El PP resiste ante la exigencia de Vox con el reparto de menores migrantes aunque no descarta que Abascal cumpla su amenaza

No puede decirse que la relación entre Partido Popular y Vox, socios de gobierno en cinco comunidades autónomas y cientos de ayuntamientos, haya sido estable nunca. Los tira y afloja son la norma. Unas veces es el PP quien eleva el tono contra la extrema derecha buscando un giro moderado y otras son los de Santiago Abascal quienes fuerzan la bronca para marcar distancias con el "pez grande" que busca comérselos. Por eso, el PP apenas prestó atención a la amenaza que Abascal lanzó hace casi dos semanas cuando ya avisó al PP de que "los gobiernos del cambio" estaban "amenazados por el intento de repartir inmigrantes ilegales en todas esas comunidades".

"Que rompan", contestaban entonces fuentes de la cúpula de Génova, despreciando el órdago de la extrema derecha. Pero el día en el que los consejeros autonómicos se reunirán con el Gobierno para tratar de llegar a un punto en común sobre la reubicación de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias se acerca, el PP da signos de estar dispuesto a aceptar una solución intermedia que dé una salida humanitaria a los menores y Abascal ha redoblado la amenaza. "Se considerarán rotos todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de menas", aseguró este lunes el presidente de Vox.

Pocos minutos después, era Alberto Núñez Feijóo quien le contestaba. "Las comunidades pondrán a disposición su capacidad para atender a los menores", dijo el líder de la oposición ignorando las palabras de Abascal. El PP parece dispuesto a resistir la presión de la extrema derecha y así lo transmiten a Público hasta tres barones del partido que gobiernan con Vox. "Vamos a sentarnos con el Gobierno y a dialogar sobre la situación de estos niños", traslada uno de ellos aun después de haber escuchado al presidente de Vox decir que esto sería motivo de ruptura "inmediatamente".

Las fuentes consultadas por este medio reconocen que la extrema derecha les ha lanzado un "órdago" y dan credibilidad, esta vez sí, a la amenaza de Abascal. "Puede salirse del gobierno, pero eso no nos obliga a convocar elecciones", trasladan fuentes del PP en Castilla y León. Los populares no descartan que en Vox estén haciendo cálculos de cara a las próximas elecciones en esta comunidad —las últimas fueron en febrero de 2022—y calibren que sea mejor salir del Ejecutivo y hacer oposición a Alfonso Fernández Mañueco.

Otros dirigentes del partido sostienen, en conversación con Público, que Abascal encontrará fuertes resistencias en sus territorios si ordena romper con el PP y que terminará por encontrar algún argumento para justificar que no rompe ningún gobierno. Vox ya amenazó con lo mismo al PP si tramitaban la ley de amnistía en el Senado y sus acuerdos de Gobierno siguen intactos.

Con todo, desde los territorios del PP aseguran que el tono empleado por el presidente de Vox este lunes ha sembrado el nerviosismo en los parlamentos autonómicos y que no parece una "salida de tono más". "El PP les ha comido todos los temas de debate y la inmigración es el último que les queda", reflexiona un barón autonómico.

Y, de nuevo, vuelven a referirse a la "pinza" entre PSOE y Vox. Los socialistas presionan a Feijóo para que pacte la reforma de la Ley de Extranjería y la extrema derecha para que no acepte ni siquiera dar una salida humanitaria a los seis mil niños que se encuentran en Canarias.

En este contexto, el presidente del PP, que en un principio garantizó la "solidaridad" sin matices de sus gobiernos autonómicos, ha constatado que hay regiones del PP que se oponen a formar parte de un acuerdo que les fuerce a acoger a más menores no acompañados de los que ya que albergan porque aseguran tener sus capacidades "al 200%". Andalucía, Murcia y País Valencià —las tres que también son puerta de entrada por el Mediterráneo– son quienes más problemas presentarían en este sentido.

Tanto desde la dirección nacional del partido como desde los gobiernos autonómicos, el mensaje que sale es el de la predisposición a encontrar una solución para los menores que están en Canarias en una situación de urgencia humanitaria. "El problema no es ese", decían ya desde la cúpula de Feijóo hace días. Pero lo que el PP quiere es que se pacte una reubicación en función de las capacidades de cada región, que no se plasme la obligatoriedad de acogida en la Ley de Extranjería —es decir, que no se reforme la norma— y que el Gobierno les de una mayor financiación por los menores que acojan.

Posibilidades de acuerdo

La propuesta del Ejecutivo que está sobre la mesa pasa por cambiar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para obligar a las comunidades autónomas a acoger a menores extranjeros no acompañados cuando un territorio de llegada o acogida —como lo es Canarias— supere el 150% de su capacidad. Se debatirá este miércoles en la conferencia sectorial que se celebra en Tenerife, pero el Gobierno traslada que quiere hacerlo de la mano porque gobiernen 12 de las 15 autonomías y su aplicación dependerá de ellos.

En el PP creen que "habrá un acuerdo", que "puede haberlo" o que "es posible", y así lo transmiten tres presidentes del partido, para la reubicación de los menores, pero, como adelantó El Periódico de España, en ningún caso se ven acordando una reforma de la Ley de Extranjería. "Que (el Gobierno) hable con los grupos como habló para la ley de amnistía", remachan fuentes del partido conservador. Pero el Gobierno no puede contar con Junts para esto.