El documento, con 19 propuestas, que Vox ha presentado, según sus propias palabras, “para iniciar las negociaciones encaminadas a lograr una investidura que ponga fin a 36 años de socialismo en Andalucía”, es un verdadero batiburrillo de medidas, algunas de ellas excéntricas, destinado a causar ruido y a ocupar el espacio político y mediático que le otorga su posición de llave del Ejecutivo en el que trabajan PP y  Ciudadanos. El texto está trufado de un lenguaje victimista -en el que exigen al Gobierno de Andalucía que condene de manera solemne, en una declaración institucional de su presidente, lo que llaman “el discurso de odio y exclusión” hacia su partido- profundamente antifeminista, antiandalucista, ultranacionalista y xenófobo. Tan es así que el PP ya ha avisado de que lo que pretende Vox es "inaceptable" y un "verdadero despropósito".

El documento supone una verdadera carga de profundidad lanzada contra algunos de los mínimos consensos que han garantizado la estabilidad política en España desde la promulgación de la Constitución de 1978, sobre todo el de la descentralización de competencias y el llamado Estado de las Autonomías. En el texto, incluso, se viene a alentar, a su manera, con argumentos falaces, a la confrontación entre territorios y personas al reclamar medidas que eliminen lo que llaman “discriminación de los andaluces que viven en otras regiones de España”, algo, que, obviamente, no existe.

El análisis de las medidas una a una revela, además de una ideología subyacente en la que se detecta cierta nostalgia por una organización política -centralista, sin subvenciones a los partidos políticos- y social -sin ayudas al tejido social laico, conformado por las ONG, con una potente consejería de familia y natalidad, que impida de facto los abortos- hoy desaparecida, que varias de ellas chocan de manera frontal con la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Así, Vox le pide al presidente de la Junta de Andalucía que efectúe una declaración institucional “a favor de la apertura de un proceso nacional de devolución al Estado de las competencias de Educación, Sanidad y Orden Público. Y que promueva la libertad e igualdad de todos los españoles. Propuesta de reforma estatutaria para suprimir el término realidad nacional”. Las competencias de la Comunidad Autónoma están recogidas en el Estatuto de Andalucía. Por lo que esta exigencia -en la que solo se pide que se elimine un término de ese texto- no pasa de ser un brindis al sol, que obviamente, de aceptarla el PP, tendría profundas consecuencias políticas y vendría a socavar los consensos que han conformado el llamado Estado de las Autonomías en las últimas décadas. La Constitución, además, garantiza la libertad e igualdad de todos los españoles en su artículo 14.

También Vox ataca de manera frontal uno de los símbolos de Andalucía: el 28F. Ese día de 1980, Andalucía, con la derecha en contra, votó a favor de alcanzar la autonomía en pie de igualdad con otros territorios. Fue la única comunidad en lograrlo por la vía del voto y es un símbolo, hasta ahora, pacífico y protegido por todos, incluidos PP y Ciudadanos. Y está protegido por el vigente Estatuto de Autonomía, votado por el PP, en su artículo 3, que dice: “El día de Andalucía es el 28 de Febrero”. Vox persigue una verdadera excentricidad: “El Día de Andalucía pasará del 28 de febrero al 2 de enero, en conmemoración de la culminación de la Reconquista”, se lee en su documento.

Criminalización de inmigrantes y ONG

El partido que dirige Santiago Abascal criminaliza en algunos de los puntos del documento a los extranjeros y también a las ONG que impiden que mueran tratando de llegar a España. Así, afirman: “La Junta promoverá, en el ámbito jurídico y administrativo correspondiente, la ilegalización de organizaciones que, cooperando con las mafias de tráfico de personas, favorezcan la inmigración ilegal”. Además acusa a la Junta de Andalucía de “encubrir la inmigración irregular”. “Pues posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía”, añade.

Esta afirmación, además de xenófoba, es falsa, puesto que todas las competencias en materia de extranjería son del Estado. Y toda expulsión, salvo las que se dan en caliente en las fronteras y por las que España ya ha recibido toques de atención, entre otros, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, requiere un mínimo procedimiento. La Junta de Andalucía sí proporciona sanidad y servicios sociales a los migrantes que lo solicitan. Además, la Constitución Española recoge en su artículo 10.2 que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.

En el capítulo de los medios de comunicación, Vox quiere suprimir “organismos públicos de control de medios de comunicación, como el Consejo Audiovisual de Andalucía”. Esta propuesta choca también de manera frontal con el Estatuto de Autonomía, que recoge en su articulo 131 esta institución a la que define de este modo: “El Consejo Audiovisual es la autoridad audiovisual independiente encargada de velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en los medios audiovisuales, tanto públicos como privados, en Andalucía, así como por el cumplimiento de la normativa vigente en materia audiovisual y de publicidad”.

