"No puedes castigar a tu hijo antes de que se porte mal en el colegio". Así ejemplifican en el PP de Madrid la no expulsión de algunos de sus cargos salpicados por escándalos ligados a la corrupción. El último de ellos ha sido el número tres de Cristina Cifuentes, acusado por imputados en Gürtel y Púnica de haber participado en casos de corrupción. Sólo si resulta él imputado, será apartado del lado de la presidenta de la Comunidad y de las filas del partido.

Jaime González Taboada ha sido recientemente acusado por un funcionario de haber participado en el amaño de contratos públicos en favor de empresas que financiaron ilegalmente al Partido Popular en épocas de Esperanza Aguirre. J.G.V., exresponsable de Zonas Verdes de la Comunidad de Madrid, declaró ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye la Operación Púnica que el consejero de Medio Ambiente era uno de los principales colaboradores de la trama junto a Francisco Granados, según informó el diario El Español. 

En aquel entonces, el también coordinador general del PP de Madrid ostentaba el cargo de director general de Cooperación con la Administración Local mientras que Granados era ya consejero de Presidencia. Juntos habrían alterado, presuntamente, en 2008, el concurso público para el mantenimiento del Parque de Polvoranca, en Arganda del Rey. Según declaró el entonces subdirector general de Inversiones en Municipios ante el juez Eloy Velasco y recoge el citado medio, González Taboada le habría advertido de las exigencias de Granados: dicha licitación sólo se podía adjudicar a la empresa IMESA, una de las proveedoras del PP en la campaña electoral de 2007, que logró mantener a Aguirre al frente de la Comunidad. El contrato ascendía a 1,9 millones de euros.

El propio Ignacio González y su hermano, Pablo, ambos encarcelados por el caso Lezo, habrían tirado ya de la manta en una dirección similar relacionada también con la presunta financiación irregular del PP: "Ella [por Cifuentes] se encargaba de la campaña electoral de los pueblos quien daba dinero a los pueblos era éste [Taboada]. Yo creo que ahí hicieron sus chanchullos", asegura Pablo a Ignacio en una de las grabaciones desveladas por el citado diario. "Éste, Jaime, debía sacar de todos los lados", le responde el expresidente. Su hermano vuelve a responderle: "Nosotros solamente tuvimos con él lo de los campos de fútbol y evidentemente algo tiene. [...] Ten en cuenta que entonces estaba en Arpegio...". 

¿Dónde está la documentación de Arpegio?

Arpegio, empresa pública que realizó adjudicaciones e inversiones por valor de 1.000 millones de euros entre los años 2006 y 2011 que se encuentran en el punto de mira de la investigación judicial de la Operación Púnica, ha sido precisamente objeto de polémica reciente. Nuevo Arpegio, la sociedad pública de gestión de suelo de la Comunidad de Madrid, ha informado al juzgado de instrucción de la "desaparición" de unos contratos originales con una de las empresas clave relacionada con los presuntos amaños realizados por Granados para su propio enriquecimiento. Hasta la fecha, todos los miembros de la Mesa de Contratación de Arpegio han sido imputados. Todos menos uno: Taboada.

Este "traspapelado" del que informó el diario El País deberían formar parte de la documentación requerida por el juez para investigar a la trama Púnica desde 2014. Al tratarse de una empresa pública, son muchos quienes han dirigido su mirada hacia el Gobierno de Cristina Cifuentes, ya acusado por la oposición -sus socios de Ciudadanos incluidos- en anteriores ocasiones de no ser tan transparente como intenta aparentar, y la han culpado de la misteriosa pérdida de dichos papeles. En el partido se justifican: "Si algo ha desaparecido, ocurrió previamente a la llegada de Cifuentes al poder. Ella siempre ha colaborado con la Justicia. Incluso ha entregado el doble de documentación de lo que le han pedido a la Administración", argumentan.

Sus cifras refuerzan su mensaje: "La Comunidad de Madrid ha entregado hasta ahora más de 250.000 folios, 43.200 archivos informáticos y 9.300 carpetas de la empresa pública Nuevo Arpegio a la Fiscalía y a la UCO [Unidad Central Operativa de la Guardia Civil]", señala el PP de Madrid en un comunicado. "La UCO está buscando unos originales que no encuentra pero que tampoco estaban ahí cuando llegó Cifuentes", agregan las fuentes consultadas. 

