"Limitar" los aforamientos va en el programa del PP, pero los conservadores se niegan a aclarar si apoyarán la reforma anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para acabar con estos blindajes, que mantienen más de 2.200 cargos públicos en toda España.

El secretario general de los conservadores, Teodoro García Egea, ha evitado aclarar este lunes si su formación apoyaría la reforma que hoy ha anunciado el líder del Ejecutivo, y ha insistido en que esperarán a que concrete sus planteamientos antes de pronunciarse.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección de su partido, García Egea ha interpretado esta propuesta como una concesión del Gobierno a las formaciones independentistas catalanas, siguiendo con la doctrina de los "pactos ocultos", muy utilizada por el PP. Así, y pese a que reformar los aforamientos que recoge la Constitución no afectaría a los políticos catalanes pendientes de juicio, el número dos del PP afirma que este anuncio obedece a que "Sánchez quiere que los golpistas escapen cuanto antes del Supremo". "Está claro que no quiere que Llarena siga juzgando a Puigdemont y otros golpistas. Les juzgaría un juez ordinario", apostillaba.

Cambiando de tercio, el secretario general del PP también se ha referido a este anuncio como una "cortina de humo", así como "un duro golpe" contra la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, que en varias ocasiones se ha negado a eliminar los aforamientos en esta comunidad. García Egea ha insistido en que esta supresión también debería afectar a Díaz, a pesar de que Sánchez en ningún momento ha hablado de excluirla: "Si supone dejar fuera a Susana Díaz, no", insistía.

Fuentes del PP aclaran que estarían dispuestos a apoyar una reforma para limitar los aforamientos, pero siempre que afecte "a todos" los aforados, también a los autonómicos, y dejando fuera de la ecuación al rey y al poder judicial. Y, aunque el discurso oficial no haga mención a esta cuestión, en privado los conservadores afirman que la propuesta es un torpedo a la línea de flotación de Pablo Casado, que en los próximos días podría ser imputado por el caso de su máster.

De hecho, interpretan que la razón de ser de esta iniciativa es exactamente atacar a Casado en un momento difícil para el Ejecutivo, debilitado por la dimisión de la ministra Carmen Montón por el escándalo de su propio máster en la URJC, y por las "dudas" sobre la tesis de Sánchez.

Precisamente, y tras días de presión al presidente del Gobierno para que hiciera público este documento-que ya podía ser consultado en la Universidad Camilo José Cela-, el PP sigue rechazando mostrar los trabajos que permitieron a Casado superar su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Lo hace mientras exige a Sánchez que explique "pormenorizadamente" todas las publicaciones sobre su tesis, y escudándose en que el caso está judicializado.