Cierre de la comisión sobre la 'brigada política'Podemos exige el envío a Fiscalía de sus conclusiones en la Comisión sobre Fernández Díaz y las 'cloacas' de Interior

Podemos ha exigido este martes que su propuesta de conclusiones sobre la Comisión Fernández Díaz o de las cloacas de Interior, sea remitida a la Fiscalía, "por si se hubieran cometido delitos de malversación de fondos públicos o fraude procesal por parte de los máximos responsables de Interior y de la Policía", como explica la formación morada en una nota de prensa enviada este martes.

Unidos Podemos ha registrado hoy su propuesta de conclusiones tras el "cierre en falso" de esta comisión, como se han referido a él varios de sus portavoces. Los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos han impedido que se prolonguen los trabajos, así como que comparezca el comisario José Manuel Villarejo Pérez y otros mandos policiales, considerados integrantes de la llamada brigada política. Es precisamente esta negativa la que esgrime Podemos para justificar esta exigencia.

Podemos denuncia la preparación de investigaciones falsas contra dirigentes catalanes, y la elaboración y divulgación de  montajes policiales contra Pablo Iglesias y Unidos Podemos 

"El uso político de la Policía, la creación de unidades fuera de su estructura orgánica, y el empleo sin control de recursos públicos para hacer indagaciones extrajudiciales con el fin de influir en negociaciones políticas o procesos electorales habrían sido algunas de las prácticas partidistas del Ministerio del Interior bajo el mandato de Jorge Fernández Díaz", reza el comunicado. 

La comisión debatirá las propuestas del resto de grupos este jueves, 20 de julio, aunque sólo los puntos que reciban mayoría de votos pasarán al debate y votación en Pleno, como conclusiones del trabajo Comisión. 

A lo largo de 35 páginas, Podemos incide en su propuesta de conclusiones en "el uso político de la Policía" durante el mandato del exministro, reprobado el Congreso con el respaldo de todos los votos de la oposición.

El escrito recoge las "mentiras" de algunos comparecientes, el reducido número de personas que han respondido a las preguntas de la comisión, así como las "trabas en el acceso a la información" que han encontrado. También denuncia "la preparación de investigaciones falsas contra dirigentes catalanes antes de la consulta del 9 de noviembre de 2014; y la elaboración y divulgación de dos montajes policiales contra Pablo Iglesias y Unidos Podemos como son el dossier PISA y el falso pago en el Euro Pacific Bank". 

"Esta es una cuestión de Estado, que tiene que ver con la seguridad del Estado y con el funcionamiento del Ministerio del Interior en un Estado democrático.

Algunos diputados se han atrevido a calificar estas 'prácticas policiales

sospechosas de prevaricación, falso testimonio y fraude procesal', a este se le

podría añadir la malversación de fondos públicos, la falsedad documental,

revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, abuso de

autoridad…", sostiene el texto.

"Ciertamente no es a esta comisión a quién le toca calificar penalmente los hechos aquí constatados, pero sí es obligación de cualquier ciudadano poner en conocimiento de la justicia los presuntos delitos que conozca y que esto lo hagan los diputados es una garantía para los denunciantes de corrupción de que la política española quiere depurar responsabilidades y regenerarse", reza la propuesta.

La comisión echó a andar con cinco meses de retraso, y su origen se encuentra en las grabaciones publicadas en exclusiva por este diario hace un año, en las que Fernández Díaz conspiraba contra formaciones independentistas con el entonces jefe de la Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso. 

"A pesar de lo declarado por los responsables políticos de que las grabaciones

son un delito personal contra los señores Jorge Fernández Díaz y Daniel de

Alfonso, los miembros de la comisión parece que tenemos una conclusión

común: que grabar sin autorización en el Ministerio del Interior es una amenaza

contra la seguridad del Estado que se debe investigar con rigor. Al igual que el

uso por parte de los responsables del Ministerio de una brigada política que

vulnera los derechos de los ciudadanos y actúa extrajudicialmente", zanja el texto.