El Congreso de los Diputados ha constituido este jueves la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, encargada de sentar las bases para una reforma del sistema de pensiones y de la Seguridad Social. Los miembros del órgano han elegido a la Mesa de la comisión, que estará presidida por la diputada del PSOE Josefa Andrés Barea.

La puesta en marcha del órgano, una de las últimas comisiones que quedaban por constituirse, se produce en uno de los momentos de más incertidumbre política tanto en lo referido a la legislatura como al futuro de las pensiones. A falta de apenas 10 días para la disolución de las Cortes, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no ha obtenido los apoyos necesarios para ser designado como presidente del Gobierno, y un acuerdo con Unidas Podemos parece inviable en este momento.

Si finalmente no tiene lugar la investidura de un líder del Ejecutivo, todos los trabajos que se desarrollan en la Cámara Baja, que apenas han echado a andar, decaerán con la disolución de las Cortes, incluidos los del Pacto de Toledo. No es la primera vez que un adelanto electoral da al traste con la actividad que se desarrolla en el órgano parlamentario.

En la pasada legislatura, la convocatoria anticipada de las elecciones, junto con el insuficiente acuerdo de los grupos políticos, acabaron haciendo estallar el Pacto cuando ya se habían alcanzado algunos acuerdos sobre reformas importantes del sistema de pensiones. La mayoría de los grupos del órgano culpó a los representantes de Unidos Podemos de haber “reventado” la comisión cuando ya había un principio de acuerdo en su seno.

Sin embargo, los de Pablo Iglesias defendieron que nunca habían comprometido su apoyo a ningún texto y tanto el grupo confederal como ERC acusaron al resto de grupos de querer “forzar” un acuerdo de mínimos ante el inminente adelanto electoral que provocó el fracaso de los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno.

A juicio de estos dos grupos, el acuerdo propuesto por el resto de partidos no revertía reformas impulsadas por el PP, como la ampliación del cálculo de la pensión a toda la vida laboral o la exigencia de cotizar 37 años para poder cobrar la pensión completa. La urgencia de las elecciones no dio lugar al acuerdo y el Pacto se dinamitó cuando apenas quedaban 10 días para los comicios.

Las pensiones, limitadas a una subida del 0,25%

La amenaza electoral se cierne de nuevo ahora sobre una comisión que ni siquiera ha empezado formalmente sus trabajos, pero que ya se ha constituido. Sin embargo, el adelanto de las elecciones puede afectar al futuro de las pensiones más allá del Pacto de Toledo. La reforma que aprobó el Gobierno de Rajoy en 2014 limita el crecimiento de las pensiones al 0,25%, por lo que, si no hay Gobierno antes del final del año, existe el riesgo de que no se actualicen respecto al IPC. El Gobierno de Sánchez aprobó un real decreto en diciembre para actualizar las pensiones de 2018 y 2019 respecto a este índice, pero la medida no se extiende hasta 2020.

Aunque un Gobierno en funciones podría llegar a aprobar la subida de las pensiones vía decreto si justifica la urgente necesidad de la medida en concreto, una segunda investidura fallida, con la consiguiente repetición electoral, complicaría mucho el sacar adelante una reforma en este sentido. Esto es así porque con la celebración de los comicios decaen todos los órganos legislativos del Congreso (incluida la Diputación Permanente), por lo que no se podría sacar adelante ninguna medida.

La Constitución recoge que, tras la celebración de los comicios, las Cortes deben volver a constituirse dentro de los 25 días posteriores a las elecciones, por lo que a principios de diciembre el Congreso debería disponer de, al menos, un Pleno y una Mesa, donde ya se podrían tramitar los decretos presentados por el Gobierno. Los plazos previstos para una actualización urgente de las pensiones vía decreto serían muy justos si se confirma la repetición electoral.

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ya ha avanzado que el Gobierno cumplirá “escrupulosamente” sus compromisos con los pensionistas, pero ha advertido de que, sin un Gobierno con sus plenas facultades y si unos nuevos Presupuestos Generales del Estado la situación se vuelve más compleja.

De repetirse las elecciones, no habría plazo para aprobar unas nuevas cuentas antes de que se acabara el año (la tramitación duraría, al menos, alrededor de dos meses). En cuanto a la viabilidad para formar Gobierno, dependería de las mayorías parlamentarias resultantes de la hipotética repetición electoral; por lo que la vía del decreto parece la única posible en este contexto.