Varios eurodiputados del Partido Popular Europeo (PPE) han requerido a la justicia española explicaciones por el caso de la familia Kokorev, que ha pasado dos años en prisión provisional en una cárcel de Gran Canaria acusados de ser testaferros para el blanqueo de dinero del clan de Teodoro Obiang, el dictador de Guinea Ecuatorial.

En septiembre de 2015, el empresario hispano-ruso Vladimir Kokorev, su esposa Yulia y su hijo Igor fueron extraditados a España desde Panamá, donde se habían refugiado desde 2012 después de que la justicia les investigara durante una década. La orden de búsqueda y captura fue dictada por la juez Ana Isabel Vega, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas. Actualmente se les acusa de un delito de blanqueo de capitales por valor de 30 millones de dólares.

Desde entonces, la familia ha permanecido en prisión provisional bajo fianza de dos millones de euros cada uno. El pasado septiembre, poco antes de la queja de estos europarlamentarios, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas estimó el recurso presentado por la defensa de la mujer, Yulia Maleeva, contra el auto del Juzgado que acordó prorrogar su prisión preventiva. Fue puesta en libertad. Pocas semanas después, el hijo Igor también salía de la cárcel. Ambos tienen prohibido abandonar la isla de Gran Canaria.

Sin embargo, Vladimir Kokorev sigue en prisión pese a los recursos de su defensa, que ha conseguido que la fianza sea rebajada hasta los 600.000 euros. Una reducción que, por otra parte, no posibilita su salida de prisión pese a que, según denuncia su abogado, ya ha cumplido la tercera parte de su posible condena. La pena máxima por blanqueo de capitales es de seis años de cárcel, señala el letrado Antonio José García Cabrera, quien ha recurrido de nuevo el auto que prorroga su prisión provisional cuando aún no hay una fecha fijada para el juicio y, según la propia Audiencia Provincial, no se va a fijar en al menos dos años.

Los eurodiputados conservadores, encabezados por el italiano Fulvio Martusciello, han tratado este caso en Bruselas y han pedido explicaciones a la Fiscalía General del Estado, en una carta dirigida al difundo José Manuel Maza; al Consejo General del Poder Judicial español y al Defensor del Pueblo por una supuesta vulneración de los derechos humanos del empresario hispano ruso encarcelado y por irregularidades en el dilatado proceso judicial.

Salud delicada

Al mismo tiempo, junto a los abogados de la familia, los eurodiputados llevaron una queja formal ante la Comisión de Derechos Humanos de Bruselas por el delicado estado de salud Vladimir Kokorev, de 65 años.

El letrado de Kokorev ha solicitado recientemente la excarcelación sin fianza del presunto testaferro del dictador africano alegando que tiene diagnosticadas "severas dolencias cardiacas", entre ellas una "cardiopatía isquémica", además de diabetes que le provoca pérdida de visión. También sufre mareos con regularidad, padece hipertensión constante y toma "15 pastillas diarias", según los servicios médicos penitenciarios, que le han otorgados baja médica indefinida con permiso para permanecer todo el día en su celda. Una situación que reduciría a cero cualquier intento de fuga, alega su defensa.

Al mismo tiempo, el abogado defensor asegura que la fianza de 600.000 euros supone de facto  una prisión ineludible, ya que sobre Kokorev recae la prohibición de disponer de todos sus bienes. "Es como si los tuviera embargados, por lo que no tiene posibilidad de que reunir el dinero de la fianza", explica el letrado, que ya intentó abonar la fianza con el patrimonio inmobiliario en Canarias del encarcelado, pero fue rechazado por la juez.