"No basta que Podemos gane; necesitamos una sociedad adulta"

El grupo de activistas protransparencia y de defensa de la neutralidad de la Red, Xnet, ha presentado este jueves un nuevo grupo de trabajo ciudadano contra la corrupción que desarrollará su labor a nivel estatal. El grupo no supone la creación de una nueva entidad, sino una red de colaboración entre ciudadanos y asociaciones ya activas en su labor anticorrupión con el objetivo de “federar competencias, sin necesidad de consensuar acciones y objetivos pero sí intercambiando información útil”.

Con este nuevo grupo anticorrupción, los activistas –que este jueves también han lanzado correosdeblesa.com, un buzón abierto para consultar las comunicaciones corporativas de Rato, Blesa, Barcoj y el resto de responsables del “saqueo” de Caja Madrid/Bankia y un blog transmedia– pretenden seguir implicando al ciudadano en la vigilancia diaria de las instituciones. “La corrupción en España no es una tema de manzanas podridas, es una trama de estado para saquear todo un país”, ha afirmado con rotundidad Simona Levi, destacada miembro de Xnet, que defiende que “el fin de la corrupción no lo traerán mejores políticos, sino un mejor control ciudadano de las instituciones”.

“Si no hay una sociedad implicada, adulta, no podremos cambiar nada”, ha aseverado el actor Alberto San Juan, que se encargará de dirigir, junto a Levi, una obra teatral que contará el desarrollo del caso Bankia y se irá actualizando a medida que el proceso judicial avance: “No es suficiente que Podemos o una candidatura de unidad popular llegue al poder. Hace falta más”.

Entre esas necesidades, los activistas han identificado varias. Una de ellas es asegurar una correcta protección de los filtradores de información. Con la aprobación del “trío de leyes mordaza” que entra, en vigor el 1 de julio, compuesto por la reforma del Código Penal, la modificación de las leyes antiterroristas y la ley de Seguridad Ciudadana, los filtradores y los activistas que operan buzones de filtraciones como el Buzón X “podrían ser acusados de delitos de terrorismo”, ha explicado el abogado Carlos Sánchez Almeida, abogado especializado en la defensa de los derechos civiles en Internet.

“Pasas a vivir una película de terror”

Ana Garrido estaba presente en la rueda de prensa para dar testimonio de lo que puede llegar a suponer para un ciudadano denunciar un caso grave de corrupción. Garrido, funcionaria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) durante 20 años, fue una de las primeras alertadoras del caso Gurtel.Denuncia que ha sufrido “una persecución brutal”, que perdió su trabajo y que por ello, está a punto de perder su vivienda.

“Pasamos de ser un ciudadano de a pie a vivir una película de terror”, ha expuesto Garrido, que no argumenta que los filtradores de situaciones injustas o corruptas, “no tienen ningún tipo de protección”. “Al contrario”, ha defendido, “el gobierno nos expone a las venganzas de aquellos a los que denunciamos”. Por ello, la antigua funcionaria de Boadilla, uno de los nidos en Madrid de la trama Gurtel, adelanta que la anonimización de los filtradores es fundamental.

Garrido aportará su experiencia al grupo anticorrupción estatal presentado este jueves. Junto a ella estarán ciudadanos y asociaciones entre las que destacan el abogado especializado en derechos humanos Javier García Espinar, la plataforma Audita Sanidad o la concejal de Benalmádena Encarni Cortés, que consiguió la imputación de varios miembros del Gobierno de la localidad con sus denuncias, a pesar de ser obligada a abandonar su partido, UCB. En el grupo de asesores están abogados como Jaume Asens o inspectores del Ministerio de Hacienda como Carlos Cruzado y Raúl Burillo.

El grupo estatal pretende replicar la forma de trabajar del Grup contra la Corrupció a Catalunya, que presume de ser el principal causante por el que la Generalitat se ha presentado como acusación particular en el caso Urdangarín. En la red catalana están presentes –además de Xnet– 15MpaRato, que lidera la acusación en el caso Bankia, el diputado de la CUP y presidente de la Comisión Parlamentaria sobre el Caso Pujol David Fernández, la editora de CafeambLlet Marta Sibina y la asociación de vigilancia ciudadana FAVB.