Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza con el PP, encarna algunas de las más evidentes contradicciones de la política española: la de los veteranos que se reencarnan en renovadores, que le permite llegar este domingo a la presidencia regional del partido con esa aureola cuando hace ya más de veinte años que obtuvo su primer acta de concejal, y aquel ‘juego de principios’ que evoca el marxismo de Groucho para justificar la llegada al poder mediante lo que antes, cuando el mantra rezaba que debía gobernar la lista más votada, se demonizaba como ‘pactos de perdedores’ cuando nunca fueron más que simples coaliciones o alianzas.

Azcón, que en junio de 2019 se convirtió en el alcalde democrático de Zaragoza con menor apoyo en cada uno de los tres baremos que lo miden (8 concejales, 71.818 votos y un 21,6% de los sufragios) gracias al apoyo de Vox y a que Albert Rivera ordenó volar los puentes con el PSOE a su grupo municipal, será elegido este domingo presidente del PP aragonés en un congreso exprés de solo unas horas al que, manteniendo una de las tradiciones de la formación, llega como candidato sin rival y con la bendición de Génova.

La dirección de Casado, que tuvo en Aragón uno de los pocos territorios afines en la ronda inicial de las primarias que le llevaron al poder en 2018, confía en Azcón para relanzar el partido, una tarea para nada menor, ya que el PP, aunque gobierna en tres de las cuatro principales ciudades de la comunidad (Zaragoza, Teruel y Calatayud) y en varias cabeceras de comarca, se encuentra en el nivel más bajo de su historia a nivel autonómico tras perder casi la mitad de su representación en ocho años en una cámara autonómica, la más plural del país junto a la balear, en la que pasó de gobernar con 30 escaños con Luisa Fernanda Rudi en 2011 a quedarse en 2019 con los 16 del saliente Luis María Beamonte.

Solo el predecesor del PP, la postfranquista AP, obtuvo un resultado menos lustroso al quedarse en trece actas en 1987, cuando en las Cortes solo había cinco grupos, Chunta comenzaba a andar, Podemos, Ciudadanos y Vox no eran ni proyectos y ninguna existencia turolense inquietaba a nadie en términos electorales, según recoge el blog HistoriaElectoral, que arroja una situación menos catastrófica para los conservadores en el ayuntamiento de la capital, donde los ocho concejales de Azcón, segundo grupo tras los diez del PSOE de la ahora ministra de Educación Pilar Alegría, solo mejoran los siete con los que el partido debutó en 1991.

Esos ocho concejales son, también, solo uno más de la mitad que ocho años antes, en 2011, había obtenido Eloy Suárez, que se quedó con quince a un paso de la alcaldía tras ser el tercer candidato más votado en la historia de la ciudad con 131.350 votos, una marca solo superada por el socialista Ramón Sáinz de Varanda (136.762 en 1987) y la popular Luisa Fernanda Rudi (155.206 en 1995).

El ensayo para el conflicto madrileño de los conservadores

Casado tiene mucho interés en que el proyecto de Azcón, con quien comparte amigos como el diputado Pedro Navarro, funcione. De hecho, se trata del ensayo previo del plan con el que pretende controlar el PP madrileño, un objetivo que ha desatado una guerra entre Génova y la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que está lastrando las expectativas electorales de los conservadores.

La maniobra que planea la dirección de Casado y Teodoro García Egea consiste en aupar a la dirección autonómica del partido a un cargo público que inicialmente no compite en ese ámbito, normalmente un alcalde como Azcón en Aragón o la santanderina Gema Igual en Cantabria, aunque eso no quiere decir, para nada, que no vaya a acabar haciéndolo a posteriori tras ordenar su sucesión en la candidatura municipal y desbancar a quien encabezó la lista en 2019.

Eso, que se da por hecho en Aragón, lleva camino de provocar un cataclismo en Madrid, donde el alejamiento entre la Puerta del Sol y Génova parece ya, si no imposible, sí muy difícil de reconducir sin perjuicios graves para Casado y/o Ayuso.

