El pago con dinero público en prostíbulos, un escándalo de corrupción por el que están acusados dos exaltos cargos de la Junta de Andalucía de la etapa socialista, Fernando Villén, exdirector de la Fundación Fondo de Formación y Empleo (Faffe), hoy extinta, y Ana Valls, la exgerente, entrará en próximas fechas, siete años después, en la fase de juicio oral, la previa a la sentencia, tras haber concluido el juzgado la instrucción. Las partes presentan estos días al juzgado sus escritos de acusación y defensa.

Este caso ha causado una gran polvareda política y, después del caso de los ERE (que, a falta de que el Supremo revise los recursos sobre la sentencia de la Audiencia de Sevilla, se ha saldado con dos expresidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados), es el que más quebraderos de cabeza ha causado al PSOE debido a su simpleza y a la imagen de completa impunidad y deterioro que ofrece de la Consejería de Empleo en los últimos años de Gobierno de Chaves. El descontrol y el desafuero en esa era Consejería, de la que dependía la Faffe, un organismo creado para el fomento y promoción de los sectores industriales y para el fomento del empleo, era máximo en aquellos tiempos y es una de las razones, acompañada de otras, que explican la victoria de las derechas en las autonómicas.

Para el PP, el caso, que llega a juicio oral en un momento en que se acercan las elecciones, forma parte de su estrategia de llegar a esos comicios (sean cuando sean, ya o en primavera o invierno de 2022) con este asunto vivo. Una comisión de investigación sigue abierta en el Parlamento y lo estará, previsiblemente, mientras convenga a los objetivos políticos de PP, Ciudadanos y Vox, entre los que está que la ciudadanía no se olvide de estos asuntos. A esa comisión fue convocada a principios de septiembre Carmen Ibanco, que fue trabajadora de la Faffe, y es la esposa del secretario general del PSOE, Juan Espadas, en un intento de mezclarlo todo y vincular al jefe de la oposición y su familia con un asunto con el que no tienen nada que ver, 

Además del gasto en prostíbulos, en la Faffe se produjeron en aquellos años, según ha revelado la investigación judicial, presuntas contrataciones por enchufe y un amplio catálogo de otras irregularidades. El PP justificó la presencia de Ibanco en la comisión en este contexto. Su portavoz, José Antonio Nieto, afirmó que no creía que Ibanco tuviera responsabilidades, pero aún así la sometieron a la pena de telediario, porque, para la derecha, Ibanco es "un claro ejemplo" de la "evidencia absoluta de que ha habido [en la Fundación] enchufismo, intrusismo y nepotismo".

La acusación contra Villén

Las pruebas contra Villén y Valls son sólidas y vienen detalladas en un escrito de la Fiscalía Anticorrupción, en que el Ministerio Público pide seis años de cárcel para el director y cuatro para la gerente, como cooperadora, por delitos de malversación y falsificación de documento oficial, además de devolver las cantidades "distraídas".

Frente al argumento esgrimido por la defensa de que una vez producido el pago, con una tarjeta de la fundación, ese gasto luego se reintegraba en la caja, la fiscalía asegura que no fue así, que se produjeron simulaciones de reintegro y que, por tanto, se malversó efectivamente dinero público en burdeles: "Simularon anticipos inexistentes y reintegro de gastos no reales para cuadrar los gastos". Luego, añade: "El cuantioso gasto efectuado los días 22 y 23 de marzo de 2010 en Don Angelo que asciende a 14.737 euros, como en todas las ocasiones lo pagó Villén con la tarjeta de la fundación, si bien al día siguiente y tras intentar disimular su utilización, se devolvió en metálico por el acusado, pero empleando fondos de la fundación".

Los fiscales detallan que Villén disponía de seis tarjetas de crédito diferentes y que con ellas, "abusando de la disponibilidad que le ofrecían" gastó 32.556 euros en prostíbulos; 21.005 euros en restaruantes; 11.200 en peajes; 2.520 en hoteles; 216 en estaciones de servicio; 136 en discotecas; 113 euros en El Corte Inglés, y otros 4.321 que están sin identificar.

Los fiscales afirman en el escrito elevado al juzgado que Villén, "con desprecio a los más elementales deberes de su cargo y en detrimento de los fondos que su posición le obligaba a disponer y administrar, satisfacía sus lúbricos deseos en locales de alterne y prostíbulos de la geografía andaluza. En ocasiones llegaba a organizar orgías con terceros no identificados que llegaron a alcanzar una cuantía considerable".

Según Anticorrupción, en el Don Angelo de Sevilla gastó 25.277 euros en 8 sesiones entre 2004 y 2010. En el Top Show Girls, en Mérida gastó 2.591 euros en tres días de mayo de 2005. En La Casita, de Sevilla, soltó 780 euros en una sola noche, en noviembre de 2005. En Sala delux Pub Ła Movida, en Córdoba, fueron 1.390 euros en dos días de abril de 2006. Y en pagos en bahía 2, restaurante Bahía 16, fueron 1.930 euros en dos días de abril de 2008.

El origen y evolución del caso

El caso de la Faffe inició su recorrido judicial en el año 2014. Un informe de la Cámara de Cuentas, que solicitó el propio Gobierno andaluz, dirigido a la sazón por José Antonio Griñán, reveló que la fundación había recibido casi 49 millones de euros en ayudas sin que constase "justificación alguna".

Ese informe señalaba además que "podrían derivarse responsabilidades administrativas y contables" debido a un amplio catálogo de presuntas irregularidades. Entre ellas: "Los cursos para desempleados no incluidos en el fichero; la aprobación de modificaciones de las resoluciones de concesión por un órgano no competente; la concesión de ayudas por encima del importe máximo permitido; la imputación como subvencionables de gastos no elegibles; la no exigencia de intereses de demora en casos de reintegro; la ausencia de justificación en las subvenciones nominativas a la Faffe; y, la declaración de excepcionalidad, el incumplimiento de requisitos para la subcontratación, y la falta de justificación de la subvención excepcional a la Faffe".

El entonces Fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón, después de que la Policía Judicial estudiara el trabajo de la Cámara de Cuentas y llegara a la conclusión de que existían en efecto "numerosas irregularidades", amén de un "manifiesto desorden en la concesión" de ayudas, y también en algunos casos una "ausencia de justificación del gasto realizado" decidió enviar el asunto al juzgado número 6 de Sevilla, dirigido en aquel momento por Mercedes Alaya –la impulsora del caso de los ERE–, quien ya había arrancado una investigación sobre los cursos de formación para parados.

Después, tras el traslado de Alaya a la Audiencia, el caso ha pasado por la magistrada María Núñez, quien al comprobar que el caso tenía entidad por sí mismo ordenó abrir una pieza dedicada en solitario a la Faffe, y hoy lleva las riendas del asunto el juez José Ignacio Vilaplana, que se dispone de inmediato a dictar la apertura de juicio oral en cuanto tenga todos los escritos y se resuelvan todos los trámites.

Durante la investigación, la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han ido concretando las cifras de las presuntas ilegalidades y también hallaron las pruebas del pago en prostíbulos. Así, tanto la la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado como el Ministerio Público consideran que los directivos de la Faffe realizaron contratos "indiciariamente irregulares" al menos por un importe de 9.465.332 euros. "La fundación habría adjudicado la mayoría de los contratos tramitados entre los años 2008, 2009 y 2010 mediante procedimientos de adjudicación simplificados, adjudicación directa, general y simplificados con y sin publicidad, que según la normativa tendría carácter excepcional". Estos asuntos los investiga Vilaplana en otra pieza.