La campaña contra las balas de goma llega este miércoles al Congreso de los Diputados, más de un año después de que se presentara en Madrid el extenso informe sobre este material antidisturbios realizado por los colectivos Novact e Iridia, que ha recorrido diferentes ciudades del país y ha dado lugar a un manifiesto firmado por más de 200 organizaciones que exigen su prohibición.

Según el informe Stop balas de goma, en las últimas dos décadas ha habido hasta 40 víctimas de estos proyectiles empleados sobre todo por la Policía. La mayoría de los afectados han perdido un ojo, aunque también se han dado casos de daños irreversibles en los testículos o incluso la muerte, como la de Iñigo Cabacas en 2012 en un operativo de la Ertzaitza en Bilbao.

Este miércoles, algunas de las víctimas, como Ester Quintana, Carles Guillot o Roger Español expondrán una vez más sus casos en la sala Clara Campoamor del Congreso para pedir a los grupos parlamentarios que impulsen al menos una Proposición No de Ley para instar al Gobierno a prohibir el uso de esta munición.

Entre los colectivos adheridos a este manifiesto están Amnistía Internacional, la Organización Mundial contra la Tortura, la Asociación Libre de Abogadas y Abogados, SOS Racismo, el Centro Delàs de Estudios por la Paz o la Asociación
Pro Derechos Humanos de Andalucía.

Todas han remitido este miércoles una carta al Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para insistir en su solicitud, sobre todo después de conocerse hace menos de un mes la compra de 60.000 nuevas unidades de balas de goma.

Los colectivos critican que Interior comunicara esta partida en pleno debate parlamentario sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que precisamente lleva la prohibición de las pelotas de goma en uno de los puntos. Y parece una de los cambios clave para que salga adelante la reforma de la llamada ley mordaza, ya que varias formaciones consideran la prohibición una línea roja para votar a favor o en contra.

Iridia, Novact y numerosas organizaciones sociales insisten en que este armamento considerado "no letal" en realidad "no respeta los principios básicos de uso de la fuerza" desde una perspectiva de derecho internacional de los derechos humanos.

Así, las recomendaciones de la ONU sobre el uso de esta munición ya dejan claro que son imprevisibles y altamente peligrosas. En concreto, cuando la pelota de goma rebota en el suelo y se convierte en "un riesgo inaceptable de lesiones graves debido a la imprecisión resultante". Las Naciones Unidas dejan claro que nunca deben dirigirse ni a la cabeza ni al rostro ni al cuello de las personas, aunque en los últimos años han sido habituales los heridos en estas zonas del cuerpo en distintas manifestaciones.

Al mismo tiempo, las víctimas no solo tiene que aprender a vivir con las graves consecuencias físicas y psicológicas generadas por una actuación policial controvertida. También denuncian la impunidad que ampara a los agentes. De los 40 casos de heridos de gravedad o fallecidos, ninguno ha concluido con una condena al autor material del disparo. De hecho, el Tribunal de Derechos Humanos se ha pronunciado en hasta 12 sentencias contra España por falta de investigación en este tipo de actuaciones de las fuerzas de seguridad.

El informe que se presentan en el Congreso señala, además, la falta de una reparación efectiva para los lesionados. Ni hay registro oficiales, ninguna administración reacciona cuando se tiene constancia de un herido y, sobre todo, solo ocho de las 13 víctimas que han solicitado una reparación patrimonial por los daños la ha conseguido.