No obstante, según explicaron fuentes del PP, de la programación inicial del congreso, previsto para jornada y media y recortado hace cuatro días a la mañana del domingo, se ha caído un acto que entraba de lleno en esa estrategia como era una mesa de alcaldes que iba a moderar el madrileño José Luis Martínez Almeida y en la que iban a participar, entre otros, el cordobés José María Bellido y el alicantino Luis Barcala.

Los negocios de la familia y los lazos contra la ‘ley Celáa’

Azcón jugó siempre en segundas líneas hasta mediados de la legislatura pasada, cuando Eloy Suárez, que encadenaba cinco convocatorias como el más votado para el Congreso y para el Ayuntamiento, optó por la primera de esas instituciones.

Dos años después era alcalde, con un alborotado arranque que incluyó disparar el gasto en asesores, el fin de los presupuestos participativos y también de las huertas ecológicas, episodios llamativos como el de las clases de inglés en el despacho con cargo parcial al Comité de las Regiones, guiños a Vox en asuntos como el tratamiento de la violencia machista y un aumento desconocido en el coste de las luces navideñas.

A esos asuntos se les suman otros que generaron tormentas políticas de intensidad, como el cargo al ayuntamiento desde Alcaldía de un gasto de calderilla (7,25 euros) para comprar lazos para una protesta contra la ‘ley Celáa’ y el escándalo provocado por el voto del alcalde a favor de dos operaciones urbanísticas en las que tenían intereses varios familiares directos.

La gestión de Azcón, cuya tendencia a la ubicuidad mediática con foto oficial durante el confinamiento llegó a provocar algún amago de tensión entre sus colaboradores, algunos de los cuales la consideraban excesiva, está siendo puesta en entredicho por algunos tribunales, entre ellos el de Cuentas a raíz de la pandemia.

Un tribunal frena la mayor contrata de la etapa de Azcón

También del TACPA, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, han salido malas noticias para el equipo de gobierno de Azcón, caso de la suspensión de los trámites de licitación de la contrata de la recogida de basura y la limpieza viaria, la de mayor cuantía de las impulsadas por ese equipo al estar valorada en 743 millones de euros, tras advertir la instructora indicios de las irregularidades denunciadas por la portavoz municipal del PSOE, Lola Ranera.

Ese mismo tribunal ha dejado en el aire la adjudicación del mantenimiento de las instalaciones del auditorio, en este caso tras el recurso presentado por una constructora como Ferrovial, algo no muy usual en esa institución.

Por su parte, el Informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre los contratos de emergencia aprobados al socaire de la crisis sanitaria revela, en primer lugar, un aumento del 124% en número y del 68% en importe en el uso de esa modalidad en 2020 frente a 2019, año en que ZeC (Zaragoza en Común) gobernó hasta mediados de junio.

Entre ellos hay dos por valor de algo más de un millón de euros que "no han sido remitidos a través de la plataforma de rendición de cuentas de las entidades locales a pesar de superar las cuantías establecidas" y tres de obras en colegios en los que la declaración de emergencia "carece de cobertura legal" porque "no guardaban ninguna relación con la situación sanitaria causada por el Covid-19, ni con ninguna situación derivada de acontecimientos catastróficos, o que suponga grave peligro".

El informe recoge otras irregularidades como el "abono a cuenta del 50% del precio sin exigencia de garantía y sin que se dejase constancia en el expediente de la justificación de la no exigencia de garantía" en la compra de 40 kits de pruebas rápidas de detección de anticuerpos, el pago de IVA del 21% en "algunos contratos" de "prestaciones exentas" de ese impuesto y el hecho de que "en ninguno de los contratos examinados celebrados por los Ayuntamientos de Zaragoza y Murcia se constata la acreditación ni de la capacidad ni de la solvencia de la empresa adjudicataria".