Podemos no descarta apoyar la intervención de las competencias de Castilla y León en materia sanitaria si el gobierno autonómico de PP y Vox sigue adelante con el protocolo antiaborto anunciado el pasado viernes. Preguntado por esta cuestión, Pablo Fernández, portavoz de la formación morada, ha asegurado que utilizarán "todas las medidas que sean necesarias" para garantizar el derecho al aborto de las mujeres de esta región.

Los de Ione Belarra han avanzado que lo primero que harán es enviar un requerimiento al ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco para que den marcha atrás en este asunto y que, si no se atiende a esta advertencia, "llevaremos a cabo cuantas acciones sean necesarias y pertinentes para impedirlo".

"Vamos a plantar cara a la ultraderecha de Vox y al PP para impedir esta barbaridad y esta tropelía", ha afirmado Fernández, que ha calificado el protocolo antiaborto (que fuerza a los médicos a ofrecer medidas de disuasión para las mujeres que quieren interrumpir su embarazo, como escuchar el latido fetal o una ecografía 4D) de "coacción psicológica rayana en la violencia institucional".

En Podemos insisten en que esta medida, propuesta por Vox y apoyada por el PP en la región, "es un ataque contra un derecho humano fundamental de las mujeres y supone causarles un daño y un maltrato". A juicio de Fernández, el dirigente que tiene en su mano terminar con este protocolo antes de un choque institucional es el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"El señor Feijóo va de moderado pero es un ultra y es deleznable lo que está permitiendo. Esto es lo que sucede cuando se gobierna con la ultraderecha y si Feijóo no estuviera de acuerdo con esto, hubiese roto el pacto (de gobierno con Vox) en Castilla y León", ha defendido el portavoz de la formación morada.

Tras la defensa abierta del gobierno autonómico del protocolo antiaborto y el anuncio de que seguirán adelante con él (insistiendo en que es de obligado cumplimiento) ha planeado sobre el escenario una posible intervención del Gobierno de las competencias de Castilla y León en materia sanitaria, como última opción.

Para llevar a cabo esta intervención, la vía se basaría en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, tras requerir previamente al ejecutivo autonómico para que desista de seguir aplicando las medidas antiaborto. El despliegue de este precepto constitucional exige, además, el refrendo de una mayoría absoluta del Senado.