El juzgado de Instrucción número 5 de Castellón ha acordado abrir procedimiento abreviado contra ocho investigados por la difusión del bulo del Bar España, una historia falsa sobre una secta dedicada a la pederastia que llegó a implicar a cargos públicos, como al expresidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra. La jueza entiende que existen indicios  de delitos contra la integridad moral, contra la administración de justicia, contra el honor y delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución. 

El auto indica que, de la investigación llevada a cabo y de las diligencias practicadas, hay indicios de que, al menos desde 1998, varias personas han sido objeto de continuas informaciones falsas aparecidas en distintas páginas, blogs y canales, relacionándoles con una organización de corrupción mafiosa, política, judicial y de pederastia relacionada con reuniones mantenidas por los mismos y hechos atroces cometidos por ellos, "todos ellos rotundamente falsos". Así se habría expandido, a modo de leyenda urbana, un relato falso sobre atrocidades cometidas en un centro de menores de Castelló y en un bar de la localidad cercana de Benicarló, donde los menores eran abusados. Se llegó a vincular a Carlos Fabra con el asesinato de un niño de etnia gitana. 

Entre los perjudicados por estos hechos se encuentran, además del expresidente de la Diputación de Castelló, Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana; la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra; y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo. La historia truculenta y falsa comenzó en 1998 cuando el padre de dos niñas, presuntas víctimas de la trama de pederastia, comenzó a hacer llegar a los medios de comunicación cartas y dibujos de sus hijas y de otros menores de Benicarló sobre presuntas violaciones y actos satánicos cometidos en el bar España de dicha localidad. Junto a Frabra, aparecía en aquellos relatos falsos el nombre de Giussepe Farina, expresidente del AC Milan. 

El auto de la jueza señala que los perjudicados han sido objeto de una permanente campaña de acoso y desprestigio público mediante la formación de imputaciones delictivas y denuncias falsas dirigidas de forma organizada y consecutiva a distintas instancias jurídicas, lo que ha dado lugar a diversos procedimientos judiciales. Durante años, los juzgados han tumbado las acusaciones, demostrando que eran falsas al dictaminar que los relatos de los menores fueron inducidos.

Añade el auto que se trata de una actuación orquestada bajo la dirección de una persona ya fallecida y condenada por un juzgado como autora de un delito de acusación y denuncia falsa, con una "permanente y necesaria" colaboración en cada caso por cada uno de los encausados, que se han ido sumando a la finalidad perseguida de actuar de forma infamatoria contra los perjudicados, "atentando gravemente contra su integridad moral e instigando artificialmente un odio contra sus víctimas, afectando a su honor".