Comunidad de Madrid covid-19La pandemia no frena el plan de privatización del PP en la sanidad y educación madrileña

La emergencia sanitaria de la covid-19 ha puesto a prueba la gestión de los servicios públicos de las comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid es una de las regiones que más ha sufrido los estragos de la pandemia, con hospitales al borde del colapso por la falta de camas y equipos, con las funerarias de la capital dejando de recoger fallecidos por la falta de material y las residencias manteniendo durante días cadáveres en habitaciones.

Los recortes, la derivación de fondos y deterioro del sistema público de salud. Estas son las principales causas del continuado aumento de la privatización de la sanidad en España durante los últimos años, previos a la extensión del coronavirus, tal y como asegura un informe publicado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Madrid lidera varios indicadores con esta tendencia, como el porcentaje de camas privadas sobre el total (27,72% en Madrid versus 5,13% en La Rioja) o el aumento de la frecuentación de las consultas de especialistas en la privada, 1,34 consultas por año y habitante (frente al 0,34 de Castilla y León).

"La austeridad ha pasado factura al Estado del Bienestar", denuncia el secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) José María Mollinedo, a este diario, "cuando se hablaba eufemísticamente de adelgazar el estado, de quitarle grasa. Le hemos quitado demasiada", expone. Mollinedo considera que los recortes en el ámbito sanitario en Madrid suponen una prueba de que la sanidad, a su juicio, "está haciendo aguas".

La operación desplegada con el gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso pretende ser la punta de lanza del Partido Popular para desarrollar e implantar sus políticas liberales con el fin de preparar el desembarco popular en el Gobierno central. Madrid quiere ser el "laboratorio de ideas" del PP; los conservadores llevan décadas gobernando en la región, ahora de la mano de Ciudadanos, y la han convertido en una ‘vía de escape’ para los impuestos de los más ricos, en lo que se conoce como dumping fiscal.

Mónica García: "La gestión del gobierno de Ayuso se traducirá en recortes, pese a que somos la comunidad que menos invierte por habitante en Sanidad"

La diputada de Más Madrid Mónica García, médica de profesión, señala a Público que las consecuencias de la crisis sanitaria la acabaran pagando los servicios públicos. "Por arriba no van a tocar nada, de hecho, hasta hace dos días seguían defendiendo que iban a bajar los impuestos. El gobierno del PP tiene muy claro a quien protege: a las rentas más altas", añade. "A la vista de lo que han hecho hasta ahora, la gestión del actual gobierno se traducirá en recortes o en mantener los recortes que ya se han hecho hasta ahora, pese a que somos la comunidad que menos invierte por habitante en Sanidad y atención primaria".

García pone el foco en el actual consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty. Su trayectoria ha estado marcada por su apuesta por la privatización sanitaria bajo el dogma liberal del laissez-faire’ —la doctrina que se opone a la injerencia gubernamental en asuntos económicos—. El anuncio de la privatización de la gestión de seis hospitales públicos y 27 centros de salud en el Ejecutivo presidido entonces por Ignacio González —imputado ahora como principal acusado en el caso Lezo— incendió a la comunidad sanitaria en 2013, cuando él era el consejero de Sanidad.

La medida generó un amplio rechazo en las calles por parte de la sociedad civil, sindicatos, partidos y profesionales de la sanidad en lo que se conoció como la Marea Blanca. Los recursos judiciales presentados por este movimiento impidieron a Lasquetty llevar su plan privatizador a cabo. En enero de 2014 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) suspendió cautelarmente el proceso de privatización —una propuesta que acabó avalando el Tribunal Constitucional en 2015— y, en consecuencia, Lasquetty dimitió de su cargo.

"La influencia de Lasquetty es evidente, aunque sea el consejero de Hacienda, influye en cómo se está llevando la gestión sanitaria. Puso al frente a Burgueño, hija de uno de los ideólogos de la privatización sanitaria... la ideología que están llevando a cabo es 'made in Lasquetty'. Y él no lo oculta: él dice que no quiere funcionarios, que lo público no funciona. Forma parte de ese eje aguirrista, aznarista, en el que ahora gira todo el PP de Madrid", señala García.

"Van a intentar conseguir dinero con la privatización", apunta el portavoz adjunto de Unidas Podemos-IU en la Asamblea de Madrid, Jacinto Morano, a Público. "Ese es el plan de Laquetty: rastrear todo lo público para ver de dónde saca dinero" añade. "Si el Gobierno no llega a poner la ayuda a fondo perdido, la Comunidad de Madrid no te voy a decir que quiebra, pero tendría muchas problemas para pagar las nóminas", argumenta. Es más, el diputado madrieño recuerda que la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) tenía previsto conceder un crédito de hasta 185 millones a la Comunidad de Madrid al 0%, como desveló este diario. "Imagínate como tienen que estar las cuentas… temblando", zanja.

