"En el mejor de los casos vamos a ir a unos años de tensión institucional y bloqueo", pronostica la politóloga Cristina Monge, si finalmente cuaja la reedición del Gobierno central progresista y los ejecutivos autonómicos PP-Vox desarrollan los contenidos de los acuerdos de coalición en Extremadura, País Valencià, Aragón y Castilla y León.

Todos ellos, el castellanoleonés de abril del año pasado y los otros tres firmados entre junio y agosto, recogen una retahíla de puntos de previsible conflicto susceptibles de generar enfrentamientos tanto dialécticos como, según evolucione ese flanco, susceptibles de acabar en el ámbito judicial.

Buena parte de los numerosos análisis que tras el 23-J han venido destacando que Vox perdió con su pinchazo en las generales la posibilidad de presentar mociones de censura en el Congreso y la de recurrir normas ante el Tribunal Constitucional obvian los resultados del 28M le dejan abiertas más de una docena de vías para operar en ese último escenario presentando recursos.

Las puertas de acceso al Constitucional para la ultraderecha se localizan en la presencia en cuatro gobiernos autonómicos y en las mayorías parlamentarias de esas cuatro comunidades y en Balears le da nueve, a las que se añade la posibilidad aritmética de articular otras con el PP en Madrid, Cantabria, Andalucía y La Rioja, e incluso en Murcia.

Catorce nuevas vías de acceso al TC para el PP

Paralelamente, el PP añade la habilitación en La Rioja, Extremadura, País Valencià, Aragón, Balears, Cantabria y Canarias de las vías gubernativa y parlamentaria al recurso de inconstitucionalidad a las que ya tenía abiertas en Madrid, Galicia, Castilla y León, Andalucía y Murcia.

"Si finalmente gobierna el PSOE, con la fórmula que sea, vamos a asistir a una guerra de recursos, porque en esos acuerdos, además de un regreso al imaginario tardofranquista de los años 70, se incluyen una serie de políticas que están destinadas a provocar enfrentamientos con el Gobierno central", añade Monge.

La politóloga señala como los principales ámbitos de conflicto a las políticas de medio ambiente, de migración, como anticipa el rechazo de los nuevos gobiernos de Cantabria y La Rioja a la construcción de un centro de refugiados que sí avalaban sus antecesores, las de mujer y las de memoria.

Intervenciones de tono apocalíptico como la del nuevo presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, cuando en su discurso de investidura del miércoles se refirió a la posibilidad de que "por desgracia" puedan gobernar "quienes apuestan por la destrucción de España y quienes juegan peligrosamente con ellos", no dejan de suponer una labor de abonado retórico a lo previamente sembrado por escrito en su acuerdo de coalición con Vox, cuyas líneas maestras vienen a replicar las suscritas en los pactos de Castilla y León, Extremadura y el País Valencià

Y datos como que tres comunidades gobernadas por el PP, como Galicia (3), Madrid (3) y Murcia (2), aglutinen el grueso de los recursos de inconstitucionalidad contra leyes estatales presentados en 2022 y en la primera mitad de 2023, mientras solo Canarias, con dos, utilizaba ese recurso entre las de presidencia socialista.

En este caso, en coalición con CCA, parecen indicar por dónde puede ir la cosa si acaba cuajando la reedición del Gobierno progresista de coalición y el presidente Pedro Sánchez sigue en La Moncloa.

El pin parental, la EVAU homogénea, los impuestos y las cotizaciones

Los cuatro acuerdos de coalición incluyen los compromisos de impulsar el pin parental que permite a los padres vetar la exposición de contenidos extracurriculares a sus hijos, una iniciativa que hace tres años ya provocó un enfrentamiento entre los gobiernos central y de Murcia, y de garantizar la libre elección de centro escolar cuando la ley excluye explícitamente del acceso a los conciertos a algunos colegios, como los que segregan a sus alumnos en función de su sexo.

A esas iniciativas se les une la reclamación de una EVAU o prueba de acceso a la universidad homogénea para todo el Estado, cuando se trata de una competencia autonómica y cada comunidad está habilitada para organizar la suya.

