No hay advertencia ni señal de preocupación que frene la fiebre de las pistolas táser entre los cuerpos policiales. Pese a las denuncias de organismos de derechos humanos sobre los riesgos que implica ese armamento, desde enero pasado una veintena de instituciones han comprado este tipo de material para sus agentes.

El Gobierno de Canarias está entre los últimos compradores de armas de electrochoque. El pasado 22 de julio, la Dirección General de Seguridad formalizó el contrato de adjudicación a la compañía MHB Equipamiento Policial para la compra de diez pistolas táser, destinadas al Cuerpo General de la Policía Canaria. El importe de la operación alcanzó los 47.961 euros, impuestos incluidos.

La administración autonómica también ha firmado otro contrato para el suministro de "baterías, cargas táser y cables de descarga de datos para los dispositivos táser del Cuerpo General de la Policía Canaria" por otros 14.989 euros. En este caso, el contrato fue adjudicado a Telefónica Ingeniería de Seguridad.

Según consta en la segunda edición revisada del protocolo 13/2020 de la Policía Canaria, estas pistolas pueden ser utilizadas para "reducir, inmovilizar o detener a una persona que muestre una resistencia activa que ponga en riesgo la integridad física de los agentes o de terceras personas, la seguridad ciudadana o el orden público".

Las armas táser también se podrán emplear –entre otros supuestos– para "reducir, inmovilizar o detener a una persona que muestre una actitud violenta hacia los agentes actuantes o terceras personas y se haya producido una agresión o sea previsible que se produzca una, y no se pueda controlar la situación con la utilización gradual y progresiva de las demás herramientas de las que disponen los agentes".

Los efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza y Mossos de Esquadra ya cuentan con este tipo de equipamiento. En noviembre de 2021, un hombre que recibió seis disparos de táser por parte de agentes de los Mossos murió en el hospital de Badalona.

En abril pasado, la Audiencia de Barcelona, a petición de la organización de derechos humanos Irídia, ordenó a la Policía catalana que investigue a fondo lo sucedido.

Irídia forma parte del listado de organizaciones que han pedido que se frene el uso de armas táser por parte de los cuerpos policiales. Según Amnistía Internacional, "conllevan una serie de riesgos que pueden causar graves daños o incluso la muerte".

Según datos recogidos por Público, otras tres personas murieron tras recibir disparos de táser. En febrero de 2018. policías locales utilizaron la pistola eléctrica para inmovilizar a un joven en Peñíscola. El chico, según se conoció entonces, murió tras caer desde una muralla.

El abogado de la familia de la víctima denunció que había recibido el disparo por la espalda y que había caído al vacío tras quedar inmovilizado por la táser. Por su parte, la Policía Local defendió su actuación y atribuyó la muerte a la huida.

El 25 de junio de 2019, los policías de la localidad valenciana de Llíria utilizaron el arma táser contra un hombre que, según las informaciones difundidas entonces, se había visto involucrado en un altercado. La víctima murió cinco días después en el hospital.

El 25 de marzo de 2021, un hombre recibió al menos un disparo de  táser por parte de la Policía Local de Adeje (Tenerife). Al día siguiente se registró su muerte en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la  Candelaria. 

"Paralización muscular"

En un comunicado publicado en febrero de ese mismo año, la sección española de Amnistía Internacional ya había advertido sobre la peligrosidad de esas pistolas. La organización de derechos humanos destacó que se trata de armas que, al activarlas, "disparan dos dardos que aplican una descarga eléctrica al hacer impacto en el cuerpo de la persona, que la incapacita temporalmente".

"La descarga es un impulso eléctrico de unos 50.000 voltios y una duración limitada (normalmente de unos cinco segundos) que confunde al sistema nervioso y produce una paralización muscular, provocando una incapacitación temporal de la persona", afirmó AI en una declaración.

En esa línea, solicitó la "prohibición del uso de las armas de electrochoque en modo de contacto directo, pues entraña considerable riesgo de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, así como el uso de descargas reiteradas o prolongadas".

Policías locales

Estas peticiones han caído en saco roto. Según datos recopilados por Público a través del portal de contratación del Estado, sólo en lo que va de 2024 al menos 19 ayuntamientos han comprado armas táser para equipar a sus policías locales.

Entre las administraciones locales que han adquirido este armamento figura la localidad sevillana de Espartinas –gobernada por el PSOE–, que el pasado 19 de junio firmó el acuerdo para la compra de dos pistolas eléctricas.

El ayuntamiento alega en el contrato de compra que su Policía Local "no dispone de armas de defensa personal para la realización de sus funciones", por lo que consideró necesario adquirir esas pistolas "con el objetivo de ofrecer a los agentes medios técnicos que den garantía a su labor y puedan cumplir con sus competencias".

Las táser también llegarán a localidades más pequeñas, como Titulcia (Madrid), con unos 1.300 habitantes. El ayuntamiento ha comprado una pistola de ese tipo por 3.851 euros a Barragun Armament, que se presenta en su página web como importadora oficial para España de las armas eléctricas fabricadas por la compañía estadounidense Axon.

Entre los clientes de Barragun Armament figura también el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, gobernado por el PP. El Ejecutivo municipal acordó en junio pasado la compra a esa empresa de tres táser para la Policía Local por un valor de 17.556 euros. 

Las adjudicaciones de este tipo de armamento registradas desde enero pasado llegan también a otros municipios de distintos puntos, como El Rosario (Tenerife), Sant Antoni de Portmany (Ibiza), Cartagena (Murcia) o El Boalo (Madrid).