La Abogacía General del Estado, en representación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una querella por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado. Se trata de un cambio de estrategia drástico por parte del Ejecutivo que pasa por confrontar la actuación del juez también en el plano legal. Hasta ahora, los socialistas se habían limitado a criticar públicamente el proceso judicial abierto contra Begoña Gómez, pero con esta querella sube el tono y abre un nuevo capítulo.

Pedro Sánchez estaba llamado a declarar, la mañana de este martes, como testigo en la causa abierta contra su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción y que tiene su raíz en la denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias, aunque en ella también figuran otras acusaciones como la de Vox o la de la organización ultracatólica Hazte Oír. La declaración iba a ser en La Moncloa, hasta donde se desplazó el juez José Carlos Peinado tras denegarse al líder del Ejecutivo la posibilidad de declarar por escrito. Sánchez, en cualquier caso, se acogió a su derecho a no declarar para no perjudicar a su mujer, la principal investigada.

Desde las filas socialistas han cargado duramente contra la instrucción del juez, al que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acusó a Peinado de "retorcer la ley" y la ministra portavoz, Pilar Alegría, calificó el proceso, sin ambages, de "causa política".

En el escrito, en el que la Abogacía solicita que se practiquen diversas diligencias, se subraya que la querella no supone un ataque al poder judicial, sino "el intento de alejamiento del ejercicio puntual de un representante de ese poder, de la arbitrariedad proscrita constitucionalmente" dirigida en este caso al "máximo representante de otro de los poderes estatales", lo que "parece explicar el injusto proceder del Magistrado".

Con todo, la Abogacía del Estado ha querellado a Sánchez tanto por la providencia por la que se citó a Sánchez como testigo, como por la que sirvió para rechazar que declarase por escrito. En las dos cosas, los querellantes observan una presunta prevaricación del juez Juan Carlos Peinado y de su sustituto, Carlos Valle.

¿Qué dice la querella?

En la querella, la Abogacía del Estado hace referencia a varios apartados del Código Penal y a sentencias del Tribunal Supremo para justificar la acción contra el juez peinado. Especifica que "la cuestión de la responsabilidad penal del juez comienza allí donde la aplicación incorrecta de la ley no puede ser imputada a la falibilidad humana, sino al abuso de las funciones del juez. En estos supuestos la disfunción no es imputable al sistema, sino al juez, y es en estos casos donde se hace necesaria las exigencias de responsabilidad penal".

Y continúa: "En la prevaricación, lo relevante es el abuso de la función judicial en la aplicación del Derecho, comprensivo de la resolución del conflicto y de la dirección de una causa jurídica".

Para la Abogacía, la decisión de Peinado de citar a declarar a Sánchez como testigo ha sido "prevaricadora" porque en su providencia del 19 de julio "no hay una sola línea para motivar o justificar por qué la declaración no ha de hacerse por escrito". En este sentido, insiste en que "a día de hoy" desconoce las razones por las que el juez considera que Sánchez, como testigo, "solo pudo conocer los hechos sobre los que quiere preguntar fuera del ejercicio de su cargo".

Sobre este extremo, recuerda que la acusación popular manifestó públicamente que pedía la citación de Sánchez por su condición de presidente del Gobierno y dijo que quería "hacerle en sede judicial las preguntas que entiende no respondidas en sede parlamentaria".

Al hilo, incide en que "hay una larga historia de cómo resoluciones judiciales pueden influir en el devenir político de un país, tanto en España como en el extranjero" y recalca que incluso el Tribunal Supremo y otros órganos judiciales actúan con "mesura" y evitan hacer públicas resoluciones en periodos electorales. En el caso de la declaración de Sánchez, apunta que es "evidente" que "tiene una repercusión a la que no es insensible el legislador", dado que redactó una ley en la que distingue entre la testifical escrita y verbal, en sede judicial o fuera de ella.

"Se trata de impedir que el ejercicio del poder judicial altere innecesariamente el discurrir y labor de los demás poderes estatales. No hay duda de ello y no la ha habido desde la aprobación de nuestra sobradamente centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal", añade.

En el marco del escrito, la Abogacía insiste en que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid no cuenta con "un mínimo indicio" que "soporte" las diligencias que ha acordado y sostiene que con sus "conjeturas" genera un "descrédito gratuito" y "desprestigia" la Presidencia del Gobierno.

Así, solicita al tribunal que recabe copias autenticadas de las resoluciones adoptadas por el juez Peinado en el denominado 'caso Begoña Gómez'. También reclama que se cite a declarar al magistrado Carlos Valle, que en sustitución de Peinado dictó la providencia por la que se rechazó la petición de Sánchez de comparecer por escrito.