El consejero madrileño aseguró en una entrevista en el diario El Mundo publicada el pasado mes de abril que se "reafirmaba" en defender la gestión sanitaria privada. "La primera oleada de casos fue el hospital de Torrejón, que es público con gestión privada. Se está demostrando que la fórmula de hospital público bajo gestión privada funciona y es capaz de dar respuesta extraordinaria eficiente y productiva", dijo.

La entrada del capital privado al Hospital Niño Jesús

Y este plan privatizador continuará pese al daño de la pandemia en la comunidad. Un día después de que la región entrara en la fase 1, Ayuso aprovechó una visita al Hospital Niño Jesús para anunciar la entrada de capital privado por primera vez en esta institución, que hasta ahora ha funcionado íntegramente con fondos públicos. El anuncio llegó camuflado en el plan de la presidenta madrileña para ampliar las instalaciones del centro hospitalario infantil con un nuevo pabellón de unos 9.000 metros cuadrados y la construcción de un aparcamiento subterráneo.

Ayuso continúa así con el legado privatizador de la expresidenta Esperanza Aguirre, quien durante sus años al frente de la Comunidad de Madrid dio luz verde a la entrada de empresas privadas en la gestión de hasta siete centros hospitalarios madrileños: el Infanta Leonor (Vallecas), el Infanta Sofía (Alcobendas), el Hospital del Tajo (Aranjuez), el Hospital del Sureste (Arganda), el Infanta Cristina (Parla), el Hospital del Henares (Coslada) o el Hospital de Valdemoro. Un modelo que puede haber generado unos sobrecostes de 3.000 millones de euros para las arcas públicas, según denunció en febrero Más País.

"Es el mismo modelo que el de Aguirre, eso del coste cero es mentira", resume García. "Dicen que el hospital no nos va a costar nada, que lo va a construir una empresa y luego le pagamos un canon, pero al final tenemos experiencias que demuestran que ese modus operandi hace rehén a una administración de ese contrato. Si, de repente, después de 5 o 10 años, el servicio que se están dando es malo no lo puedes rescatar porque está blindando", argumenta.

Aparte de contar con el rechazo de la oposición, durante estas semanas el movimiento ‘Sanitarios Necesarios', que reivindica que son trabajadores sin carácter político ni sindical, ha convocado a los trabajadores de la sanidad para que salgan a las puertas de sus centros de salud "a dar visibilidad a la situación de precariedad".

"No podemos seguir permitiendo más recortes y privatizaciones", señalan los profesionales sanitarios que protestan frente a los hospitales

"No podemos seguir permitiendo más recortes y privatizaciones porque han empobrecido la calidad de nuestro sistema sanitario. La protección de la salud es un derecho fundamental, es urgente fortalecerla con mayor presupuesto nacional y autonómico", pidieron los manifestantes congregados ante algunos hospitales de la Comunidad de Madrid, como el Gregorio Marañón o La Paz. Dichos manifestantes mostraron también su rechazo a la "entrada de capital privado" en el hospital Niño Jesús de Madrid y reclamaron "blindar" las residencias de mayores porque "no son un negocio".

Los sindicatos y la oposición, preocupados por los recortes de la Comunidad de Madrid en la educación pública

El sindicato de Comisiones Obreras alerto hace unos días de que el próximo curso la Comunidad de Madrid tendrá 14.121 plazas menos en la educación pública. El dato procede de un estudio realizado tras recopilar centro a centro el número de plazas disponibles en proceso de admisión de alumnos que se abrió a medidados de mayo en Madrid y que finaliza el viernes 5 de junio.

"Desaparecen en total 466 grupos" o clases de distintas etapas educativas (Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato), según dicho estudio. Isabel Galvín, secretaria general de enseñanza de Comisiones Obreras Madrid, apunta que la medida es "especialmente grave en bachillerato, donde ya faltaban plazas públicas en años anteriores, y en infantil, donde desaparecen 4.175 plazas". La zona más afectada sería el sur de Madrid, donde, según denuncia, "las aulas están ya especialmente saturadas".

La presidenta madrileña se apresuró a contradecir los datos del sindicato vía Twitter. "El año pasado ofertamos 178.025 plazas y este año 178.261. De momento son 236 más, no 14.000 menos. Y se aumentarán entre 8.000 y 10.000 más según las solicitudes que haya", explicó.

El consejero de Educación, Enrique Ossorio, también niega esta supresión de plazas en la escuela pública. En la comisión celebrada este viernes en la Asamblea de Madrid con los grupos de la oposición, Ossorio ha dado los mismos datos que la presidenta y ha asegurado que luego las plazas se aumentarán en más de 10.000 en el momento de la matriculación. El dirigente madrileño ha asegurado que el dato indicado por CCOO es incorrecto y que forma parte de la "campaña de todos los años" por parte de los sindicatos.

