Una orden que prepara el Gobierno andaluz, que preside Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), prevé que el Servicio Andaluz de Salud pueda pagar a las empresas sanitarias que tengan conciertos con la Consejería por consultas de Atención Primaria y también por efectuar operaciones en hospitales de la red pública.

Para Por Andalucía, que ha denunciado el asunto en un comunicado, esto e "inédito" e implica, por un lado, que "las empresas privadas podrán utilizar los hospitales y centros de salud públicos para desarrollar los actos clínicos que previamente el SAS les haya derivado" y también supone que"«por primera vez en la historia" la Junta puede "concertar con clínicas privadas la Atención Primaria". En resumen, ahonda en la "privatización" del sistema sanitario.

"No lo hemos visto antes ni lo conocíamos ni lo habíamos visto antes. La pócima mágica para la Atención Primaria es privatizarla", aseguraron a Público fuentes sindicales. Este borrador de orden llega en un momento en que la Atención Primaria está en crisis, con huelgas, movilizaciones y protestas, que, de momento, el Gobierno andaluz no ha conseguido calmar.

Salud negó las acusaciones en un comunicado: "El SAS desea aclarar que:
En Andalucía no se va a producir ningún tipo de privatización en los centros sanitarios públicos, ni Atención Primaria ni Hospitalaria". Sin embargo, luego añade que una de las mejoras es establecer "posibilidades de asistencia sanitaria que pudieran llegar a ser concertadas si en algún momento crítico puntual fuera necesario (incluidas todo tipo de consultas, tanto de Atención Primaria como especializada)".

"Tener previsto en una norma es obligación de toda Administración porque es una señal inequívoca de previsión para cualquier tipo de contingencia, por ejemplo: pandemias, situaciones de catástrofe, etc...", se lee en la nota de Salud.

Tarifa máxima

La norma en elaboración, que se puede consultar aquí, tiene por objeto "la tarifación de los convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud con entidades, tanto públicas como privadas, para la prestación de la asistencia sanitaria en centros sanitarios". La idea fundamental de la orden, según se lee en la misma, es establecer una tarifa máxima homogénea para los diferentes servicios que la administración contrate con las empresas, lo que implicará "una mayor eficiencia en el Sistema Sanitario Público de Andalucía".

En el artículo 3 se recogen los servicios sanitarios objeto de contratación y entre ellos están las consultas. Según aparece en el anexo de tarifas, Salud prevé pagar la primera consulta médica de Atención Primaria a 65  euros. En la orden anterior, de 1998, de la época de Gobierno del PSOE, consultada por Público, no estaba recogida esta previsión.

"Estos precios serían aplicables en el caso de llevarse a cabo en las instalaciones de las clínicas privadas, pero la Orden también fija la cuantía para las que se realicen en la propia red sanitaria pública", denuncia Por Andalucía.

Así, en una disposición adicional se establece: "Excepcionalmente […] con carácter general, la prestación de los servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía se efectuará en dependencias o instalaciones diferenciadas de las de la propia Administración contratante y, si ello no fuera posible, se harán constar las razones objetivas que lo motivan. A tal efecto, la Consejería con competencias en materia de salud podrá determinar las tarifas para la realización de procedimientos quirúrgicos y diagnósticos en instalaciones propias de la Administración, haciendo constar las razones objetivas que lo motivan".

Engaño

La Portavoz del Grupo Parlamentario de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, tachó de "completo escándalo" las intenciones del gobierno de Moreno: "Aprobar esta norma supondría un golpe durísimo al Servicio Andaluz de Salud y sus profesionales y a toda la ciudadanía. Moreno está engañando al personal sanitario, especialmente al de Atención Primaria. Mientras les prometía mejoras para evitar huelgas y movilizaciones, estaba preparando la entrada de empresas privadas a hacer su trabajo. Queda en evidencia la verdadera hoja de ruta del PP andaluz, que sigue los pasos de desmantelamiento de la sanidad pública ya andados por este partido en otras comunidades autónomas y especialmente en Madrid".

Nieto también vinculó la aprobación de la orden al futuro de los nuevos hospitales y centros sanitarios andaluces: "El PP ha corrido mucho invirtiendo fondos europeos en mejorar o construir nuevos hospitales, pero no ha puesto sobre la mesa la imprescindible plantilla sanitaria que necesitan para atender a pacientes. Ahora queda clara la estrategia, que no es otra que convertirlos en una especie de edificios de coworking en los que, tras invertir dinero público en remodelarlos y equiparlos, trabajarán por encargo las empresas privadas beneficiadas por los conciertos".

La coalición de izquierdas advierte que en esa situación podrían quedar hospitales "como el que está en construcción en la localidad almeriense de Roquetas, el HARE de Lepe en Huelva, o el propio antiguo Hospital Militar de Sevilla, el Vigil de Quiñones". Sobre este último asegura en un comunicado Por Andalucía, "la Junta anuncia su apertura completa para el próximo mes, pero el personal que trabaja en el mismo pertenece al hospital Virgen del Rocío y no hay previsión de personal propio para el mismo".

"Millones de euros de dinero público puestos al servicio de empresas privadas para que hagan negocio con la salud. Se sentarían las bases con las que implantar en Andalucía modelos pasados como el valenciano de Zaplana y Camps o el actual madrileño de Ayuso, que tanto daño está haciendo a la atención sanitaria de las personas usuarias y a los y las profesionales", afirma Nieto.

El Gobierno andaluz sostiene, por el contrario, que "el nuevo proyecto actualiza la obsolescencia anterior" (la orden de 1998) y aporta "otros beneficios" entre los que enumera los siguientes: "Un marco económico máximo fijo para todos los procedimientos que se pudieran concertar en la Comunidad autónoma de Andalucía", lo que permitirá evitar que, "llegado el caso, estas no se puedan concertar a la tarifa que se considere oportuna como así ha ocurrido en otras comunidades autónomas como Extremadura, Castilla la Macha o Valencia".

Salud añade en su comunicado: "El SAS quiere recordar la apuesta decidida por la sanidad pública del Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha puesto en marcha 34 nuevas instalaciones sanitarias que eran muy necesarias en las ocho provincias de Andalucía desde 2019. En concreto, se han inaugurado seis hospitales, cuatro nuevos hospitales de día, nueve centros de salud, nueve nuevos ambulatorios, tres centros de urgencias y tres centros de atención infantil temprana".