Comparecencia en la Asamblea

Asimismo, en el PP de Madrid recuerdan que ha sido la propia consejera delegada de Nuevo Arpegio, Susana Magro, quien ha solicitado comparecer, a petición propia en la Cámara regional "para esclarecer ante los diputados regionales cualquier duda relacionada con la gestión de esta empresa". "Esta petición de comparecencia se enmarca en la línea de máxima colaboración y transparencia que está caracterizando a la nueva dirección de la empresa y al Gobierno de Cristina Cifuentes para esclarecer las irregularidades ocurridas en el año 2006, que están siendo objeto de investigación judicial", presume el partido en un comunicado.

Pese a ello, Podemos ha solicitado la comparecencia de Taboada en la Asamblea de Madrid para que dé explicaciones sobre el régimen de custodia de dicha documentación. A ellos se unirán también PSOE y Ciudadanos. "Nos parece bien, nosotros también queremos que se aclare este asunto y es posible que tomemos alguna iniciativa para que el Gobierno de Cifuentes dé explicaciones sobre la documentación que, al parecer, e incomprensiblemente, se ha extraviado", señalan fuentes socialistas. 

Los naranjas, por su parte, van más allá. No quieren preguntar al número tres del Ejecutivo regional sólo por la pérdida de documentación, sino también por las nuevas informaciones sobre su presunta participación en los amaños de contratos desveladas este miércoles. "Nos parece preocupante, no es la primera vez que se señala a Taboada en la trama Púnica y le vamos a pedir explicaciones", aseguran desde el partido que, últimamente, no se encuentra en el mejor momento de sus relaciones con el PP.

Es más, el número tres de Gobierno y PP regional no sólo ha sido señalado por implicados en Púnica, sino también por alguno de los imputados en Gürtel. Quien fue alcalde de Berzosa de Loyola (91-95), Estremera (95-99) y teniente alcalde de Pozuelo de Alarcón (99-2003) se vio implicado en Gürtel a causa de las declaraciones del exalcalde de Boadilla del Monte, Arturo González. El Albondiguilla involucró a González Taboada en la supuesta infravaloración intencionada de una parcela que los técnicos del Ayuntamiento habían valorado en 30 millones y que acabó en manos de otro implicado en Gürtel por valor de tan sólo 19,4%. 

En Púnica fue el empresario David Marjaliza, exsocio de Granados, el primero en acusar al hoy consejero de favorecer a empresas de la trama como Waiter Musiec -entre otras-  en contratos públicos que gestionaba a través del Plan de Inversiones Prisma, dependiente de la Dirección General que ocupó durante los Gobiernos de Aguirre y González.  Marjaliza incluso cuantificó las presuntas ganancias de Taboada en "un tercio" de las mordidas.

El consejero madrileño, que negó estas acusaciones "rotundamente", anunció entonces acciones legales por "difamación" y delitos contra su honor. También Cifuentes salió defensa de su consejero de Medio Ambiente Administración Local y Ordenación del Territorio. "Es impresentable que una persona de servicio público intachable se vea manchada por las acusaciones de un presunto delincuente", zanjó la presidenta. 

Tras las nuevas informaciones sobre esta cuestión que apuntan en la misma dirección de lo expresado por Marjaliza, fue Íñigo Errejón quien desde la formación morada reaccionó con más contundencia desde los pasillos del Congreso. "Cifuentes tiene que decidir si une su suerte a Taboada. Si no la quiere unir le tiene que cesar inmediatamente, si no lo hace está uniendo su suerte a la de él", dijo para pedir la dimisión de uno de los hombres fuertes de la presidenta, junto al portavoz del Gobierno regional y secretario general del PP de Madrid, Ángel Garrido.

Dentro de la formación conservadora también hay voces que recomiendan a su jefa apartar a los garbanzos negros que pueden afear su imagen de regeneradora del PP. Sin embargo, la presidenta sigue manteniendo, de momento, la confianza en él. "No puedes castigar a tu hijo antes de que se porte mal en el colegio", insisten las fuentes de la formación, que recuerdan que, no los estatutos del PP nacional, pero sí en el propio código ético que se ha autoimpuesto la presidenta se exige abandonar el cargo público cuando se es imputado.

"Nadie puede pedir que se le eche por si acaso, sólo si termina siendo investigado", inciden fuentes cercanas a Cifuentes, que recuerdan que a la presidenta no le tiembla el pulso en aplicar su doctrina de regeneración. Ejemplo de ello, dicen, fue el caso del viceconsejero, precisamente también de Medio Ambiente, Miguel Ángel Ruiz, apartado tras haber sido imputado por corrupción en el marco de la trama Púnica. "Si Taboada es imputado, será destituido", prometen las citadas fuentes.