El exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol ha alcanzado un nuevo pacto con la Fiscalía que en esta ocasión han suscrito los otros cinco acusados del caso ITV, y en el que acepta una pena de dos años y medio de prisión, como en el pacto anterior, han informado fuentes judiciales a Europa Press.

Pujol ha aceptado una pena de cárcel por su participación en el cobro de comisiones y usar su influencia política para beneficiar a determinados empresarios del sector de las ITV, en los mismos términos del que suscribió el pasado año, y que ahora deberá ratificarse formalmente, ha publicado el diario El Mundo.

Con ese pacto, su mujer, Anna Vidal, evita una posible pena de prisión y deberá afrontar una multa de unos 40.000 euros.

Oriol Pujol acepta tres condenas que suman 30 meses por los delitos de tráfico de influencias, soborno y falsedad documental, un pacto que ya fue suscrito por los empresarios Sergi Pastor y Ricard Puignou, que aceptaron penas de multa.

La novedad en este último pacto es que lo suscriben también el ex número dos de la Diputación de Barcelona Josep Tous y el empresario Sergi Alsina, después de que su negativa en el pacto anterior hizo que la Audiencia de Barcelona rechazara el acuerdo parcial.

Audiencia consideró que, aceptando una conformidad parcial, se dictarían sentencias separadas —una para los conformados sin celebración de juicio y otra para los no conformados tras su celebración—, lo que "dividiría aquella continencia y podría causar indefensión a los no conformados".

Así lo confirmó posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que desestimó "la pretensión de permitir una conformidad de solo parte de los acusados en relación con los hechos que les imputa el Ministerio Fiscal".

Consideró que el hecho de que unos acusados pacten unas condenas y otros no puede dificultar el derecho de defensa de los que sí sean juzgados, ya que algunos hechos imputados requieren connivencia entre acusados.

El abogado de Oriol Pujol, Xavier Melero, le recomendó el pacto ante la previsión de que iba a ser difícil encontrar un jurado popular "no contaminado", según explicó en su día en declaraciones a Europa Press.

Le aconsejó pactar con la Fiscalía y aceptar una condena con una rebaja de cinco años y dos meses de cárcel a dos años y medio, ante "las actuales circunstancias que envuelven a la familia".