La receta profundamente ideológica, de corte liberal, que los gobiernos de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) han venido aplicando estos cuatro años y medio en Andalucía, la comunidad con los barrios más desfavorecidos del país, se ha sustanciado en relevantes supresiones de impuestos –sucesiones y patrimonio–, que solo pagaban miles de personas en Andalucía.

Es una política fiscal que toma como modelo el que ha implantado el PP en Madrid y que ha beneficiado más a los que más tienen mientras, según el INE, la mayoría de ciudades y barrios con menor renta –seis de diez–, más paro –nueve de diez– y menor esperanza de vida –seis de diez– de todo el país están en Andalucía. 

Las bajadas de impuestos a quienes más acumulan las ha acometido Moreno Bonilla en el arranque de cada legislatura, alejándolas de las fechas electorales.

Así, eliminó el impuesto de sucesiones a los millonarios nada más entrar en el Gobierno en 2019 –solo lo pagaban entonces en Andalucía quienes heredaban más de un millón–.

El otoño pasado lo arrancó, después de haber obtenido la mayoría absoluta, con la eliminación del impuesto del patrimonio, que solo abonaban las fortunas superiores a 700.000 euros, descontada la vivienda habitual, unas 17.000 personas en Andalucía.

Además, el Gobierno andaluz ha recurrido ante el Tribunal Constitucional un tributo del Ejecutivo central que solo grava a quienes acumulan bienes por un valor superior a los tres millones de euros. Es a este escasísimo y privilegiado grupo de personas a quienes se ha aprestado a defender Moreno y su Gobierno con el recurso, que estudia el Alto Tribunal.

La oposición llama a estas medidas "regalos fiscales". "Cuando una ley clara y meridiana dice que los ricos deben pagar un impuesto, el impuesto de las grandes fortunas, a esa ley usted se hace resistente y se va corriendo al Tribunal Constitucional", le reprochó Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía hace unos días al presidente.

"La redistribución de la riqueza de nuestra tierra y evitar que esa redistribución sirva para arreglar el ascensor social tiene mucho que ver con el agravamiento de la pobreza y de la desigualdad en Andalucía", añadió.

Las rebajas del IRPF, que sí se han producido en términos generales, que ha abordado Moreno han sido regresivas (han reducido los tramos) y también han beneficiado más a quienes más ingresan.

El artículo 31 de la Constitución Española dice sobre la fiscalidad: "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio".

Desigualdad y exclusión

Mientras el PP defiende que su política fiscal atrae inversiones y contribuyentes, la realidad social se abre paso. La desigualdad y la exclusión siguen siendo los grandes problemas de Andalucía cuatro años y medio después. Según el INE, la comunidad no converge en renta con el resto del país.

Andalucía ocupa hoy una peor situación relativa que hace 20 años en términos de PIB por habitante. Si en 2000 este era de 11.856 euros, el 74,2% respecto a la media del país y el 64,5% de la UE, al cierre del pandémico año 2020, el PIB por habitante en Andalucía suponía el 74,9% respecto a la media española, pero el 59,3% en comparación con la UE.

Para Llanes, "Andalucía no logra avanzar más rápido que el resto de CCAA porque no existe política económica y se ha sustituido por una hacienda pública de corte neoliberal unida a improvisaciones e incapacidad de gestión de las políticas sociales y de las inversiones públicas".

"El Gobierno andaluz se concentra en hacer regalos fiscales a los más acaudalados y esta política no da resultados que sean visibles para el interés general. Sólo sirve para mejorar la situación de un 0,2% de la población con grandes rentas y patrimonios", agrega.

"Al resto de la población no sólo se les retrae esos recursos, sino que incluso les cuesta porque tiene que contribuir con sus impuestos al sistema de financiación por esas bajadas", concluye.

Hace dos semanas, en el Parlamento de Andalucía, Moreno, interpelado por Inma Nieto sobre cómo afectaba su acción en el Gobierno y sus políticas a la desigualdad de Andalucía, echó balones fuera.

Se refirió a la herencia recibida, a asuntos que afectan a todos –como la pandemia y la guerra– y, como políticas propias, habló de empleo, del presupuesto en sanidad y educación, vehículos de igualdad, y del último pacto con patronal y sindicatos para el desarrollo económico de Andalucía. No hizo ni una sola referencia a la capacidad redistributiva de los tributos.

El presidente dijo: "El problema de la desigualdad es una preocupación constante para este Gobierno. Estamos ante una realidad bastante compleja, en el que convergen elementos estructurales, que tienen que ver con las políticas que se han hecho durante casi cuatro décadas en Andalucía y otros que son de carácter coyuntural: hemos tenido una pandemia, la guerra de Ucrania, la crisis energética, la inflación, la sequía...; un largo etcétera".

"Ambos aspectos han determinado nuestra acción política desde que asumimos la tarea de gobernar. Tenemos una hoja de ruta, y nuestra hoja de ruta es la reducción de la desigualdad y favorecer —como no puede ser de otra manera— la inclusión social. Un indicador de ello es el empleo. Tenemos la cifra más baja de parados en quince años. Reducimos la tasa de paro en casi tres puntos desde 2019, que es cuando asumimos la responsabilidad de Gobierno, hasta el 18,2", añadió.

El observatorio económico del PSOE, sin negar la reducción de la tasa de paro en este tiempo, invita a otra lectura: "La mejora que se ha producido en el empleo es muy estacional y esconde la situación de crisis de muchas ramas productivas".

"Andalucía concentra el 32,4% del paro registrado en las personas que buscan su primer empleo (el 66% son mujeres) de España. Y el peso del paro registrado en el conjunto de España sigue aumentando desde 2018, superando ampliamente la cota del 25%", señala.