Caso GürtelEl inspector jefe de la Gürtel denuncia las trabas de la cúpula policial para investigar al PP

El inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que dirigió la investigación de Gürtel, Manuel Morocho, destacó ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que en enero de 2015 le trasladaron durante un año y medio a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) para que realizara una labor de apoyo y que tuvo la impresión de que ello se hizo para que no avanzara en la investigación sobre la red corrupta liderada por Francisco Correa.

Según explicó durante su declaración como testigo en el marco de la pieza Kitchen del conocido como caso Villarejo, el 21 de febrero de 2019, a cuyo audio ha tenido acceso Europa Press, el periodo comprendido entre 2013 y 2015 fue uno de los más "convulsos", de "carga de trabajo muy elevada" para la unidad de investigación de la que era responsable porque estaba analizando la información remitida desde Suiza -"en francés, inglés y alemán", recalcó- para elaborar los informes que plasmaran "los elementos indiciarios de la estructura financiera que tenía Luis Bárcenas (extesorero del PP) en Suiza".

Durante su declaración, Morocho constató que, aunque siempre ha estado destinado en la UDEF, "durante año y medio hubo un impás" y pasó a estar adscrito a la DAO que dirigía entonces Eugenio Pino, nombrado en el cargo por el ministro del PP Fernández Díaz. A preguntas del fiscal sobre si interpretó este traslado como una forma de "apartarle" de la investigación sobre la trama Gürtel, el inspector precisó que continuó "siendo el responsable de la unidad judicial" y por tanto "monotorizando y dirigiendo la investigación".

La investigación decayó

Aún así, afirmó que su "primera impresión" fue que le querían "quitar" de la UDEF para que no pudiera seguir desarrollando su "actividad normal". "Eso es un hecho puesto que el tiempo que estuve allí (en la DAO), a pesar de que intenté compatibilizar ambas cosas, al final lo que generó es que el procedimiento fuera decayendo y se generaron retrasos en la elaboración de informes que se iban acumulando en el tiempo", remachó.

Le querían "quitar" de la UDEF para que no pudiera seguir desarrollando su "actividad normal"

Morocho señaló que el motivo que le dieron para justificar su adscripción a la DAO era su experiencia en investigaciones en materia financiera, "pero la consecuencia es que se resintió mi labor de dirección en el procedimiento Gürtel".

El inspector de la UDEF confirmó en agosto de 2015 sus sospechas de que la DAO estaba realizando una investigación paralela "secreta" sobre Bárcenas, ya que recibió un correo electrónico con información sobre el extesorero del PP que era "coincidente" con Gürtel, según indicó durante su comparecencia.

Se trataba de un documento con información "parcial, inconexa, descontextualizada" que se introducía en una base de datos cuando ya se había cerrado la investigación sobre personas, identidades, domicilios, locales y vehículos relacionados con las actividades de Bárcenas, apostilló.

No obstante, Morocho, que aseguró que nunca comentó nada de la Gürtel con nadie de la DAO ni le consta que algún superior lo hubiese hecho, subrayó que dicha información no era novedosa para la UDEF porque ya constaba en informes que se habían elaborado y entregado al juez en 2009.

En este sentido, apuntó que en ninguna ocasión por esas fechas, ni siquiera en 2013 cuando sus jefes comentaron la posibilidad, solicitó al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 que dirige el caso Gürtel que ordenara alguna medida "limitativa de derechos fundamentales" como puede ser la entrada y registro o la intervención telefónica.

Informe sobre Villarejo

Por otro lado, Morocho explicó al juez cuál fue su función durante el periodo que estuvo adscrito a la Dirección Adjunta Operativa --entre el 27 de enero de 2015 hasta el 11 de agosto de 2016-- y incidió en que en varias veces realizó informes con conclusiones que no llegaron a recibir el visto bueno.

Una de esas ocasiones fue el análisis de una operativa de las actividades del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo en el marco de una investigación judicial y el expediente sobre la compatibilidad de las actividades económicas de Villarejo como funcionario público.

Tras analizar el documento remitido por la unidad de inteligencia financiera Sepblac, Morocho concluyó que la operativa del comisario jubilado podría ser indiciaria de blanqueo de capitales, por lo que se lo hizo saber a su superior, el inspector José Ángel Fuentes Gago, quien le comentó que se trataban de "sociedades que se habían creado en una etapa política anterior, vinculadas a una dinámica de lucha contra ETA".

Un informe "escaso"

Por otro lado, Fuentes Gago, en su declaración ante el juez, y después de un intenso interrogatorio del fiscal y del propio García Castellón, reconoció que el informe que le encargó redactar el entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, para determinar si las actividades empresariales de Villarejo eran compatibles con sus funciones policiales tenía prácticamente como únicas fuentes la información que le facilitaron el propio Cosidó y Villarejo.

Según él, la sospechas sobre la actividad profesional del excomisario surgieron a raíz de una información periodística en la que se detallaba el emporio empresarial de Villarejo, tras lo cual este mismo aportó una serie de documentación con su currículum y posteriormente Cosidó le encomendó elaborar un informe a modo de "información reservada" sobre el asunto.

El exinspector explicó que el director general de la Policía se lo ordenó a él y no a Pino, como habría sido natural, porque este último "se quitó de en medio" debido al "terrible contencioso" que había surgido entre el entonces jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, y Villarejo, por el cual el exDAO había pedido el cese de los dos. "Yo no quiero saber nada", le habría dicho Pino.

Tanto el fiscal como el juez le reprocharon a Fuentes Gago que se trata de un informe "escaso", a lo que el exinspector respondió que solo tuvo dos semanas para hacerlo porque tenía que estar listo para unas comparecencias que el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y Cosidó tenían en Congreso y Senado. Hasta Pino, según relató, le notó "compungido" por las prisas.

Por ello, se limitó a intentar determinar únicamente si Villarejo obtenía dinero con la actividad de esas empresas o si solo le servían para gestionar su patrimonio, dado que en el primer caso sí podía dar lugar a un expediente disciplinario pero en el segundo no. Así, confesó que no investigó el objeto social de las compañías y que ni siquiera tuvo la curiosidad de buscarlas en Internet. Pese a ello, hizo una "recomendación" indicando que no había incompatibilidades.

Fuentes Gago, a insistencia de sus interrogadores, reconoció que las únicas fuentes de las que se valió para hacer ese informe eran la noticia de prensa, los dos escritos aportados por Villarejo y "alguna conversación más con el director general". "Yo le dije que si la actividad del señor Villarejo estaba acorde y me dijo que sí, que tiene unas funciones que cumple, y ya está", declaró.

El ex inspector señaló que no le preocupó que el informe fuera vago porque se trataba solo de una "actuación previa" que en todo caso debía ser confirmada o desechada por Cosidó al tomar la decisión de si abría un expediente sancionador a Villarejo y porque en esos momentos ya sabía que Pino había encargado a Morocho que investigara a fondo al entonces comisario.

"Yo con la información que tenía no podía hacer más, sabedor de que esta actuación iba a ser corregida en una instancia superior (...) y de la investigación que había ordenado el señor Pino", justificó. En su comentario final, Fuentes Gago confesó que si hubiera sabido que el informe sobre Villarejo iba a tener tales "implicaciones" lo habría abordado de otra manera. "De hecho, ni lo hubiera hecho, no compensa", zanjó.