"Valentía y compromiso" son las palabras que utiliza el movimiento ecologista para definir la lucha de Paul Watson, el icono ambiental de 73 años que abandera la protección de los océanos y la vida marina. El pasado 21 de julio fue detenido en Groenlandia cuando su embarcación se detuvo para repostar antes de continuar su viaje hacia el Pacífico Norte, con el objetivo de interceptar un barco ballenero japonés, según informó la fundación Capitán Paul Watson. 

El activista canadiense es fundador de la Sea Shepherd Conservation Society, una organización sin fines de lucro comprometida con la conservación de la vida marina y la lucha contra la caza ilegal de ballenas, la pesca destructiva y otras amenazas para los océanos.

El arresto de Watson se produjo tras una notificación internacional de Interpol solicitada por Japón en 2012. Las autoridades japonesas acusan al activista de agredir a cazadores de ballenas y de obstaculizar sus operaciones en dos episodios ocurridos en 2010. Mientras se espera una decisión sobre su extradición al país asiático, un tribunal danés ha prorrogado el encarcelamiento de Watson hasta el 5 de octubre.

Juan López de Uralde, coordinador de Alianza Verde, declara a Público que el Gobierno de Japón está usando a Watson como "cabeza de turco" para castigar y perseguir al movimiento de defensa de las ballenas. "Lo hace con el objetivo de continuar violando la moratoria sobre la caza de ballenas impuesta por la Convención Internacional de Caza de Ballenas desde 1946", explica.

Japón incumple la Convención de Caza de Ballenas

Japón es uno de los 15 países firmantes de la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas, un acuerdo ambiental creado para "asegurar la adecuada conservación de las poblaciones de ballenas y permitir un desarrollo controlado de la industria ballenera". Sin embargo, Alianza Verde sostiene que Islandia, Noruega y Japón siguen practicando la caza comercial de ballenas, a pesar de la moratoria internacional.

López de Uralde afirma que Japón "ha estado violando la moratoria durante años, justificando la caza de ballenas bajo el pretexto de una investigación científica, que en realidad es falsa porque la carne de ballena luego se comercializa". El activista de Alianza Verde manifiesta la esperanza de que el Gobierno de Dinamarca no conceda la extradición y advierte: "Si Watson es extraditado a Japón tememos que no salga con vida ya que enfrenta una pena de 15 años en un país con un régimen extremadamente represivo".

Más de 70 políticos de distintos países, entre ellos López de Uralde, han enviado una carta a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en la que piden la liberación de Watson. 

Podemos pide al Gobierno que medie para liberar a Watson

Alianza Verde, junto a Podemos, ha presentado iniciativas en el Parlamento Europeo y en el Congreso de los Diputados para movilizar a la Comisión Europea y al Gobierno de España en apoyo a la liberación del activista canadiense. Argumentan que la detención y encarcelamiento de Watson son desproporcionados en relación con sus acciones, y que la pena solicitada por Japón es injustificada porque el propio país denunciante sigue practicando la caza ilegal de ballenas.

También solicitan, dado que España es miembro de la Comisión Ballenera Internacional y apoya la moratoria global contra la caza de ballenas, que se tomen medidas ante el Gobierno de Dinamarca para asegurar la liberación de Watson y, en cualquier caso, evitar su extradición a Japón.

En la pregunta registrada en el Parlamento Europeo insisten en que la institución ya advirtió en 2022 sobre la persecución del activismo de la sociedad civil, y manifiestan la preocupación de que esta detención viole la Carta de Derechos Fundamentales.

El pasado jueves 5 de septiembre, delegados del Parlamento Europeo se manifestaron frente a la embajada de Dinamarca en Bruselas para exigir la liberación de Watson. La protesta fue liderada por las eurodiputadas Emma Fourreau y Lena Schilling, y contó con la presencia de Marc Botenga, Thomas Pellerin-Carlin y miembros de los Jóvenes Verdes Europeos. 

Criminalización del activismo ecologista

Esta no es la primera vez que Watson se ve envuelto en una disputa legal. En 2012, fue arrestado en Alemania a raíz de una solicitud de extradición por cargos vinculados a sus actividades de protesta en Costa Rica, aunque fue liberado bajo fianza. En los últimos años, ha enfrentado problemas legales relacionados con sus actividades de conservación, así como desafíos en su estatus migratorio y solicitudes de extradición en varios países. 

"El caso de Watson es el último episodio en una serie de represiones contra el activismo ecologista que resulta muy alarmante", afirma López de Uralde. El coordinador de Alianza Verde destaca las condenas a los activistas de Just Stop Oil en el Reino Unido por sus acciones pacíficas, las acusaciones de la fiscalía en España contra grupos ecologistas y la represión de las acciones en museos. "Es paradójico que cuanto más intensa es la crisis ambiental, mayor es la represión contra los grupos activistas", concluye.