Otro flanco de conflicto se concentra en la política tributaria, en la que los acuerdos de País Valencià y Extremadura hablan de "suprimir" dos impuestos estatales cedidos como son los de Patrimonio y los de Sucesiones y Donaciones cuando carecen de potestad para hacerlo por ser esta de ámbito estatal, aunque sí pueden bonificarlos.

El pacto de Aragón abre un escenario similar cuando propone una "reducción" de las cotizaciones sociales "al contratar a mayores de 50 y parados de larga duración", y lo mismo ocurre con el extremeño cuando se refiere a "una tarifa cero de dos años para autónomos cuyos rendimientos económicos anuales se sitúen por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI)".

El agua, las carreteras, los trenes y el campo

Se trata, en todos los casos, de objetivos irrealizables desde una comunidad autónoma salvo que se vulnere el vigente marco legislativo y constitucional, un objetivo, este último, que parece emerger implícito en algunos de los objetivos incluidos en los acuerdos, aunque sin que ninguno de ellos incluye referencias explícitas.

El catálogo de medidas acordadas por conservadores y ultraderechistas plantea abiertamente conflictos en materia de infraestructuras entre las comunidades y el Estado, por los trasvases desde el País Valencià o por la descabellada apuesta (vistos los condicionantes ambientales) por el "desarrollo íntegro de todas las obras de regulación hidráulica necesarias para garantizar la reserva hídrica estatutaria" desde Aragón.

También por el anuncio de "un Plan de Inversiones e Infraestructuras exigente y reivindicativo, con compromisos en los plazos de ejecución del AVE, autovías y el resto de infraestructuras prometidas por el Estado" desde Extremadura.

La redacción de los acuerdos anticipa que las polémicas en torno al hormigón, un clásico al que se ha aplicado cierta sordina desde la crisis de 2008, se solaparán con otras sobre las dotaciones de las fuerzas de seguridad y con algunas en torno a la política energética, la legislación ambiental, los seguros agrarios o el proteccionismo con los productos del campo además de, como sería previsible, la ocupación de inmuebles.

La adquisición por los conservadores del marco de debate que propone la ultraderecha incluye, por último, medidas tan efectistas como difícilmente aplicables en un Estado de derecho como el español, caso del punto del acuerdo de Aragón para instar al Gobierno central "a identificar a los violadores que han salido en libertad por culpa de la ley del sí es sí" y a poner "las medidas necesarias para proteger a las mujeres en el caso de que alguno de ellos pretenda trasladarse o se encuentre en nuestra comunidad".

¿Qué papel se decidirá a jugar Europa?

Queda por despejar la incógnita sobre qué posición decide adoptar Europa ante los incipientes cambios de rumbo, y los que puedan venir, en materias que forman parte del núcleo de funcionamiento de la Unión.

Entre ellas se encuentran las de carácter ambiental, que ya han generado focos de conflicto como los generados en torno a la ampliación de regadíos y la conservación de los humedales en Doñana y a las que todo apunta que en breve se unirán las relacionadas con las Zonas de Bajas Emisiones y su ralentizado despliegue que algunos de los nuevos equipos de gobierno municipales pretenden cortocircuitar.

Algo similar se prevé con las políticas tributarias, ya que la UE reclama a España un aumento de la presión fiscal para cumplir los objetivos de déficit en cuanto se levante la suspensión por la pandemia mientras los nuevos gobiernos del PP y la ultraderecha hacen bandera de las rebajas fiscales, aunque, ciertamente, con mayor efecto mediático y de alboroto político que impactó efectivamente en los bolsillos de los contribuyentes.

Esos posicionamientos derivan a menudo en un escenario institucional con cierto grado de perversión, ya que la UE sanciona al Estado en el que se atacan las líneas de actuación europeas, con independencia de que, como suele ocurrir, la Administración central sea gestionada por bloques políticos distintos de quienes toman esas decisiones en comunidades y ayuntamientos.

Resulta, en este sentido, paradigmático el escenario de Doñana, donde la Comisión Europea se plantea aplicar al Estado español, con su Gobierno central como eventual pagano, multas de hasta 300 millones de euros por decisiones de la Junta de Andalucía.

"Las multas no las pagan las administraciones que cometen la infracción sino el Estado. Habrá que ver qué papel juega Europa como árbitro" de esos conflictos, añade Monge.