La 'operación Illa' abre un escenario incierto para Sánchez por la reacción de Junts y el debate de la financiación

El Gobierno ha tratado de ensuciarse lo mínimo en las últimas 48 horas. Solo Félix Bolaños, ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, se ha puesto delante de las cámaras para valorar la llegada a España y posterior fuga de Carles Puigdemont y, por otro lado, la exitosa investidura del socialista Salvador Illa. El elemento con el que Sánchez quería poner punto final al curso —colocar a su exministro de Sanidad a los mandos de la Generalitat— ya es un hecho, pero el proceso hasta conseguirlo ha generado para el Ejecutivo un horizonte tenso y complejo en el Congreso.

Más allá de las palabras de Bolaños, que sitúa la responsabilidad de la no detención del líder posconvergente en los Mossos d'Esquadra y celebra que, con la llegada de Illa a la presidencia de la Generalitat, Catalunya "abra una nueva etapa", el Gobierno ha permanecido en silencio. Sánchez sí felicitó al nuevo president con un tuit, pero poco más. Las fuentes del PSOE consultadas por Público se remiten a las declaraciones públicas del ministro.

No entran a valorar si la legislatura se complica —todavía más— con la nueva situación en la que se encuentra Junts per Catalunya, sin duda el eslabón más incómodo de la mayoría de investidura. Hasta ahora ya ha sido el actor parlamentario que más ha puesto al Ejecutivo en la picota —llevando negociaciones en el Congreso al límite cuando no tumbando importantes iniciativas—, pero el contexto ha cambiado e, incluso, se ha agravado a ojos de los de Puigdemont.

Han quedado definitivamente fuera del Govern de la Generalitat; han visto cómo el otro partido independentista mayoritario, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), apoyaba al Partido Socialista (PSC) constatando la ruptura dentro del independentismo y ven cómo su líder sigue sin poder volver al territorio español porque el juez Pablo Llarena se niega, por el momento, a aplicar a su caso la ley de amnistía. Es ese último punto el más importante para la sensibilidad posconvergente, tal y como ha evidenciado Jordi Turull, secretario general de Junts y una de las personas de más confianza de Puigdemont, en una entrevista en RAC1.

Tanto Turull, como el portavoz del partido en el Parlament, Albert Batet, han insistido en las últimas horas en que España tiene carencias democráticas y ven en el PSOE "uno de los partidos del 155". El propio Puigdemont repitió a última hora de la noche de este viernes en un mensaje en la red social X que le parece "inaceptable" que se le esté persiguiendo "por razones políticas" y que no se le aplique la amnistía.

La sensación es que hay un antes y un después con respecto al 8 de agosto. La incógnita es hasta qué punto; cuál es su dimensión. Ahora, Illa será president y eso era prácticamente una "obsesión" de Sánchez, tal y como lo han definido en conversación con este medio fuentes socialistas. A la vez, Puigdemont sigue en Waterloo (Bélgica), aunque con renovado protagonismo después de su visita flash y del regate a la policía catalana, un movimiento con el que ha buscado revitalizar a sus correligionarios.

Lo ha hecho en un momento en que el independentismo presenta una de sus cotas más bajas desde que arrancó el procés y con el tándem PSOE-PSC dominando de forma drástica el eje Catalunya-España. Los socialistas tienen bajo su ala el Gobierno español, la Generalitat, tres de las cuatro diputaciones provinciales de Catalunya, tres de las cuatro capitales de provincia y hasta 16 capitales de comarca. Para Sánchez, la llegada de Illa a la presidencia del Govern es el culmen necesario para abrochar su estrategia de "normalización" de la política catalana.

Pero para el Ejecutivo no deja de ser un peligro la reacción de Junts en el Congreso. Por mucho que Illa haya escalado hasta la presidencia de Catalunya, los posconvergentes siguen siendo imprescindibles para que se sostenga la legislatura a nivel estatal. Algunas voces del Gobierno de coalición hacen la doble lectura de que Junts necesita la Cámara Baja para seguir siendo determinantes en algún sitio —toda vez que en el Parlament Illa podrá sacar adelante su gestión sin contar con sus votos— y de que a Puigdemont no le interesa que caiga una legislatura dominada por Pedro Sánchez, que defiende la ley de amnistía. Todo lo contrario de lo que, a todas luces, haría un Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo y, eventualmente, con Santiago Abascal como vicepresidente.

En cualquier caso, Sánchez podrá comprobarlo pronto. Una de las primeras tareas en septiembre será aprobar los objetivos de déficit —primer paso antes de encarar la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE)—, que ya tumbó Junts hace pocas semanas.

El problema de la financiación autonómica

Pero dentro de la operación Illa también está el pacto que alcanzaron PSC y ERC en términos de financiación autonómica. A pesar de que en el texto del acuerdo no aparece el término "concierto económico", es inequívoco que los dos partidos se han comprometido a avanzar hacia una Catalunya que recaude y liquide todos sus tributos. Y eso ha escocido mucho en formaciones como Compromís o Chunta Aragonesista, parte del Grupo Plurinacional Sumar, que exigen que se mejore la financiación País Valencià y Aragón. Tampoco Izquierda Unida comparte el fondo del acuerdo. El debate de fondo llegará también a partir de septiembre. 

Por su parte, fuentes de ERC, en conversación con este medio, deslizan que "a medida que vayamos viendo si se cumplen los acuerdos tanto en Madrid, como en Catalunya, decidiremos si mantenemos el apoyo al Gobierno del Estado".

Todo ello se añade al resto de tareas pendientes que tiene Sánchez al término del descanso veraniego. Entre ellas, ver arrancar definitivamente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), capear el temporal de la causa abierta contra Begoña Gómez, su esposa, y ver cómo avanza la querella presentada por la Abogacía del Estado contra el juez Juan Carlos Peinado. También, por otro lado, el Ejecutivo tendrá que alumbrar junto con los grupos parlamentarios un paquete de medidas de regeneración democrática definitivo, moldeando el que esbozó el presidente en el Congreso. Fuentes del Gobierno señalan que, por el momento, el diálogo y el intercambio de documentos continúa. No se esperan avances de calado hasta septiembre.