La federación de asociaciones de padres y madres de alumnos de centros públicos de Madrid (FAPA Francisco Giner de los Ríos) y el Círculo de Calidad Educativa, Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) han registrado en la Asamblea de Madrid dos informes dos informes realizados por consultoras especializadas que concluyen que "los colegios denominados Nueva Concertada de Madrid se financian de manera irregular, obteniendo un lucro elevado gracias a las cuotas que de manera irregular cobran a las familias".

Ambas organizaciones señalan en un comunicado que las dos investigaciones independientes han concluido que "el 100% de los centros visitados exigen un pago fijo obligatorio, 148€ mensuales de media, siendo en algunos casos hasta de 198€". Este hecho vulneraría las normas que rigen la educación concertada, entrando en conflicto directo con la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, que dispone que "la obligación de impartir gratuitamente las enseñanzas" por las que han recibido el concierto.

La regulación tampoco permite que los colegios concertados cobren a sus alumnos "con carácter lucrativo" por las actividades escolares complementarias o por extraescolares. "El cobro de cualquier cantidad a los alumnos en concepto de actividades escolares complementarias deberá ser autorizado por la Administración educativa correspondiente", señala la ley. Generar lucro con su actividad está considerado como falta grave y motivo de retirada del concierto.

Sin embargo, la FAPA y la CICAE señalan que los centros concertados, construidos la mayoría durante la última década "gracias a que la Comunidad de Madrid cedió terreno público a precios ventajosos", operan bajo un patrón muy diferente a la de una entidad sin ánimo de lucro. Al contrario, denuncian que se asemejan más "a las de organizaciones con una estructura de entramado empresarial complejo, lo que va en contra de las exigencias legales para gozar de un concierto y, con ello, de los fondos públicos que se reciben".

Las investigaciones de estas asociaciones destacan que solo el 20% de los colegios analizados menciona el carácter no lucrativo de la cuota. A su vez, el 77% no menciona la voluntariedad de cuotas en la visita informativa de los padres, de estos el 39% tampoco lo refleja por escrito, y el 23% que sí lo menciona en la visita y sí aparece reflejado por escrito, de manera verbalizada tiende a explicar que tienen carácter obligatorio, en incluso que “que la Administración les obliga a ponerlo así”.

Según sus cálculos, la enseñanza secundaria en un centro concertado puede suponer hasta unos 3.000 euros para las familias sumando la cuota complementaria que exigen la mayoría de ellos y los gastos de comedor. "Las familias para conseguir una plaza escolar en estos colegios, están desprotegidas, pues deben aceptar las condiciones de pago mensual que se les exigen, sin informarles debidamente de su carácter no obligatorio", aseveran FAPA y CICAE, que adelantan que enviaron los resultados de sus investigaciones al Gobierno de Cristina Cifuentes en julio y aún no han recibido respuesta.