Los audios de las conversaciones entre el excomisario José Manuel Villarejo Pérez y la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en 2009, ya han dinamitado la carrera política de la otrora número dos del Partido Popular, pero además podrían indicar la posible comisión de graves delitos por parte de funcionarios de la Policía Nacional, así como por cargos públicos "tanto del Ejecutivo como del Legislativo".

Esta es al menos la tesis de Podemos, que ejerce como acusación popular en el caso Tándem, por el que el excomisario y miembro de las Cloacas de Interior ha sido imputado por varios delitos. En un escrito registrado este martes, al que ha tenido acceso Público, la formación morada pide al titular del Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, que practique un informe pericial previo sobre las grabaciones de las conversaciones entre Cospedal y Villarejo, pero también de los audios que afectan al excomisario y al empresario y esposo de la exnúmero dos del PP.

Según el escrito presentado por Podemos, en estas grabaciones "se apunta indiciariamente la posible comisión de delitos graves de cohecho, prevaricación, revelación de secretos, malversación de caudales públicos, obstrucción a la justicia, omisión del deber de perseguir delitos y tráfico de influencias".

Con este informe pericial, la formación morada quiere acreditar "si los archivos en bruto han sido manipulados" en lo que respecta a su duración, o al "eventual borrado de metadatos". También pide cotejar la identidad de las personas intervinientes en las grabaciones publicadas por el digital Moncloa.com.

Esto, siempre que ya se haya solicitado la remisión de estas grabaciones a este medio, solicitadas por el Juzgado el 28 de octubre, siempre según este escrito. El pasado 7 de noviembre, y tras dejar su asiento en el Comité Ejecutivo del Partido Popular, la exnúmero dos de la formación dejó su escaño en el Congreso de los Diputados. Las grabaciones volaron también la posibilidad de que Cospedal fuese cabeza de cartel para las elecciones europeas de 2019; opción que ella nunca confirmó.

Por su parte, Villarejo está en prisión provisional desde hace casi un año. Este miércoles se conoció que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha vuelto a negar la puesta en libertad al comisario jubilado. La Sala consideran que persisten tanto el riesgo de fuga como de destrucción de pruebas relevantes para la instrucción del caso.