Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al Tribunal Supremo la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos de la causa que tiene abierta el empresario por presunto fraude fiscal.

En un escrito adelantado por El Mundo, la defensa de González Amador apoya que se abra causa penal contra Álvaro García Ortiz y contra la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) elevase una exposición razonada contra el fiscal general por revelación de secretos.

Precisamente este martes, el Tribunal Supremo pedía a la Fiscalía que informe sobre si debe admitir a trámite esa exposición razonada que remitió el Tribunal de Justicia de Madrid tras una querella que interpuso el propio Alberto González Amador contra el fiscal del caso y la fiscal jefe de Madrid.

Con esta decisión, el Supremo pone en marcha el reloj para decidir si acuerda investigar penalmente al fiscal general del Estado, quien ya asumió públicamente la responsabilidad de haber ordenado la publicación de una nota de prensa con datos de la investigación abierta a González Amador por presunto fraude a Hacienda.

Esa nota aclaraba algunos extremos de la causa penal al empresario y de su propuesta de llegar a un acuerdo con el fiscal del caso para reducir su eventual condena ante informaciones que apuntaban a que el pacto lo habían ofrecido los fiscales y no el empresario, como había ocurrido en realidad.

Al margen de este procedimiento, la pareja de Díaz Ayuso también ha presentado una demanda contra Isabel Rodríguez, la ministra de Vivienda, por intromisión legítima de su derecho al honor, al igual que hizo con la vicepresidenta María Jesús Montero en relación a unas declaraciones públicas de ambas, según ha adelantado El Confidencial y confirman fuentes jurídicas.

Un juzgado de Madrid ha convocado el próximo 5 de noviembre el acto de conciliación preceptivo en este tipo de demandas, un trámite inicial al que no está obligada a acudir la ministra ni su representación legal, según las fuentes consultadas.

Tras dicho acto, el empresario podría continuar su batalla legal por la vía penal mediante una querella, o seguir por la vía civil, en cuyo caso el asunto recaería en otro juzgado.

El empresario reclama a Isabel Rodríguez 20.000 euros por unas declaraciones que realizó en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 19 de marzo.

En el caso de María Jesús Montero, el acto de conciliación está programado el próximo 2 de octubre en el juzgado de primera instancia 49 de Madrid.