El PP logra a través del Constitucional dejar en el limbo el Pleno del Congreso sobre la reforma del CGPJ y la sedición

El debate y la votación de la proposición de ley que suprime el delito de sedición y modifica el de malversación, entre otras cuestiones que no solo afectan al Código Penal, previsto para este jueves en un pleno extraordinario, ha entrado en un escenario incierto a menos de 24 horas de que se lleve a cabo en el Congreso.

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El transcurso de los hechos depende de la decisión que adopte este jueves por la mañana el Tribunal Constitucional. Su presidente, Pedro González-Trevijano, ha convocado de forma urgente un Pleno para decidir si admite el recurso de amparo del PP en el que solicita que se paralice el proceso legislativo del Gobierno para desbloquear la renovación del propio tribunal.

Cabe destacar que esta medida está incluida dentro del cóctel de reformas resultante de la proposición de ley impulsada por PSOE y Unidas Podemos. Y es que, tras una tramitación en tiempo récord, el texto inicial presentado el pasado 11 de noviembre ha pasado de estar copado por la derogación del delito de sedición a añadir otros elementos de calado, como la reforma de la malversación, la creación de un nuevo delito de enriquecimiento ilícito de cargos públicos, y la rebaja de las mayorías en el CGPJ para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional.

Esta última medida fue incluida vía enmienda a propuesta también de los partidos que sostienen el Ejecutivo ante el "intolerable" incumplimiento de la ley en el que incurren los miembros conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para acabar con la crisis institucional, PSOE y Unidas Podemos plantearon rebajar la mayoría de tres quintos a mayoría simple en la elección de los dos magistrados del Constitucional que corresponde al Poder Judicial, cuyo órgano lleva cuatro años con el mandato caducado.

Asimismo, por medio otra corrección, se modifica la Ley del Tribunal Constitucional para eliminar la potestad que ostenta ahora el tribunal de garantías de dar el plácet sobre la idoneidad de los nuevos magistrados. En este sentido, la corrección abre también la posibilidad al Ejecutivo de nombrar a sus dos magistrados sin esperar a que lo haga el órgano de gobierno de los jueces, una situación que se está dando en estos momentos. 

Estas son las dos correcciones que el PP ha impugnado e incluso ha pedido al tribunal de garantías adoptar medidas cautelarísimas para paralizar los cambios contemplados en la reforma ómnibus. El Pleno del Constitucional tendrá que resolver sobre la admisión a trámite del recurso de amparo y, en su caso, sobre las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP toda vez que la ponencia corresponde al magistrado conservador Enrique Arnaldo, designado por el Congreso a propuesta de los populares.

Desde la Presidencia de la Cámara Baja llaman a "esperar" primero a conocer la decisión del tribunal de garantías, pero lo cierto es que, a estas alturas, se abren muchos interrogantes a colación de esta patata caliente que el PP ha pasado al Constitucional.

En medio de este escenario de incertidumbre, fuentes parlamentarias sostienen que se abren cinco posibles escenarios. Esto es, que el TC no admita el recurso y que, aunque sí lo haga, no prosperen las medidas cautelarísimas. En caso de que sí prosperen, se puede producir que sólo afecten a las dos enmiendas a las que hace referencia el recursos o, incluso, a la ley en su conjunto. Y, en última instancia, si no se adopta una decisión y esta se pospone, que no se llegue a producir ninguna votación. Todas las hipótesis están abiertas ante una nueva situación anómala en el Congreso.