Pleno en el CongresoEl Gobierno apura al límite la negociación del superávit de los ayuntamientos para evitar su primera derrota parlamentaria

El Gobierno se asoma este jueves al abismo de su primera gran derrota parlamentaria en esta legislatura, apurando al máximo la negociación que podría atar los apoyos del real decreto aprobado en agosto para que las corporaciones locales puedan desbloquear y utilizar 5.000 millones de euros de su propio superávit. 

Y, salvo que las conversaciones den sus frutos entre esta noche y mañana, y se produzca un golpe de timón decisivo, el Real Decreto-Ley 27/2020 nacerá muerto. Mientras se negocia in extremis, todas las fuentes consultadas por Público coinciden en que será una noche larga, y en que aún hoy hay tiempo para el pacto, aunque se antoje muy, muy difícil. El decreto puede ser convalidado tal y como hoy está contemplado; ser tramitado como proyecto de ley o decaer, para acabar en vía muerta. 

Las negociaciones se sucedieron hasta altas horas de la noche del miércoles. Distintas fuentes conocedoras de las conversaciones son pesimistas, pero nadie puede garantizar que no haya acuerdo

Al arranque de agosto, tras algunos vaivenes por parte del Ministerio de Hacienda, y ante las críticas de alcaldes de todos los colores políticos, el Ejecutivo aprobó en el último Consejo de Ministros del mes el polémico decreto, que necesita ser convalidado en el Congreso de los Diputados. El real decreto-ley de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las Entidades Locales es,, además, el primer asunto en el orden del día en el pleno.

Al filo de las 23.00 horas del miércoles, escasas horas antes del debate y de la votación, las negociaciones continuaban, sin que nadie pudiera anticipar el escenario. A fin de cuentas, el Gobierno ya ha dado la vuelta a duras negociaciones en anteriores casos.

La semana empezó con la perspectiva del fracaso dibujada en el horizonte, y el no al decreto fue haciéndose más corpóreo conforme pasaban las horas durante el miércoles. Con todo, a primera hora de las tarde, distintas fuentes se apresuraron a afirmar que el decreto no estaba perdido.

Desde el PSOE, a su vez, aseguraron que no entraba en su planes retirar el decreto del orden del día del pleno. No obstante, admitieron que resultaría muy difícil que saliera aprobado, y más bien confiaron en que algunos puntos salieran adelante y se tramitasen como proyecto de ley.

De hecho, en las últimas jornadas, los grupos que sostienen al Gobierno, especialmente el Socialista, han tratado de granjearse apoyos que eviten el golpe. En este sentido, Hacienda ha llegado a ofrecer que los Ayuntamientos pudieran disponer hasta de un 60% de ese superávit sin condiciones -el resto estaba condicionado a que prestaran sus remanentes al Estado-, pero esta oferta aún no ha conseguido aplacar la oposición a una norma que distintos alcaldes de todos los colores políticos consideraban mal enfocada desde el principio.

Ada Colau también reclamó consenso este miércoles, consciente de que el decreto no contaba con los apoyos necesarios

Sin ir más lejos, la propia alcaldesa de Barcelona y líder de los Comunes, Ada Colau, deseó durante la mañana que se alcanzase un "consenso", e incidió en una entrevista en RTVE que el decreto no tenía opciones de ver la luz de mantenerse como estaba contemplado. El socio del PSOE en el Ejecutivo, Unidas Podemos, se abstuvo en la Junta de Gobierno de la FEMP, permitiendo que el ente que agrupa a los ayuntamientos aprobara esta propuesta del Ministerio de Hacienda.

Un decreto mal acogido desde el principio

Este intento incluía también la oferta de Hacienda de solicitar la tramitación parlamentaria de la norma como proyecto de ley, permitiendo la incorporación de enmiendas, y por tanto con opción de modificar la normativa. Sin embargo, los ediles consultados advertían de que esto retrasaría varios meses los trámites para su aprobación. "No vería la luz hasta el año que viene", apuntan, recordando que, si este decreto ya era importante en agosto, hoy la urgencia de los ayuntamientos es aún mayor.

"Podríamos haberle votado hasta el 80%, pero hay un 20% que es muy malo", afirma un veterano edil

Un veterano alcalde explica a Público que los ediles del PP (más de 2.800) y hasta buena parte de los alcaldes del PSOE (unos 2.600) nunca han visto con buenos ojos esta propuesta de Hacienda; "Podríamos haberle votado hasta el 80%, pero hay un 20% que es muy malo. Y, más allá del fondo, la forma ha sido chulesca, la ministra no ha querido negociar", resumen.

"Es una burrada política"; "Demuestra la incapacidad negociadora de Montero"; "Se estrellan", son las impresiones que más se escuchan, pero a las que el Gobierno ha hecho oídos sordos.

Y no es que no hubiera pistas sobre este rumbo; a lo largo del mes de julio, la FEMP ha tenido que retrasar en varias ocasiones distintas reuniones de su cúpula ya convocadas, para votar el acuerdo con Hacienda. El departamento de Montero, además, apenas consintió en realizarle algunas modificaciones.

Para aprobarlo, además, el presidente de la FEMP, Abel Caballero, debió usar su voto de calidad, y requirió de la abstención de Unidas Podemos en el órgano, rompiéndose así la histórica unanimidad en la entidad que agrupa a los ayuntamientos. 

Un posible varapalo parlamentario

De confirmarse el fracaso de la votación, el varapalo para el Gobierno a las puertas de presentar los Presupuestos podría ser muy significativo, por la relevancia que tiene que el Ejecutivo no saque adelante una iniciativa presentada como decreto ley. Baste recordar que desde la aprobación de la Constitución (1978), el Congreso sólo ha tumbado cuatro decretos ley, según informó la Cadena Ser.

En concreto, los cuatro decretos leyes que decayeron fueron: uno de UCD (1979) sobre la Junta Central de Acuartelamiento; uno del Ejecutivo del socialista José Luís Rodríguez Zapatero sobre el impuesto al tabaco, que cayó en 2006 por un error; otro del Gobierno de Mariano Rajoy sobre los estibadores en 2017, y el decreto del alquiler del Ejecutivo de Sánchez en minoría.

Fuentes cercanas al Ejecutivo, no obstante, desligaron este posicionamiento de la mayoría de los grupos de la Cámara Baja de los apoyos que puedan reunir de cara a los Presupuestos, y atribuyeron esta situación a cómo han interpretado esta norma los alcaldes de casi todos los partidos, también algunos ediles del PSOE, aunque no hagan ruido en público. 

El PP, que ha avivado la rebelión de los alcaldes, llevó al Senado una moción que, según las cuentas de los conservadores, se vio aprobada este miércoles con los votos de JxCat y ERC. El reparto de fuerzas en ambas cámaras es distinto, pero para el PP este resultado es un presagio de lo que está por venir.