La ofensiva judicial y las protestas ultras inquietan al independentismo respecto a la aplicación de la amnistía

“Cobrar por avanzado” es una expresión del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que hizo fortuna al inicio de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Subyacía en esta afirmación la profunda desconfianza existente entre Junts y el PSOE y en general entre el independentismo y los Gobiernos españoles de todo signo, a pesar, o precisamente por eso, que -antes de la llegada del procés- CiU negoció investiduras tanto del PP -con José María Aznar al frente- como del PSOE de Felipe González. Y ERC hizo lo mismo con José Luis Rodríguez Zapatero y ya en esta nueva fase postprocés con Sánchez. Pero la imposibilidad de cobrar por avanzado dado el ajustado calendario de investidura que expira el 27 de noviembre parece haber dado paso a “asegurar el cobro”.

Y es que el independentismo, incluso Junts, ya no ve con tanta desconfianza al PSOE, al menos como interlocutor, pero sí que expresa una clara preocupación sobre que un futuro Gobierno de coalición progresista no sea capaz de implementar los acuerdos cerrados con ERC y este mismo jueves con Junts. Y es que en las fuerzas independentistas inquieta que la ofensiva judicial contra la amnistía, las protestas ultras y en general “la interferencia del llamado Estado profundo frente a los poderes democráticamente establecidos”, en palabras de un dirigente de Esquerra, frene el alcance de la ley de amnistía que se pueda aprobar u otros acuerdos. Por lo que tanto Junts como ERC pretenden dejarlo todo lo más atado posible con el PSOE para garantizar los acuerdos y blindarlos de esas injerencias.

Las negociaciones con Junts, al ralentí

No es el único motivo, pero este escenario es una de las cuestiones que ha ralentizado hasta llegar al acuerdo de este jueves las negociaciones entre Junts y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. El objetivo de Junts ha sido todos estos días cerrar el texto de la ley de amnistía de forma que no sea permeable desde ningún punto de vista a interpretaciones de los jueces que sean reacios a aplicar la futura ley, si es que esta acaba saliendo. Y fuentes de la formación de Puigdemont se muestran satisfechas con el resultado del redactado finalmente acordado.

Por su parte, ERC asegura que en la ley de amnistía ya cerrada entre los republicanos y el PSOE “está perfectamente perimetrado el alcance de la amnistía sin lugar a lagunas”, asegura una miembro de la dirección de Esquerra. Pero esta misma fuente admite que hay una “profunda desconfianza” respecto a la aplicación que puedan hacer determinados jueces.

En esta línea, ponen el ejemplo de Marta Rovira, que ha sido imputada por terrorismo en el caso de Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional. A pesar de que los republicanos ya consiguieron forzar al PSOE para incluir el terrorismo en la ley de amnistía que han pactado, ahora los afectados como Rovira o Puigdemont, entre otros dirigentes de ERC y Junts, ven como el juez intenta vincular los hechos que se les acusa con la muerte accidental de un pasajero en el aeropuerto de Barcelona el mismo día de las protestas de Tsunami. Fuentes próximas a Rovira aseguran que la secretaria general de Esquerra no prevé un retorno inminente de su exilio en Suiza: “Será un proceso largo, primero hay que ver si se materializan los acuerdos de investidura, el proceso de tramitación de la ley, superar los obstáculos de la mayoría del PP en el Senado y cuando entre en vigor aún mantendremos la prudencia para observar cómo se aplica la amnistía y cuál es la actuación de la judicatura al respecto”.

Todo el blindaje posible de la ley de amnistía

Respecto al acuerdo establecido este jueves entre Junts y el PSOE sobre la amnistía en Esquerra son empáticos: “Cualquier blindaje y mejora que se añada a la ley que hemos pactado con el PSOE será bienvenida, porque nosotros no estamos en una competición, sino en sacar la mejor ley posible para absolutamente todos los represaliados políticos". Pero, a su vez, se muestran contundentes: “Lo tenemos muy claro en Esquerra, los casos de corrupción no caben en la amnistía”, advierte la portavoz de la Ejecutiva Nacional del partido, Raquel Sans.

