A unos tres meses de las elecciones municipales, el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), que viaja empujado por el viento de cola de su mayoría absoluta –y el de las encuestas–, ha tomado una serie de decisiones en la misma dirección –profundizar en la potencial ampliación del campo de lo privado a costa de lo público y proteger a quienes más tienen– que, puestas todas en común, han permitido a la izquierda agarrarse a un discurso, a algo que se parece a una estrategia de oposición: vincular a Moreno, que se ha trabajado con gran eficacia un aura de moderación, al PP de Madrid, el de Isabel Díaz Ayuso. Distintas formas, mismo ideario. "El mismo caminito", ha dicho Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía.

El Gobierno andaluz aprobó el martes pasado dos proyectos de universidades privadas de escasa "calidad", según los rectores, y también un recurso al impuesto a las grandes fortunas, que solo deben pagar los más ricos entre los ricos, aquellos que acumulan un patrimonio de más de tres millones de euros. Por Andalucía llevará este asunto al Pleno que se celebra en el Parlamento autonómico la semana que viene.

En el terreno fiscal, las rebajas de impuestos de Moreno han favorecido más a quien más tiene y más ingresa –el PP ha bonificado a los millonarios los impuestos de Sucesiones y de Patrimonio y las reformas del IRPF han sido regresivas– y esta semana, el Gobierno andaluz, como ya hizo el de Ayuso, ha recurrido el impuesto a las grandes fortunas que solo pagan en torno a mil personas, las más ricas, en la comunidad, lo que ha provocado las críticas de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE): "Que piense en la mayoría social y no en los ricos".

Además, el escaso volumen de gasto de los ingentes fondos europeos de los que dispone la Junta de Andalucía, que ha recibido el reproche de la Cámara de Cuentas, y la orden que elabora la Consejería de Salud, denunciada por la oposición, que abre la puerta a privatizar todos los servicios clínicos, incluida la Atención Primaria, que hoy pertenecen al ámbito de lo público, han cambiado el paso a la izquierda, que no terminaba de encontrar un camino para erosionar al presidente y ahora cree haberlo hallado.

Así, para Juan Espadas, secretario general del PSOE en Andalucía, la orden sanitaria, que ha levantado una amplia polvareda, "es otra prueba más" de que Moreno "lleva a Andalucía a un modelo de inversión de fondos públicos en la privada, y ese modelo no garantiza la igualdad de oportunidades".

Un camino iniciado en 2019

Las últimas medidas tomadas por el Gobierno andaluz prosiguen el camino que el PP ya inició a principios de 2019, cuando por primera vez entró en el Gobierno de la comunidad más poblada –entonces de la mano de Vox y de Ciudadanos, ahora con mayoría absoluta–: un modelo de gestión ideológico, de raíces neoliberales, que profundiza en la privatización en ámbitos en los que el capital particular no había logrado entrar del todo.

"Piano, piano" fue una expresión que utilizaron altos cargos del PP al desembarcar en la Junta. Con ella trataban de explicar a todos, incluidos a sus incendiarios socios de entonces, Vox, que no se esperasen grandes cambios, una terapia de choque después de 37 años de gobiernos consecutivos del PSOE.

Así, bajo el manto de los discursos ecuménicos, la falta de credibilidad del PSOE en Andalucía, y la actitud serena y educada de Moreno, el PP andaluz ha ido haciendo poco a poco, en efecto, el trabajo: ha logrado sacar una mayoría absoluta y ha impulsado en este tiempo, piano, piano, cambios normativos en los temas de su competencia, que han virado siempre hacia la derecha.

La pasada legislatura, el Ejecutivo –con acuerdo con Vox y Ciudadanos– ya cambió las normas educativas, lo que, al favorecer a la escuela concertada y al negocio privado en el ámbito de la FP, le costó una huelga, hoy olvidada.

En el terreno medioambiental, aunque Moreno se viste de un gobernante que impulsa lo que llama una "revolución verde", no ha terminado de despejar del todo las sombras que pesan sobre Doñana y su insistencia en la necesidad de más infraestructuras millonarias hacen pensar a los ecologistas que, con intensidad superior, el camino es el mismo que se venía transitando: continuar con el uso desmedido del territorio.

Aunque Moreno ha paralizado de momento la ampliación de los regadíos en el entorno de Doñana, un proyecto que provocó la legislatura pasada la alarma en las instituciones europeas, la presión de Vox y las promesas hechas durante años a una parte de los agricultores de la comarca no le permiten al PP andaluz meter esa idea en un cajón y cerrarlo con llave.

También lo hizo con las leyes urbanísticas, con las que favoreció la inversión privada y, según los ecologistas, el pelotazo y el deterioro del medio ambiente y que Podemos e IU llevaron al Constitucional.