A un mes de que el juez Arturo Zamarriego se marche del juzgado de instrucción número 2 de Madrid y de que se jubile el jefe de la investigación que él dirige, el comisario Marcelino Martín-Blas, la mayoría de las acusaciones populares del caso del pequeño Nicolás han presentado diversas peticiones de prueba que reactivan el caso en el que ya está imputado el presunto estafador, un policía municipal, el comisario José Manuel Villarejo; su mujer, Gema Alcalá, y un periodista de su página digital, entre otros.

Las cosas además se complican para Francisco Nicolás Gómez Iglesias, después de que sus letrados, Victor Sunkel e Israel Paz, hayan presentado un escrito en el que renuncian a la defensa del presunto estafador. Aunque no explican los motivos, es la segunda vez en este caso que los letrados amagan con abandonar al cliente -parece que esta vez en serio- por no cobrar los honorarios o no estar de acuerdo con la estrategia a seguir. 

Mientras las acusaciones se refuerzan. La Plataforma por la Honestidad, de la que forman parte los denunciantes de corrupción Ana Garrido y Luis Gonzálo Segura, se ha personado y pide ampliar las actuaciones contra Villarejo también a Eduardo Inda y al ex número dos de la Policía, el comisario Eugenio Pino, porque "estarían presuntamente amenazando a la Casa Real y al CNI con revelar a la opinión pública algunas actividades de la monarquía en caso de no atender sus requerimientos de obtener impunidad en la causa del pequeño Nicolás, entre otros en los que estaría envuelta la denominada mafia policial", explica su presidente Pedro Arancón.

Además quieren apoyar a los investigadores de la comisión judicial y al juez Zamarriego. "Están desvelando una posible organización criminal de la que formarían parte policías y periodistas: un trabajo realizado por buenos funcionarios públicos, inspectores de policía que cumplen con su trabajo y están siendo víctimas de acoso laboral, amenazas de querellas y campañas de desprestigio mediáticos, como el resto de denunciantes de corrupción de este país", explica. 

Precisamente, la acusación popular de Iustitia et Veritas, encabezada por el letrado Antonio Alberca, ha presentado esta semana al juzgado el testimonio del periodista Francisco Mercado, ex jefe de investigación de la página que dirige el tertuliano y que ha ido desvelando Público en exclusiva, que demostraría esa campaña mediática contra el jefe de la comisión judicial con presuntas órdenes dadas por Inda para "matar (informativamente) al comisario Marcelino Martín-Blas".  

La fiscalía recula y Podemos toma la iniciativa

A pesar de que las defensas de los imputados y la propia Fiscalía intentan que se disuelva la comisión judicial del caso del pequeño Nicolás y han pedido el cierre de la causa apelando a "escuchas ilegales" o a una supuesta "enemistad personal" entre Villarejo y el comisario Martín-Blas, el último escrito presentado por el fiscal Alfonso San Román este 10 de febrero se opone a la "nulidad de las actuaciones" solicitada por Francisco Nicolás Gómez Iglesias. 

Por su parte Podemos --que es acusación tanto en este caso como en los procedimientos seguidos contra la familia Pujol y Manos Limpias, en los que se entrecruzan constantemente personajes como los comisarios Villarejo, Enrique García Castaño, Eugenio Pino, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, Javier de la Rosa, el pequeño Nicolás o Miguel Bernard, incluso empresarios-- ha pedido que se incluyan en esta causa las declaraciones del ex número dos de la Policía y de Martín-Blas, realizadas en la Audiencia Nacional y relacionadas con la Operación Cataluña. 

La formación morada también ha puesto de manifiesto el posible fraude procesal que constituiría que la Asociación Transparencia y Justicia --formada por el socio del comisario Villarejo Rafael Redondo, y su empleado y abogado personal, David Macías-- forme parte del procedimiento como acusación popular. 

Según explica la letrada de Podemos, el informe elaborado por el inspector Rubén López y su equipo ha puesto de manifiesto que Macías es además administrador de la empresa que edita la página digital del comisario Villarejo, investigada en el procedimiento y cuya directora, Gema Alcalá, y un exredactor de ese medio también están imputados. 

"Resulta evidente --exponen en su escrito-- que la asociación Transparencia y Justicia no pretende personarse en defensa del interés general como acusador popular, puesto que tiene interés directo en la defensa de los intereses particulares del Sr. Villarejo, por las vinculaciones societarias y personales indicadas, de este modo muy difícilmente podrá actuar como parte acusadora en contra de sus propios intereses habidas las relaciones entre acusado y acusador pudiendo existir un móvil espurio en la personación de la Asociación Transparencia y Justicia".

Como prueba concluyente de este fraude procesal, Podemos solicita que se adjunte al procedimiento una grabación que consta en el juzgado de instrucción número 52, en la que David Macías llama a un conocido periodista para pedirle una rectificación como representante legal del comisario Villarejo. Dicha grabación fue aportada por el propio Macías en una causa en la que actúa como acusación contra un testigo de la causa del pequeño Nicolás, el comisario Jaime Barrado. 

En poder de Público también obran varios documentos en los que Macías representa al comisario José Villarejo en algunas de las demandas y querellas archivadas por la Justicia pero que interpuso contra este este medio y una de sus redactoras. Esta misma periodista ha sido llamada como testigo del procedimiento que se sigue contra Francisco Nicolás y una presunta organización criminal creada por policías y periodistas.