El senador de Compromís Carles Mulet ha registrado el pasado 15 de mayo en la Cámara Alta tres preguntas acerca del exsubdirector de Conservación de Ministerio de Fomento, Carlos Bartolomé Marín, destituido de su cargo después de que este medio publicara las denuncias internas sobre su condición de propietario de una academia de preparación de opositores (PremFom), para lo que en ningún momento ha solicitado autorización de compatibilidad. A pesar de las múltiples denuncias por supuesta incompatibilidad, la directora general de Organización e Inspección de Ministerio, Virginia Pérez Alegre, ha decidido archivar las actuaciones previas y no abrir expediente de corrección disciplinaria contra el funcionario.

Antes de ser ascendido a subdirector, a finales de marzo, Marín ejercía como jefe de la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Carreteras, un cargo de confianza en el que el director general de ese departamento, Jorge Urrecho Corrales, delegó "todas sus competencias en materia de personal", como reconocía Urrecho en un escrito al que accedió Público.

Incluso, antes de ser premiado con un ascenso, al menos la subsecretaria del Ministerio, Rosana Navarro Heras, la subdirectora general de Recursos Humanos, Margarita Gómez de Bonilla, y la directora general de Organización e Inspección, habían sido informadas por representantes sindicales de que Marín simultaneaba su cargo político con competencias en materia de personal con su actividad como socio único de la empresa que controla una academia de preparación de oposiciones para ingenieros de Caminos.

Asimismo, desde CSI-F afirman que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, "tenía constancia de sobra" de las actividades de Marín. Las mismas fuentes aseguran que la situación de "mangoneo" en el departamento que dirige Jorge Urrecho Corrales había sido trasladada a de la Serna por parte de la Junta de Personal en una encuentro celebrado el 18 de enero. 

Por todo ello, el senador de Compromís cuestiona al Gobierno si tiene intención de cesar al ministro de Fomento. Mulet pregunta por las medidas que se van a tomar para "depurar responsabilidades" de los departamentos que conocían la situación de Marín.  Según la información a la que ha tenido acceso Público, estos altos cargos "son muy legalistas con unas compatibilidades de simples trabajadores y con otras no".

Además, Carles Mulet pregunta si la empresa pública ENAIRE -dueña del 51% de AENA-, de donde Margarita Gómez de Bonilla es miembro de su Consejo de Administración, tiene pensado relevarla de su cargo.

Según ha denunciado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), la subdirectora general de RRHH del Ministerio cobra 1.066,84 euros cada vez que acude a un consejo de ENAIRE. El sindicato asegura en su web que los trabajadores de AENA/ENAIRE tienen que compaginar su trabajo con otras labores, "todo ello para poder compensar su congelado y menguado sueldo y les niegan la compatibilidad mientras esta señora, se lleva cada vez que hay un consejo, que suele ser uno al mes la cantidad de 1.066,84 euros. Margarita, ¿no le da vergüenza?... a nosotros sí".