Y es que en las negociaciones entre Junts y el PSOE se han centrado en la inclusión de personas importantes de Junts que no están imputadas por hechos directamente relacionados con el procés, pero que el partido considera que son víctimas del llamado lawfare o persecución judicial con causas supuestamente inventadas. Aunque fuentes del equipo jurídico de Junts asegura que no es el caso de la presidenta del partido, Laura Borràs, que no estaría en la listaincluida en la amnistía, estás mismas fuentes reconocen que se estaría hablando de un futuro indulto para la expresidenta del Parlament.

El indulto para Borràs

Borràs está condenada por prevaricación en el fraccionamiento de contratos cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes con una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de cuatro años y medio de cárcel y 13 años de inhabilitación. La sentencia está pendiente de recurso frente al Tribunal Supremo. A pesar de que en un primer momento el propio Pedro Sánchez rechazó que su Gobierno indultara casos de corrupción, como el que afecta a Borràs, ahora se estaría planteando la cuestión ya que Junts considera a su presidenta víctima de un montaje judicial.

La justificación del Gobierno español para aceptar el indulto estriba en que el propio tribunal lo pedía en la sentencia de forma parcial, ya que se veía obligado legal y procedimentalmente a imponer pena de cárcel, pero lo consideraba desproporcionado con los hechos. Fuentes del equipo jurídico de Junts apuntan que el indulto a Borràs sería parcial, como pedía el TSJC: “Si se cierra el acuerdo, Borràs no entrará en la cárcel, pero no podrá hacer política institucional, aunque sí de partido como hasta ahora”, aseguran.

La negociación también ha pivotado sobre otros aspectos relativos al reconocimiento de Catalunya como nación o sobre la resolución del conflicto político entre Catalunya y el Estado por vías democráticas con el referéndum en el punto de mira del independentismo.

Maniobras de la judicatura contra la amnistía

Los partidos independentistas y las entidades cívicas y de defensa de los derechos humanos ven en las maniobras judiciales -como el caso de Tsunami Democràtic o en la resolución del CGPJ- no solo un intento de criminalizar al independentismo, sino de intentar dinamitar la aplicación de la amnistía. “¿Cómo se puede tener garantías de que los jueces aplicarán la amnistía si el propio Consejo General del Poder Judicial, con su mandato caducado hace cinco años, se permite hacer un dictamen contra la ley antes de conocerla y de que esté en vigor?”, se pregunta una dirigente de Esquerra.

Cada imputado deberá exigir la exoneración en cumplimiento de la ley de amnistía, cuando esta esté vigente. Más allá de la potestad de los jueces de elevar consultas sobre la posible inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, será la interpretación de los magistrados la que determine si la causa en cuestión se enmarca o no en el perímetro de la nueva ley. “Es por ello que hemos trabajado para que el texto no deje lugar a interpretaciones que permitan a determinados jueces excluir de la amnistía a algunos represaliados”, apuntan fuentes jurídicas de Junts.

Los expertos jurídicos indican que un juez que se niegue a aplicar la ley de amnistía mientras no haya un pronunciamiento en contra del Tribunal Constitucional o que la apliquen de forma excluyente sin justificación puede incurrir en diversos delitos, entre ellos el de prevaricación. Pero también recalcan que este delito es de difícil aplicación a los magistrados y se da en muy pocos casos y con pruebas muy evidentes de la mala fe de la decisión judicial.

La presión en las calles de Madrid que la ultraderecha ha desatado de la mano de Vox y las movilizaciones del PP también se interpretan desde el independentismo como un intento de presión para frenar el alcance de la ley de amnistía. En este sentido, tanto desde Junts como desde ERC valoran positivamente que el PSOE plante cara. “No nos dejaremos intimidar”, ha asegurado el propio Pedro Sánchez en las redes sociales. Pero sí existe preocupación en ambos partidos independentistas de hasta qué punto el Gobierno español podrá imponer y hacer cumplir los acuerdos con los independentistas “frente a un Estado profundo que cuenta con la rama judicial, policial, mediática y funcionarial conectada con la misma ultraderecha que ahora incendia las calles”, aseguran. La investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español está ya encarrilada pero veremos hasta qué punto toda esta presión reaccionaria afecta en las relaciones del Gobierno español con los independentistas durante la legislatura, que se puede ir envenenando.