Manolo Vázquez Montalbán decía que la mutación de los sistemas políticos se produce en función de la correlación de fuerzas, pero que en la Transición española lo que había operado era una "correlación de debilidades".

Eso se debía a que ningún actor político era lo suficientemente fuerte para imponerse a los demás. Para unos llegó el desencanto con una democracia que no había roto del todo con las estructuras de poder del franquismo y que no había avanzado suficientemente en la transformación social del país. Para otros, la adaptación al nuevo entorno institucional y a las posibilidades económicas de la integración de España en el club de las democracias liberales europeas.

Se han escrito muchos y muy buenos libros sobre este periodo histórico, pero yo quería recomendar cinco, que ofrecen puntos de vista complementarios:

En primer lugar, el décimo tomo de la colección coordinada por Josep Fontana sobre la Historia de España, titulado España en democracia, que abarca los años que van desde 1975 a 2011. 

En segundo lugar, un libro que explica los invariantes de todas las transformaciones políticas: las estructuras de poder. Historia del poder político en España, de José Luis Villacañas.

En tercer lugar, una crónica de la transición de la mano de una de las plumas más afiladas [y con más mala uva] del periodismo español: El precio de la Transición, de Gregorio Morán.

En cuarto lugar, una lectura para entender cómo transitaron ideológicamente los partidos de la izquierda: El PCE y el PSOE en la Transición, de Juan Andrade.

Y por último, un libro que explica la Transición como la reacción de las élites ante las demandas democratizadoras de las calles: Por qué fracasó la democracia en España, de Emmanuel Rodríguez.

Pues este lunes quería que analizáramos los principales pilares sobre los que se sustenta el régimen político surgido de la Transición.

El primer pilar es la monarquía. Dos días después de la muerte de Franco, Juan Carlos de Borbón, [que había sido designado por el caudillo como su sucesor a título de rey], fue proclamado monarca ante las cortes franquistas.

Más adelante, Adolfo Suárez, se encargó de blindar legislativamente la monarquía como forma de Estado, en su Ley para la Reforma política. Frente a las demandas sociales y a las presiones extranjeras que había para que se llevara a cabo una consulta sobre la forma de Estado, Suárez decidió unilateralmente introducir la figura del rey en el texto legislativo, algo que asumiría también la Constitución de 1978.

Sí, de hecho, esto es algo que Suárez confesó a la cronista de la historia oficial de la Transición, Victoria Prego, off the record. 

Además de la monarquía como forma de Estado, durante la Transición también se definió la ordenación territorial de España. La cuestión territorial fue uno de los principales puntos de fricción a la hora de redactar la Constitución, y en el artículo 2 del Título Preliminar se afirmaba "la indisoluble unidad de la Nación española" al tiempo que se reconocía "el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran".

Durante la Transición se definió también una Ley Electoral que buscaba mitigar la representación de las fuerzas transformadoras en las instituciones. El 18 de marzo de 1977 el gobierno de Suárez promulgó una ley para regular las primeras elecciones democráticas tras la dictadura franquista, previstas para el mes de junio. La ley establecía la provincia como circunscripción, de manera que favorecía a los territorios menos poblados que votaban más a la derecha respecto a los más poblados generalmente progresistas.   

Otro de los pilares sobre el que se asienta el sistema político surgido de la Transición es el olvido y la impunidad. En esa correlación de debilidades que decía Montalbán, la izquierda renunció a toda forma de justicia transicional. Es decir, se renunció a exigir responsabilidades a los represores del franquismo o depurar los cuerpos policiales, el ejército o la administración del Estado.

La Ley de Amnistía, que sirvió para liberar de las cárceles a todos los presos políticos del franquismo, también fue utilizada para que los responsables de la represión de la dictadura salieran indemnes. La Ley de Memoria Democrática, [en vigor desde el pasado mes de octubre], no deroga la Ley de Amnistía [que es el principal impedimento para que se haga justicia a día de hoy], pero gracias a una enmienda de Unidas Podemos y PSOE, a partir de ahora la Ley de Amnistía tendrá que ser interpretada conforme al derecho internacional. Es decir, los crímenes de guerra y lesa humanidad no podrán ser amnistiados.

Otra ley aprobada durante la Transición que ha contribuido a perpetuar el olvido es la Ley de Secretos Oficiales. A día de hoy, esta ley impide desclasificar documentos oficiales, independientemente del tiempo transcurrido. Esto es algo que podría cambiar pronto, el pasado mes de agosto el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley, impulsado por el PSOE, para acabar con este bloqueo. Pero fija un mínimo de 50 años a la hora de desclasificar información. Es decir, que todas las informaciones relativas por ejemplo a los GAL tendrían que esperar 20 años más para que puedan hacerse públicas.

Un dato más. Sólo en 1977, la policía cargó contra casi 800 manifestaciones en España, el 76% del total. Había que controlar la calle, desde la muerte de Franco se habían incrementado los paros estudiantiles, las huelgas sindicales, las movilizaciones políticas por la libertad y la amnistía, las luchas vecinales, las reivindicaciones de autonomía de las nacionalidades históricas, y los incipientes movimientos feminista, ecologista y pacifista.

Este pacto social en favor de las élites posibilitó además una serie de continuidades en las estructuras de poder. En primer lugar, esto se ve en la pervivencia de las grandes fortunas de nuestro país, que sobrevivieron a todas las crisis políticas y económicas. Resulta significativo que los apellidos de las personas más ricas sean los mismos en dictadura que en democracia. Es el caso de los March, los Entrecanales, los Villar Mir, los Benjumea, los Botín, los Oriol o los Koplowitz.

Todas ellas son familias que pasaron de enriquecerse durante el franquismo a integrar los consejos de administración del Ibex 35. La Iglesia católica tampoco perdió poder con la transición a la democracia. Aunque la Constitución reconoce la separación de Iglesia y Estado, lo cierto es que la Iglesia ha conservado un gran número de privilegios, sobre todo en materias como el mantenimiento a cargo del Estado del clero, la financiación de la Iglesia vía impuestos o los conciertos disfrutados por los centros educativos de la Iglesia.