El 16 de julio de 2023, en la T-4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas, el juez Emilio García-Cancho Murillo, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de dicha ciudad y recién elegido juez decano de los juzgados de Badajoz, le pedía un selfie a Santiago Abascal, líder del partido ultraderechista Vox, y le deseaba "buena suerte". 

Aquel gesto del juez García-Cancho ha provocado una petición en la plataforma Change.org para recabar firmas con las que pedir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que le abra un expediente informativo por presuntamente vulnerar la neutralidad política a la que se deben los miembros de la carrera judicial, según indica la Plataforma Independencia Judicial en Badajoz. 

Esta plataforma se presenta como "un grupo de ciudadanos independientes, no vinculados a ninguna plataforma ni partido político. Nos sentimos dañados por determinadas actuaciones dentro del ámbito judicial de Badajoz", consta en Change.org.

Meses después del selfie con Abascal, los jueces de la capital pacense, con Emilio García-Cancho a la cabeza, salieron a la calle a exigir separación de poderes e independencia judicial a raíz de la tramitación de la ley de amnistía. 

Para la Plataforma Independencia Judicial en Badajoz, el gesto del juez decano para con Abascal "no solo pone en entredicho su imparcialidad, sino que puede interpretarse como una muestra pública de afinidad política, lo cual vulnera las obligaciones de neutralidad que todo magistrado debe respetar". 

El precedente del juez Concepción

Sin embargo, hay que recordar que el CGPJ rechazó sancionar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, por manifestar públicamente su animadversión al Partido Comunista de España. 

"La democracia de un país se pone en solfa desde que el Partido Comunista, que es al que pertenece este señor [por Pablo Iglesias], forma parte del Gobierno", afirmó el 15 de febrero de 2021 el juez Concepción. 

La entonces vocal del CGPJ Concepción Sáez, el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas y la Asociación Red de Abogados Demócratas pidieron a la Comisión Disciplinaria del CGPJ que abriera un expediente sancionador por falta grave o muy grave al presidente del Tribunal Superior de Castilla y León por, entre otras cosas, mostrar en público, siendo juez, su animadversión al Partido Comunista. 

Pero la Comisión disciplinaria del Consejo se negó al considerar que el juez hizo uso de su libertad de expresión. 

Frente ultra contra Pedro Sánchez y su familia

Precisamente Badajoz es el escenario de una causa judicial muy especial que tiene que ver con Pedro Sánchez. Su hermano David está siendo investigado en el Juzgado de Instrucción 3, a cargo de la jueza Beatriz Biedma, por una denuncia inicial del pseudosindicato ultra Manos Limpias. 

La causa recuerda mucho a la que se libra en Madrid, a cargo del juez Peinado, contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. La juez Biedma ha admitido como acusación popular a todas las entidades que lo han solicitado: Manos Limpias, Vox, Hazte Oír, la Fundación Abogados Cristianos y Liberum; todas ellas, del mismo perfil ideológico, de extrema derecha. 

Todas estas organizaciones, salvo Liberum y Abogados Cristianos, están personadas también en la causa contra Begoña Gómez.

La denuncia inicial de Manos Limpias, por tráfico de influencias, se centraba en que David Sánchez presuntamente cobraba de la Diputación de Badajoz sin realizar ninguna labor como director de la Oficina de Artes Escénicas de dicha diputación. 

Manos Limpias denunciaba que el hermano del presidente del Gobierno reside en la localidad portuguesa de Elvas, fronteriza con Badajoz, a 18 kilómetros con la capital pacense. Y en esa pequeña ciudad Víctor de Aldama, investigado en el caso Koldo, tiene radicadas algunas de sus empresas. 

Esta aparente casualidad ha servido de base para que la jueza Biedma emprenda una investigación que podría rozar lo prospectivo, es decir, lo hipotético. Así, ordenó una investigación de las cuentas, inmuebles y automóviles, entre otros activos, de David Sánchez, para ver lo que cobra y quiénes son sus pagadores. 

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil descartó en su investigación irregularidades en ese sentido, pero la causa sigue abierta.