El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell ha negado este miércoles haber cometido el blanqueo de capitales por el que fue detenido el martes junto a otras cuatro personas, y ha asegurado que ganó dinero "lícitamente". Así lo ha explicado a los periodistas su abogado, Pau Molins, después de declarar durante tres horas ante la Guardia Civil y la Policía Nacional en Barcelona.

Tras esta declaración, le trasladan a Madrid para pasar a disposición de la Audiencia Nacional el jueves, donde debe declarar junto a los otros tres detenidos. También detuvieron a su esposa, Marta Pineda, pero quedó en libertad con cargos el mismo martes, a la espera de que la cite la jueza.

Pau Molins ha dicho que el interrogatorio a Rosell ha ido muy bien y que su defendido "se encuentra perfectamente bien y con ganas de explicarse" ante la Audiencia Nacional, que coordina la investigación. El letrado asegura que "no ha habido blanqueo de capitales, porque se trata de dinero obtenido lícitamente", y que el blanqueo implica ingresos procedentes de un delito o dinero obtenido irregularmente, lo cual ha negado. Molins ha añadido que Rosell, antes de presidir el FC Barcelona, tenía una sociedad de marketing deportivo "y cobraba su remuneración por los trabajos que hacía. Es absolutamente legal".

Agentes durante el registro este miércoles del domicilio de Rosell en Barcelona. EFE

La Guardia Civil y la Policía Nacional detuvo el martes a las cinco personas en la Operación Rimet, aunque después dejó en libertad a la esposa del expresidente azulgrana. Rosell y las otras tres personas que siguieron detenidas pasaron la noche en el cuartel de Travessera de Gràcia de Barcelona, tras todo un día presenciando registros. En el caso de Rosell, presenció casi diez horas de inspección en su domicilio y luego dos entradas más en Barcelona.

En toda la operación, a lo largo del martes se hicieron las cinco detenciones más nueve entradas y registros en Barcelona, Lleida, Girona y Principado de Andorra, la mayoría, despachos profesionales. Se investiga el supuesto blanqueo de capitales a través del cobro de comisiones ilícitas por los derechos audiovisuales de la selección brasileña de fútbol por parte de los detenidos, a quienes la Audiencia Nacional atribuye también el presunto delito de pertenencia a organización criminal.