La legislatura avanza y el tiempo apremia. La reforma de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, es uno de los principales compromisos del Gobierno de coalición con las fuerzas que le apoyan en el Congreso y, al mismo tiempo, uno de los mayores quebraderos de cabeza para estas fuerzas políticas favorables al cambio: PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu y Junts.

Su lastrada reforma, que acumula dos años de retraso solo en esta legislatura, se ha visto empañada por los sobresaltos que han copado la actualidad política, así como por las tensiones entre estos grupos. El último ejemplo fue el caso Pegasus, que provocó la ausencia temporal de ERC en las reuniones al margen de la ponencia de la comisión de Interior, convocadas bajo el firme compromiso de llegar a un acuerdo antes de verano y que al final no fue posible.

Finalmente, esas reuniones se han vuelto a producir tras el periodo estival y, aunque se ha avanzado tímidamente en algunos aspectos, en la última celebrada este lunes se ha vuelto a constatar los principales escollos que separan a los socialistas del resto de formaciones. El uso de las pelotas de goma (Artículo 23) y la regulación del precepto que recoge multas por faltas de respeto a los policías (Artículo 37.4) son las principales cuestiones sobre las que ERC y EH Bildu mantienen el pulso mientras el plazo límite deseado para acometer la modificación se agota.

Diferentes fuerzas parlamentarias coinciden en señalar que, de no alcanzar un acuerdo en estas materias antes de final de año, la prometida y ansiada reforma de la polémica ley aprobada por Mariano Rajoy en 2015 "se complica bastante" ante la proximidad del ciclo electoral de 2023, con las autonómicas y locales a finales de mayo, y las generales a finales del próximo curso.

En cuanto al polémico uso de las pelotas de goma, el PSOE mantiene la propuesta que presentó junto a Unidas Podemos a través de sus enmiendas. El texto se limita a señalar que "las autoridades competentes deberán desarrollar protocolos específicos, de acuerdo con los estándares internacionales, sobre el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables".

Más allá de que el grupo morado se ha abierto a estudiar otras posibilidades para acercar posturas, según sostienen fuentes de la negociación, ERC, EH Bildu y Junts insisten en la prohibición del uso de este material antidisturbios, tal como reconocen fuentes de estos partidos toda vez que las pelotas de goma fueron sustituidas por los proyectiles de foam en Catalunya hace ocho años.

Algo similar ocurre con la redacción del artículo que regula las multas por faltas de respeto a los policías. Este precepto y el de las sanciones por desobediencia o negativa a identificarse (Artículo 36.6) están detrás del elevado número de sanciones interpuestas desde la aprobación de la ley hace siete años, muchas de ellas en el contexto de manifestaciones y concentraciones pacíficas.

De nuevo ERC, EH Bildu y Junts hacen frente común para exigir que se suprima este artículo o que, según añaden estas fuentes, se concrete lo máximo posible para impedir que se aplique con arbitrariedad por parte de las autoridades policiales, según han denunciado diversos organismos y colectivos sociales a través de numerosos testimonios.