El secretario general de la federación de servicios a la ciudadanía (FSC-CCOO) en la Administración General del Estado (AGE), José Manuel Vera, también ha apuntado recientemente que organismos como el servicio público de empleo estatal (SEPE) han sufrido un incremento "exponencial" de las privatizaciones en la prestación de sus servicios.

Para la portavoz de educación del PSOE en la Asamblea de Madrid, Marta Bernardo, faltan "infraestructuras y plazas" en la educación para el próximo curso."Están aprovechando para subir la ratio en una situación en la que todavía no sabemos como van a estar los niños", señala en conversación con Público. "Me preocupa porque están actuando como si nada hubiera pasado. No tienen protocolo, ni los profesores, ni los directores", indica.

Jacinto Morano: "Es muy posible que la Comunidad de Madrid haya ganado dinero con la crisis en el ámbito educativo"

Morano, por su parte, "da por hecho" que habrá más recortes en educación: "Cuando empieza la crisis, ¿qué es lo primero que hacen? Suspender los convenios de las escuelas infantes, suspender los contratos de alimentación, se metieron un ahorro muy fuerte", señala, una exposición que también le ha hecho a Ossorio en la comisión. "No han hecho llamamiento a profesores interinos, es muy posible que se haya ganado dinero con la crisis en el ámbito educativo. El consejero de educación se la limitado a contestar que en Sanidad la Comunidad de Madrid ha gastado "de una manera bestial", sin aclarar si realmente su consejería ha ahorrado dinero.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, muestran su "absoluta preocupación" tras ser consultada por este diario en su delegación de Madrid. CSIF señala que "no se debe recortar ninguna plaza ahora mismo" y, según el dato que tienen contrastado, advierten de que "más de 400 aulas se van a suprimir". El sindicato pide que se extremen las precauciones el próximo curso en las aulas, que deberá conllevar un descenso de la ratio y un aumento en las plantillas del profesorado.

Por lo que respecta al sindicato Unión General de los Trabajadores (UGT), la secretaria de Enseñanza de la Federación de empleados de servicios públicos (FeSP) de Madrid, Teresa Jusdado, señala que su principal demanda en el ámbito educativo es que se cubran "todas las vacantes que se han ido produciendo por las bajas por incapacidad" y rechaza frontalmente que se emplee a "voluntarios, estudiantes de magisterio o monitores" para atender al alumnado, como sugirió Ossorio en una entrevista esta misma semana.

La concertada le gana terreno a la educacion pública

Jusado advierte que desde UGT están elaborando un informe con datos publicados en los que están viendo "un incremento de plazas de la concertada en detrimento de la pública". La secretaria de Enseñanza asegura que esta es "una línea que lleva siguiendo la Comunidad de Madrid" desde hace muchos años. "Ofertan más plazas en la concertada que en la pública, de forma que la van desmantelado", lamenta.

Los centros de titularidad no pública alcanzan en Madrid una cuota de mercado del 49,8% en infantil (26,2% para la concertada y 22,7% para la privada), la única etapa en la que supera al País Vasco, un 46% en primaria (36,5% y 9,5%) y un 48,1% en la ESO (37,7% y 10,4%), mientras que en las etapas no obligatorias llegan al 37,2% (14,5% y 22,7%) en bachiller y al 35,1% (todo privado) en FP de segundo grado.

Madrid es la segunda región con mayor segregación escolar de toda Europa por nivel socioeconómico

Madrid es la segunda región con mayor segregación escolar de toda Europa por nivel socioeconómico, según las conclusiones de un estudio publicado en la Revista de Sociología de la Educación, basado en datos del informe PISA 2015, con la firma de la Universidad Autónoma de Madrid. Este estudio relaciona los resultados con las políticas educativas aplicadas por los gobiernos del PP

"Madrid, con el Gobierno liberal de Aguirre, concedió muchos conciertos en lo que se dio en llamar la 'nueva concertada'', con un modelo liberal desproporcionado", explica Jesús Gualix, para quien "Madrid es un mal ejemplo de cómo gestionar la concertada, porque eliminó vías de la pública que se asignaban a ésta. No aportó nada y perjudicó a la concertada tradicional".

Cuando llegó al poder, Ayuso creó una nueva Dirección General a la educación concertada en Madrid, que actualmente dirige Manuel Bautista, y este viernes ha comparecido en la comisión de educación. Desde allí ha defendido su gestión durante la pandemia junto con la "libertad de elección centros". Bautista llegó al puesto tras la dimisión de Concepción Canoyra después de la publicación de una información en la que se la acusaba de haber plagiado parte de su tesis doctoral en la Universidad Camilo José Cela.