El Parlament de Catalunya ha confirmado en un informe que Ignacio Garriga, presidente del grupo parlamentario Vox y número dos de la formación, facturó cerca de 40.000 euros al grupo parlamentario por "servicios de despacho y atención en sede". Además, se le atribuyen múltiples gastos personales cargados al grupo. Este comunicado adelantado por El Confidencial, se ha emitido tras una denuncia presentada por Isabel Lázaro, exdiputada de Vox, ante la Oficina Antifraude de Catalunya.

Específicamente, durante los ejercicios de 2021 y 2022, Garriga cargó al Parlament numerosos gastos personales, incluyendo pedidos de comida a domicilio, servicios de tintorería y peluquería, así como la cuota anual de la Asociación de Familias de Alumnos del colegio de sus hijos.

Inicialmente, Lázaro llevó estos gastos irregulares a la atención de la ejecutiva de Vox. Posteriormente, presentó una denuncia ante la Oficina Antifraude de Catalunya, que trasladó la investigación al órgano competente del Parlament, la Oidoría de Cuentas.

Tras conocerse la denuncia de Lázaro, el presidente de Vox, Santiago Abascal, respaldó a Garriga, argumentando que la denuncia se debía a que la diputada no fue incluida en las listas al Parlament.

Fuentes parlamentarias han informado que en la declaración de actividades de Garriga de los años 2021 y 2022 no aparece registrado ningún ingreso por servicios profesionales, pese a haber cobrado un total de 38.496,59 euros por dichos conceptos.

Frente a esta situación, la Mesa de la Diputación Permanente del Parlament ha solicitado al grupo parlamentario de Vox que detalle los servicios prestados por Garriga. Además, ha desarrollado una nueva normativa sobre las subvenciones a los grupos parlamentarios.

De acuerdo con esta nueva normativa, publicada en el Boletín Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) y vigente desde esta legislatura, los grupos parlamentarios deberán devolver las subvenciones recibidas si no presentan la documentación requerida para justificar su uso.

La CUP pide a la Mesa que "depure responsabilidades"

Tras la divulgación del informe del Parlament, la CUP ha presentado un escrito ante la Mesa en el que insta a que "actúe con prontitud y tome las medidas necesarias sin demora" y que aplique un control financiero más riguroso a las subvenciones otorgadas a los grupos parlamentarios.

En un comunicado publicado en las redes sociales, la diputada de la CUP en el Parlament, Laia Estrada, ha reclamado a la Mesa que "depure responsabilidades", señalando: "¡La ultraderecha llega al Parlament y ya se han lanzado a apropiarse de los recursos...!", ha manifestado.