El titular del juzgado de instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha estrenado el curso judicial oponiéndose a la orden que dictó la Sala de lo Penal el pasado mes de junio. En ella se le instaba a llevar a cabo las diligencias pendientes en el caso que investiga la implicación de la cúpula de seguridad de Guinea Ecuatorial por el presunto secuestro y torturas de cuatro exiliados del país africano que residían en España. Entre los acusados se encuentra Carmelo Ovono, uno de los hijos de Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial desde hace 45 años.

Pero ¿qué papel tiene Manuela Carmena en esta investigación judicial? Antes de ser alcaldesa de Madrid por Ahora Madrid, posteriormente Más Madrid, entre 2015 y 2019, Carmena fue relatora del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU. En 2007 viajó junto a su entonces compañera, la jurista paraguaya Soledad Villagra, a Guinea Ecuatorial para revisar el estado del sistema penitenciario del país.

Tal y como relató Villagra en conversaciones con Público, el Grupo encontró "todas las cárceles recién pintaditas" y a los presos "con uniformes nuevos". Sin embargo, el lavado de cara de las prisiones no pudo ocultar la realidad de un país que había sufrido el yugo colonial del franquismo, seguida de la dictadura de Francisco Macías, que terminó siendo sustituida por la de Teodoro Obiang tras el golpe de Estado perpetrado en 1979.

Durante la visita de las relatoras a Guinea Ecuatorial, los familiares de varios opositores aseguraron a las relatoras que estos se encontraban encerrados en las prisiones, a pesar de que las autoridades del país lo negaron. Sus nombres eran Juan Ondo Abaga, Felipe Esono Ntutumu, Florencio Ela Bibang y Antimo Edu Nchama. Todos ellos se habían exiliado a países vecinos debido a la persecución del régimen de Obiang. Según contaron a las relatoras sus familiares, los cuatro hombres habían sido secuestrados "en un avión presidencial" y trasladados a Guinea Ecuatorial, recuerda Soledad Villagra. Las autoridades de Guinea "nos mintieron en la cara", evidencia.

El informe emitido en 2008 por las relatoras fue demoledor. En él mostraron "particular preocupación (...) respecto a las detenciones secretas y al secuestro de opositores políticos en países vecinos" y subrayaban que "las autoridades [de Guinea Ecuatorial] no han reconocido tener a estas personas en detención, lo que las coloca técnicamente en situación de desaparecidas".

La misma estrategia es la que pudo haber aplicado el régimen africano 12 años después con Feliciano Efa, Bienvenido Ndong, Martín Obiang y el español Julio Obama. Todos ellos eran miembros del Movimiento por la Liberación de Guinea Ecuatorial III República (MLG3R), fundada por opositores a Obiang en el exilio y residían en España a causa de la persecución. Desde aquí viajaron a finales de 2019 hasta Sudán del Sur, atraídos por una supuesta oferta de trabajo, según denunció la acusación.

De acuerdo a las investigaciones policiales en curso, los hombres fueron detenidos en el mismo aeropuerto de Juba, capital de Sudán del Sur, y posteriormente trasladados en un avión presidencial hasta Malabo (Guinea Ecuatorial). Tanto la acusación como la principal línea de investigación policial, consideran que los secuestros fueron llevados a cabo por Nicolás Obama, ministro delegado de Seguridad Nacional, Isaac Ngema Endo, director general de Seguridad Nacional, y Carmelo Ovono, jefe del servicio secreto en el exterior e hijo del presidente. Durante meses, el Gobierno ecuatoguineano negó conocer el paradero de los desaparecidos.

En la primavera de 2020, sin embargo, la televisión ecuatoguineana publicó imágenes de un juicio militar en el que los cuatro hombres eran condenados a más de 90 años de cárcel por el presunto golpe de Estado de 2017. Tres de ellos permanecen en prisión, mientras que el cuarto, el español Julio Obama, falleció mientras cumplía condena. Las autoridades ecuatoguineanas han hecho caso omiso de la orden de repatriación del cuerpo dictada desde España.

La similitud de este caso con el descubierto por Manuela Carmena y Soledad Villagra en su visita a Guinea Ecuatorial en 2007, así como los hallados por la Policía Nacional española en otros países europeos como Italia o Bélgica, evidencian la existencia de un patrón de persecución de los opositores de Obiang en el extranjero. Se trata de una posibilidad que ya ha esbozado la Policía Nacional en sus informes sobre el caso, en los que habla de "sistematicidad" en los secuestros. Es como prueba de este patrón –en el que se podrían enmarcar los secuestros de los miembros del MLGE3R en 2019– que la acusación pidió la declaración de Manuela Carmena en calidad de testigo.

¿Deshacerse del caso?

Con el rechazo del instructor del caso de tomar declaración a Carmena, el juez Pedraz sube un escalón en su intento de dejar morir el caso. Hasta el momento, Pedraz había rechazado de forma casi automática las peticiones de Fiscalía y acusación. Lo intentó todo: no obligó a declarar presencialmente a los acusados, rechazó dictar las órdenes de detención contra ellos y, en última instancia, cedió la jurisdicción del caso a Guinea Ecuatorial, un país cuya Justicia está mediada por el jefe del Estado y padre de uno de los acusados.

Uno a uno, sus autos de Pedraz, fueron elevados por la acusación a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que en varios autos dados a conocer entre el pasado mes de enero y junio instó al instructor a continuar con las diligencias, incluida la toma de declaración de Manuela Carmena en calidad de testigo. Ahora, Pedraz rechaza escuchar a la exalcaldesa, alegando que fue relatora de la ONU en un periodo anterior al que tuvieron lugar los hechos que actualmente investiga la Audiencia Nacional. Ignora así todos los indicios –incluidas las pesquisas policiales– que creen haber hallado un patrón en los secuestros de la oposición ecuatoguineana. La acusación ha asegurado que interpondrá una nueva reclamación ante la Sala contra la decisión del juez instructor.