentaba: "Quien plantearía un problema al país sería el Gobierno si propone unos Presupuestos ilegales. Tiene que asumir el señor Sánchez que fue incapaz de aprobar la senda de déficit con el techo de gasto, ni sus actuales socios lo votaron. Vamos a esperar a ver qué hace el Gobierno pero esperemos que no cometa la ilegalidad de presentar unos presupuestos ilegales”, criticó el secretario general de Ciudadanos.

En la contra, el Gobierno asegura que los Presupuestos entrarán en el Congreso con el techo de gasto propuesto por el PSOE, y con la senda que en ese momento esté en vigor. Desde el Ejecutivo todavía intentan encontrar fórmulas para saltarse o modificar la capacidad de veto del Senado, frente a las trabas de PP y Cs. Llegado el caso, seguirán adelante con con la senda del Ejecutivo de Mariano Rajoy, algo que asumen como “compatible”: de las cinco décimas de diferencia, sólo una afecta a los Presupuestos.

...Y la supuesta inconstitucionalidad

El jueves, el número dos del PP dio un paso más, al tildar a los Presupestos de "inconstitucionales". El viernes, el portavoz en el Senado secundó esta idea, e incidió en la amenaza de llevar las cuentas ante el Tribunal Constitucional. "Tengo serias dudas de que lleguen aquí los Presupuestos, a pesar del pacto de la cárcel. Pero si llegan, el Grupo Parlamentario Popular los vetará y, si creemos que son inconstitucionales, los recurrirá", advirtió Cosidó, citando el artículo 135 de la Constitución para justificar sus argumentos.

Afirmó que la Carta Magna establece que primero hay que aprobar el techo de gasto, para después remitir a las cámaras los Presupuestos. "La senda se aprueba para tres años, y se entiende que no para cada año se tiene que modificar. La legislación tiene también previsto que incluso se pueda rechazar", recordó el miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El presidente del Partido Popular Pablo Casado, en sesión de control en el Congreso de los Diputados.- EFE/Juan Carlos Hidalgo

Los "negociadores" Iglesias-Junqueras y Zapatero-Otegi

“Usted manda a Zapatero a negociar con un terrorista como Otegi y a Pablo Iglesias a negociar con un golpista como Junqueras para sacar los Presupuestos". Con esta frase, el líder del PP incidía el miércoles en dos de los mantras más repetidos por la derecha, pese a haber sido desmentidos por Gobierno y Podemos. Mientras que Fernando Martínez-Maillo utilizó "el puto amo" para referirse a Iglesias ante la reunión de este viernes con Junqueras. También afirmó que es el "presidente vis" asegurando que "dirige la política y economía española" por encima de Sánchez.

En esta misma dirección, Villegas calificó el encuentro celebrado este viernes como un "drama" y "una humillación para la mayoría de ciudadanos españoles". Y este Rivera calificaba de "incidencia" el encuentro: "Un vis a vis para repartir indultos a cambio de presupuestos".

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celáa, aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que Iglesias "no es el delegado del Gobierno para nada"; es el mismo mensaje lanzado por el propio Sánchez, e incluso por Iglesias, pero eso no ha bastado para parar las acusaciones. Pero, lo que se conoce a día de hoy, es que el encuentro no ha terminado con ningún acuerdo sobre la mesa: tras la reunión, Joan Tardà ha asegurado que ERC no negociará los PGE hasta que el Gobierno haga un gesto respecto a los dirigentes encarcelados, mientras que Iglesias ha indicado en que es el momento de que el Gobierno "se mueva". 

El líder de Podemos, Pablo Iglesias , acompañado por la diputada de En Comú Podem en el Congreso, Lucía Martín, y el teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Asens, a su llegada a la prisión de Lledoners (Barcelona) para reunirse con el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras. EFE/Susanna Sáez

Por otro lado, el PP se ha servido de la misma técnica en lo que respecta al encuentro mantenido en septiembre entre el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi. Entonces, el acuerdo presupuestario estaba a un mes de fraguarse, y la propia Celaà ha defendido que el presidente del Gobierno no recibió noticias de esta reunión "ni antes" ni "después" de que se produjera esta reunión, pero el PP se mantiene en sus trece. Según García Egea, si "nadie ha desmentido" ni "desautorizado" esta acusación, es porque, sencillamente, es cierta. "El que calla otorga", afirmaba este lunes, en rueda de prensa.

El espantajo de Venezuela

"En pocos años estamos como en Venezuela, pasando hambre". El comentario del portavoz del PP en el Senado se solapaba con las advertencias de Casado sobre el carácter "suicida" de las cuentas públicas, y Cosidó ha seguido repitiendo este tipo de consignas, sin salirse de la línea. La competencia de elaborar un presupuesto corresponde al Ejecutivo, no a ningún partido con el que esté asociado, pero estas normas no parecen estar vigentes para una parte del PP.

Si Venezuela e Irán son países habitualmente utilizados por los conservadores para cargar contra Podemos, Cosidó riza el rizo con las cuentas públicas, pese a que el grueso de sus compañeros de filas no siguen su estela: acusa al Gobierno de ser "una marioneta" del partido morado, que "asesoró a Hugo Chávez en Venezuela", y que busca "aumentar la presión fiscal a las clases medias y a las empresas". Siguiendo este relato, el portavoz del PP en el Senado afirma que estas "estrategias claras de clientelismo político" ya "las hemos visto en Venezuela: llevan necesariamente a la quiebra del país".