La mayoría absoluta del PP en el Congreso de los Diputados ha permitido la aprobación este miércoles de la reforma del Código Penal, vigente desde 1995, y la aprobación de lo que se ha llamado la prisión permanente revisable: en realidad la cadena perpetua.

La modificación del Código Penal conocido como el "de la democracia" se ha producido en solitario, por lo que de forma unánime toda la oposición ha calificado la nueva norma como "el Código Penal del PP".

El catálogo de críticas hacia la nueva norma ha sido largo e intenso y ha abarcado desde las formas empleadas en su tramitación hasta no pocos contenidos. El debate de totalidad al proyecto inicial del Gobierno se celebró hace ya año y medio para pasar al mayor de los ostracismos hasta el pasado otoño cuando el nuevo ministro Catalá lo sacó del cajón para emprender una tramitación de vértigo.

"Una verdadera chapuza", ha dicho de forma sentida el diputado Gaspar Llamazares, portavoz en esta ocasión del grupo La Izquierda Plural.

"Esta reforma solo se justifica por razones ideológicas, las que sustenta el PP"

"Con esta reforma del Código Penal el PP se hace fuerte con los débiles", ha asegurado Julio Villarrubia, del grupo socialista; "es tremendamente benigna con los corruptos", ha añadido su compañero Toni Such.

"Es, simplemente, el Código Penal de partido, del PP", ha sentenciado Emilio Olabarría, quien ha realizado una intervención verdaderamente brillante.

Este parlamentario vasco ha lanzado al Gobierno y al grupo popular una durísima reprimenda por el caos generado en el trámite de ponencia e incluso en el debate en comisión. "Aparecían y desaparecían enmiendas como si fuera un juego de parapsicología, con transacciones que no se sabía quién las proponía ni incluso quién las avalaba; se retiraban artículos y luego volvían a aparecer (…). En realidad, yo no sé muy bien qué es lo que estamos aprobando hoy", ha sentenciado este diputado experto en materia judicial.

No ha sido el único que ha denunciado la caótica tramitación, hasta el punto de llegar a ensalzar el papel desempeñado por las letradas de la comisión: "Han realizado un trabajo más de archiveras que de asesoras para ordenar todo el desastre de papeles que se ha generado desde el grupo popular", ha dicho Llamazares.

El paso de los 13 años a los 16 años para que las relaciones sexuales consentidas no sean consideradas delito también ha merecido la crítica de la mayoría de los representantes de la oposición

A esas palabras se han sumado otros portavoces como la representante de UPyD, Rosa Díez, o Monserrat Surroca, de CiU, entre otros. No es habitual este alegato por lo que la referencia es altamente significativa.

Con todo, en el aspecto en el que todos los portavoces, empezando por los del grupo mixto, hasta los dos representantes socialistas, ha sido el contenido que subyace en la reforma impulsada por el Gobierno y apoyada por la formación conservadora. "Esta reforma solo se justifica por razones ideológicas, las que sustenta el PP. El PP quiere solucionar con represión lo que es incapaz de afrontar con prevención", ha remarcado el socialista Julio Villarubia.

"Lo que mal empieza, mal acaba", ha resumido la portavoz de UPyD, Rosa Díez, quien de forma gráfica ha disculpado "el papelón que han tenido que hacer los portavoces del grupo popular para defender lo que ha hecho el Gobierno y su partido, el PP, que ha sido verdaderamente decepcionante, como demuestra el rechazo que esta reforma ha suscitado en la mayoría de los expertos que han comparecido, incluso de la propia Fiscal General cuando compareció en un trámite previo".

Esta diputada como el resto de los portavoces de la oposición ha criticado la inclusión del concepto de prisión permanente revisable, un eufemismo de la cadena perpetuo que se considera inconstitucional. Según Olabarría, este precepto contraviene los artículos 120, 15 y 25 de la Carta Magna. "Es el Código Penal de la autoridad", ha sostenido en otro momento de su intervención el diputado Llamazares.

"Yo creo que esta reforma es mala y va a perjudicar a los ciudadanos", dice el representante del PNV

El paso de los 13 años a los 16 años para que las relaciones sexuales consentidas no sean consideradas delito también ha merecido la crítica de la mayoría de los representantes de la oposición. "¿En qué mundo están viviendo ustedes?", han venido a decir algunos de ellos, al tiempo que se ponía en evidencia el contrasentido que supone que el Código Civil permite los matrimonios a partir de los 14 años. "¿Qué tienen que hacer, ser amiguitos durante dos años en el matrimonio?", se ha preguntado de forma irónica el portavoz del grupo de La Izquierda Plural.

La fijación de nuevas figuras delictivas y el endurecimiento de otras ya existentes en relación a actuaciones relativas al ejercicio de libertades individuales y colectivas también han sido denunciadas por la oposición. "Hay un abuso del concepto de la peligrosidad para sustentar figuras delictivas", ha manifestado la diputada catalana Surroca.

El diputado de ERC Joan Tardá ha sentenciado: "El presidente Rajoy es `Je suis Charlie´ de los Pirineos para arriba pero no aquí", al tiempo que mostraba la portada de la revista El Jueves en la que aparecían los actuales monarcas en pleno acto sexual cuando el anterior Gobierno aprobé cheque-bebé por valor de 2.500 euros y que fue denunciada. En esa línea ha criticado la existencia delictiva de la blasfemia y las ofensas a la Corona y a España.

"Yo creo que esta reforma es mala y va a perjudicar a los ciudadanos", ha sentenciado a modo de resumen Olabarría.

"Supone una elevación generalizada de penas para los delitos ordinarios y se criminalizan no pocas actuaciones relacionadas con el ejercicio de libertades públicas como las manifestaciones", ha explicado el socialista Toni Such.

El ministro Catalá no se ha dado por aludido tras el aluvión de críticas que ha recibido desde todas las formaciones que integran la oposición

Frente a todos ellos el portavoz del grupo parlamentario popular, Leopoldo Barreda, ha afirmado que se trata de "una reforma imprescindible, tras más de un año de tramitación". Pero este parlamentario conservador se ha empleado a fondo en dirigirse al grupo socialista, a quien ha lanzado sus críticas. "Ustedes no quieren combatir la corrupción; hacen una oposición destructiva", ha asegurado.

Para reafirmarse en esa línea no ha dudado en recurrir a la anterior legislatura y la tramitación de una reforma que se realizó durante el Gobierno de Zapatero para hacer una personal comparación de tiempos, trámites y sesiones para concluir que esta reforma ha sido impecable. El ministro Catalá, desde el escaño, ha dicho con brevedad que espera que el proyecto "sea mejorado" en su trámite en el Senado. En absoluto se ha dado por aludido tras el aluvión de críticas que ha recibido desde todas las formaciones que integran la oposición.