Cuando todo parecía estar cerca, todo estalló por los aires una vez más. Al menos de momento. El PP, mediante un comunicado, ha anunciado que las conversaciones sobre el Consejo General del Poder Judicial "quedan suspendidas". La justificación esta vez tiene que ver con la reforma del delito de sedición a la que se abre el Gobierno. 

Según los populares, Alberto Núñez Feijóo llamó este jueves por la tarde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El líder del PP le trasladó su "extrañeza ante el cambio de posición del PSOE en lo relativo a la reforma del Código Penal para rebajar las penas del delito de sedición", según el comunicado. "El PSOE había trasladado que no estaba en sus planes acometer esa modificación", añade el texto. 

El comunicado destaca que el Feijóo le ha ofrecido a Sánchez "abordar juntos
cualquier reforma del Código Penal que afecte a los delitos de rebelión, sedición, así como la tipificación de delito de la convocatoria de un referéndum ilegal, tal y como el propio presidente Sánchez prometió a los españoles cuando se presentó a las últimas elecciones". Según los populares, el Gobierno tiene que decidir si quiere "avanzar" con ellos o "seguir de la mano de partidos que buscan debilitar el Estado de derecho y romper la unidad constitucional". 

El PSOE le acusa de ceder ante la derecha más reaccionaria

La respuesta de los socialistas no se ha hecho esperar. En un comunicado, el PSOE critica que Feijóo use "una nueva excusa para bloquear la renovación del CGPJ, rompiendo así la negociación e incumpliendo con la Constitución una vez más". "Feijóo demuestra una absoluta falta de autonomía política al no
resistir las presiones de la derecha más reaccionaria que, en todo momento, ha
estado boicoteando esta negociación para que no llegara a buen puerto", añade el texto. 

Para el PSOE, el cumplimiento de la Constitución "no admite condiciones ni chantajes". "La agenda legislativa del Gobierno no ha sido modificada en ningún momento a lo largo de la legislatura ni tampoco durante la negociación de las últimas semanas", destacan sobre el delito de sedición, sin mencionarlo. "Y, desde luego, no puede ser objeto de intercambio con el obligado cumplimiento de la Constitución Española", concluye el texto. Desde Moncloa consideran que al dirigente gallego "le han temblado las piernas" porque "el acuerdo estaba hecho". 

Feijóo se despertó este jueves viendo el acuerdo para el CGPJ "muy cerca" y se acuesta viéndolo más lejos. Es el resumen que hacían antes del comunicado desde Génova del último episodio del tira y afloja entre el Gobierno y el PP en el que se ha convertido la renovación del Consejo General del Poder Judicial protagonizado esta vez por la reforma del delito de sedición, un compromiso conocido de Moncloa que ha impactado en el tramo final de las negociaciones del CGPJ.

Tanto han retrasado socialistas y populares la renovación del CGPJ que "la última oportunidad" para hacerlo, como la definen las dos partes, ha coincidido con el inicio de otra negociación fundamental para el Gobierno: la de los Presupuestos. Y esto ha devuelto al debate público la reforma del delito de sedición, una promesa de investidura de Pedro Sánchez con la que amarró los apoyos de ERC. 

La llama se prendió hace una semana cuando el Presidente aseguró desde Bruselas que, "si existe una mayoría parlamentaria para la reforma", se cumpliría con el compromiso de cambiar el delito de sedición. Félix Bolaños como representante del Gobierno y Esteban González Pons como interlocutor del PP negociaban en ese momento- "aislados del ruido", dicen fuentes populares- las líneas maestras del acuerdo para renovar el Consejo. 

Sánchez dice 'sí' y Feijóo dice 'no'

Y en un primer momento parecía que así iba a ser hasta el final, porque desde la dirección del PP se transmitía que iban a desligar por completo la reforma del delito de sedición de la negociación para el CGPJ. Eso sí, señalaban al Gobierno por lo que consideraban un intento de dinamitar el acuerdo al "sacar" un tema en el que chocan frontalmente. La voluntad del Ejecutivo y de sus socios es reducir las penas y la del PP agravarlas.

Así se llegó a este jueves, con el elefante en la habitación de la sedición presente pero dándose casi por sentado el acuerdo para el CGPJ. Hasta que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, intervino en el debate presupuestario del Congreso y, aunque sin mencionar el delito de sedición, aseguró que "traeremos a esta Cámara (...) la voluntad del Gobierno de homologar a los estándares europeos la calificación de determinados delitos en nuestro país". 

Unas palabras que incomodaron mucho al PP, reconocen fuentes de Génova. Tanto que, según público el diario La Vanguardia a los pocos minutos, los populares enviaron un mensaje al Gobierno advirtiendo que si reforma el delito de sedición romperían el pacto del Poder Judicial. Preguntados por este periódico, en el PP no niegan que ese mensaje existiese.

Y poco después, Montero, tuvo que matizar en los pasillos las palabras que lanzó desde la tribuna del Congreso sobre el delito de sedición. "Si se ha interpretado por mis palabras que estaba dando un paso más, para nada", afirmó. Y recordó que no había mayorías suficientes, un argumento con el que realmente Moncloa se dirige a ERC.

El PP señala al Gobierno

Pero lo que más cabreó a los de Núñez Feijóo fue que el presidente del Gobierno diese el acuerdo por cerrado. Mientras el PP se revolvía por la intervención de Montero, Sánchez dijo desde Kenia que el pacto "está listo y preparado" y "solo falta la voluntad política", volviendo a trasladar la presión al PP tras dos semanas de relativa calma en las declaraciones. Esto cayó como un jarro de agua fría en Génova y a las pocas horas fuentes populares negaban a Sánchez: "No es cierto que la solución esté cerrada".

Por su parte, el Gobierno se había afanado, con Sánchez a la cabeza, de desligar su "agenda legislativa" de las "obligaciones constitucionales". Es decir, que nada tiene que ver la posible reforma del delito de sedición con el desbloqueo del CGPJ y el TC. "Es legítimo", dijo Sánchez, que se discrepen de las normas del Ejecutivo. "Otra cosa es el cumplimiento estricto de la Constitución Española, sobre todo de los partidos que se dicen de Estado", añadió.

La estrategia de Moncloa de discreción y prudencia parecía seguir intacta este jueves tras todo el revuelo creado. O precisamente por eso mismo. Varias fuentes consultadas en el Gobierno seguían ese camino al tiempo que insistían en que el acuerdo estaba cerca. Más que nunca, creían ellos. Pero también estuvo así de cerca en las anteriores negociaciones que se terminaron de romper en los últimos momentos. Otras voces socialistas anticipaban una nueva "excusa". Bolaños le entregó al comisario europeo de Justicia un documento con 19 de esas excusas. Ahora ya van 20. 

En toda esta maraña cruzada se mezclaba también el nombre de Vicky Rosell, apuesta firme de Podemos y que está generando revuelo tanto a nivel interno como externo. Los socialistas habían pactado con los populares una serie de medidas sobre el sistema judicial para acotar el que jueces que asuman cargos políticos tendrán que esperar, una vez finalizada esta responsabilidad, dos años sin ejercer y dictar sentencias. Pero todo vuelve a estar en el aire.