Es ya un clásico de la democracia española que la derecha se oponga por principio a cualquier avance social. Ocurrió con la aprobación de importantes derechos para los ciudadanos como el divorcio, el aborto o el matrimonio homosexual, medidas que el PP recurrió con mucho ruido de fondo en los tribunales. Bien sea porque pierde la batalla judicial, bien sea porque claudica ante el amplio apoyo social a esos avances, el PP siempre ha terminado por aceptarlos e incluso reivindicarlos.

En el terreno económico ocurre lo mismo: el PP y los empresarios se resisten como gato panza arriba a cualquier cambio susceptible de favorecer los intereses de los trabajadores. Ejemplo de ello es que el acuerdo entre el PSOE y Sumar para reducir la duración de la jornada laboral ha puesto de uñas a la derecha política y empresarial una vez más.

Las críticas al acuerdo para reducir en una primera fase la jornada laboral a 37,5 horas semanales han levantado mucha polvareda. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, dijo que la medida era “puro populismo e intervencionismo” que sólo perjudica a las empresas. El PP también reniega de esta propuesta.

Borja Sémper, portavoz de los populares, afirmó que la reducción de la jornada laboral “no es un acuerdo que abunde y profundice en la conciliación. Responde a otras cosas, probablemente a una pancarta”. El mensaje que lanza la derecha es casi catastrofista: se pregunta cómo van a aguantar las empresas y los autónomos esa reducción de la jornada laboral pagando el mismo sueldo a los trabajadores y auguran, una vez más, un aumento del paro.

En realidad, el PP repite la misma estrategia de oposición de los últimos cuatro años, en los que se inventó un nuevo término político para justificar su permanente rechazo a todo lo que proponga el Gobierno: “Derogar el sanchismo”. Una estrategia que no convenció a los electores en las pasadas elecciones generales.   

Sólo en el terreno económico y laboral, durante la pasada legislatura la principal fuerza de la derecha se mostró en contra de importantes medidas socioeconómicas, todas ellas con una importante carga social: la reforma laboral, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la actualización de las pensiones conforme al IPC, la equiparación de los permisos de paternidad a los de maternidad, el impuesto especial a la banca y a las grandes eléctricas o la ley de vivienda. 

Reforma laboral

En esa resistencia de la derecha, resultó muy llamativa en su momento la ofrecida a la aprobación de la reforma laboral. El PP votó en contra en el Congreso en febrero de 2021, en una polémica votación en la que el famoso error del diputado del PP Albert Casero permitió que la norma saliera adelante. La medida impulsada por Yolanda Díaz, ministra de Trabajo en funciones, era la primera que no era lesiva para los intereses de los trabajadores en 40 años. Gracias a esa norma, en los dos últimos años se ha reducido de forma considerable la precariedad laboral, al impulsar el aumento de contratos fijos. 

El PP y los empresarios también se han opuesto siempre a las subidas del SMI aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Cuando se anunció por primera vez la medida, el mensaje del PP y de sus aliados en el mundo empresarial fue de nuevo catastrofista y agorero: la derecha no dejó de repetir –otra vez– que la subida del salario mínimo iba a provocar una importante subida del paro. Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) revelan que en el último año se han creado 722.000 empleos mientras el SMI subía hasta los 1.080 euros al mes.

En el año 2019 el PP también recurrió ante el Tribunal Constitucional la ampliación de los permisos de paternidad para equipararlos a los maternidad. Una medida fundamental para avanzar en la senda de la igualdad plena entre hombres y mujeres. En su momento el PP argumentó que esa no era una medida de urgente necesidad. El Constitucional dio la razón al Gobierno de coalición presidido por Sánchez.

Esa es otra constante que se repite a lo largo de los años: las derrotas en los tribunales de la derecha cuando recurre a ellos para frenar los avances sociales y económicos impulsados por gobiernos progresistas. 

Actualización de las pensiones

El PP tampoco apoyó en el Congreso la actualización de las pensiones de acuerdo con el IPC, otra medida que se mostrado decisiva en el último año tras la fuerte subida de la inflación. El PP y Vox votaron en contra sin explicar cuál sería su modelo alternativo. Los dos partidos justificaron su rechazo a la falta de información “Son excusas”, dijo el ministro José Luis Escrivá al respecto de una norma que ha aumentado un 8% el poder adquisitivo de los pensionistas en el último año. Durante la campaña electoral del 23J, Alberto Núñez Feijóo, en uno de los bulos que propagó en los días previos a la cita con las urnas, presumió de que el PP siempre había apoyado la subida de las pensiones, ocultando que su partido había votado en contra en el Congreso. 

El impuesto a la banca y a las empresas eléctricas y energéticas, por el que el Gobierno ha recaudado más de 1.000 millones extras este año, también contó con el rechazo frontal del PP desde el primer momento. Uno de los argumentos esgrimidos por los populares fue que ese impuesto perjudicaría al negocio de estas grandes empresas. Este año 2023 los bancos y las empresas eléctricas y energéticas están marcando beneficios récord.

La ley de vivienda –otra con un fuerte calado social– fue prácticamente la última en ser aprobada por las Cortes en la anterior legislatura. Tanto PSOE como Unidas Podemos, su socio de Gobierno, hicieron bandera de este asunto. El problema de esta norma es que al ser la vivienda una competencia de las comunidades autónomas, son estas las que deben implementar las principales medidas, como el tope al precio de los alquileres. El PP declaró desde el primer momento que no lo aplicaría y salvo que cambie de opinión, así será en la inmensa mayoría de territorios, donde gobierna en muchos casos en coalición con Vox.