El partido ultra dedica un apartado al “control del fundamentalismo islámico” en el que directamente proponen “la supresión de subvenciones a asociaciones islámicas”. Esta medida también podría calificarse como de contraria a la Constitución. En su artículo 16 recoge la aconfesionalidad del Estado y le insta a mantener relaciones de cooperación con todas las confesiones, no solo la católica. Y en el artículo 22 se recoge el derecho de asociación, con el solo límite de la ley.

Además de estas medidas que chocan de manera más o menos directa con la Constitución y el Estatuto de Autonomía, el lenguaje que utilizan al referirse a los ataques que reciben llama interesadamente a la confusión. Al referirse a lo que llaman “discurso de odio y exclusión que algunos líderes políticos y medios mantienen desde las elecciones del 2 de diciembre contra los votantes y representantes de Vox”, vienen a recordar la legislación sobre delitos de odio, que como se recoge en esta información de Alejandro Torrús, está ideada para proteger a una serie de minorías que históricamente han sido perseguidas o discriminadas. La lista de potenciales víctimas es cerrada y no se puede hacer extensiva a otros grupos que no sufren ese estigma social y, por tanto, no necesitan una especial protección para salvaguardar su dignidad.

Ideología ultraconservadora

El resto de su programa recoge medidas en las que se pone de manifiesto una ideología ultraconservadora, que ataca otros consensos también bien arraigados, como los derechos LGTBi, y la igualdad entre hombres y mujeres, que para lograrse requiere de la erradicación de los machismos. Así, Vox reclama la derogación de tres leyes autonómicas. La que establece medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, la que garantiza los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía, y la que promueve la igualdad de género en Andalucía. Ciudadanos ya ha manifestado que estas leyes no se van a tocar. Por tanto, aunque su derogación no choque ni con la Constitución ni con el Estatuto de Autonomía tampoco se va a hacer.

El capítulo dedicado a la “creación de una Consejería de Familia y Natalidad” habla por sí mismo. No lo dice a las claras y lo camufla con medidas como ampliar la red de guarderías, pero la terminología utilizada revela nostalgia por otro tipo de organización social y tiene una fuerte carga antifeminista. Así, proponen aprobar “un Plan Integral de Fomento de la Natalidad y una campaña de concienciación de la gravedad del invierno demográfico”. También recoge Vox un “especial apoyo a las familias numerosas, con amplias desgravaciones fiscales proporcionales al número de hijos, y medidas de conciliación trabajo-familia para los padres”. Además de promover de manera transversal en todos los organismos y políticas una perspectiva pro-familia y pro-natalidad”. También se ocupan del aborto, que pretenden de facto impedirlo. Y rematan con el impulso de un Plan Andaluz de Adopción.

El apartado dedicado a lo que llaman “reducción del gasto político y del gasto redundante” rezuma antipolítica y antiandalucismo por los cuatro costados. Así, Vox quiere cargarse las subvenciones a los partidos políticos y a lo que llaman “asociaciones y ONG ideológicas” y también la red de puestos comerciales que mantiene la Junta de Andalucía en todo el mundo. 

Vox reclama también la derogación de la Ley andaluza de Memoria Histórica, aprobada esta legislatura con los votos de la izquierda y la abstención de PP y Ciudadanos. Vox afirma, en el más puro estilo revisionista, que “esta ley impone, de forma totalitaria, una versión sesgada de la historia andaluza en el periodo 1931-1982”.

En el apartado dedicado a la educación obvian por completo que el sistema andaluz ya garantiza, como recoge la Constitución, en términos generales, la libertad de los padres a que los hijos reciban la educación de acuerdo con sus convicciones. Lo que subyace es un ataque al sistema educativo andaluz, muy igualitario y en el que predominan los colegios públicos, al contrario que en otras comunidades gobernadas durante muchos años por el PP. En este apartado hay algún punto de coincidencia con el acuerdo PP-Ciudadanos, como ampliar los conciertos educativos, en su amplia mayoría en manos de la Iglesia, al bachillerato.

También hay puntos de encuentro con PP y Ciudadanos en el apartado de impuestos, en el que Vox propone bonificar al 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y bajar el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, además de reducir los tipos impositivos del tramo autonómico del IRPF y que el tipo máximo, sumado al del tramo nacional, no supere el 45%. Aquí Vox también recoge la supresión de la Agencia Tributaria de Andalucía, cuya creación, por ley, está también recogida en el Estatuto de Andalucía.

Vox propone también dos leyes que el PP podría ver con buenos ojos. Una que denominan "de protección de la cultura popular y de las tradiciones del mundo ru- ral, que incluirá el flamenco y otras expresiones folklóricas, las tradiciones, las artesanías, la Semana Santa…” y otra de “protección de la tauromaquia y de la actividad cinegética, que reconozca y valore la aportación económica y ecológica de estas dos realidades tan ligadas a Andalucía”.