Tres anuncios que pueden valer unos Presupuestos y, quizá, una legislatura. El 'sí' del PNV a las cuentas, el preacuerdo anunciado por ERC, y la voluntad de Ciudadanos de mantenerse en las negociaciones presupuestarias pese a los dos anuncios anteriores, han situado al Gobierno en la pista de salida para poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2021. De hecho, de confirmarse y mantenerse hasta el final de la tramitación presupuestaria las posiciones de estos grupos, el Ejecutivo dispondría de una holgada horquilla de entre 185 y 195 votos para asegurar las cuentas.

Los movimientos anunciados por estas tres formaciones este martes se unen a la predisposición que mostró EH Bildu hace unas semanas para apoyar los Presupuestos y amarran una mayoría que ya se pudo vislumbrar en el debate de totalidad de las cuentas, cuando el Congreso tumbó los vetos de PP, Vox, JxCat y otros partidos con 198 votos en contra.

Desde el principio de las negociaciones, el ambiente ha sido muy distinto del que hubo a principios de 2019, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez no reunió los apoyos suficientes aprobar su proyecto presupuestario y terminó convocando elecciones anticipadas. Uno de los indicadores de que la tramitación estaría bien encaminada desde el inicio, es que la clave en estas negociaciones no se ha centrado tanto en obtener un número suficiente de votos para asegurar el éxito de las cuentas, como en los socios en los que el Gobierno apoyaría la tramitación.

En este sentido, el Ejecutivo ha logrado cerrar un acuerdo con el PNV, un preacuerdo con ERC (que deben ratificar los órganos de la formación catalana) y una posición favorable de EH Bildu sin que eso haya supuesto la espantada de Ciudadanos de las negociaciones presupuestarias. De hecho, los de Arrimadas están hoy más vinculados a las cuentas después de haber acordado con el PSOE una enmienda a los PGE para implementar la tarjeta sanitaria única, una de las reivindicaciones históricas de la formación naranja.

El preacuerdo con los de Gabriel Rufián ha llegado a cambio del fin del control financiero de Hacienda a la Generalitat de Catalunya, la creación de un comité bilateral para una reforma fiscal "justa y progresiva" (que incluye la puesta en marcha de un grupo de trabajo para desarrollar un impuesto a las grandes fortunas y otro grupo de trabajo para acabar con el dumping fiscal de Madrid), la ampliación de la moratoria al pago de las cotizaciones de los autónomos hasta marzo de 2021 (y la posibilidad de hacer nuevas ampliaciones al trimestre), y la liquidación de la deuda del Ministerio de Educación con la Generalitat en materia de becas que la Administración arrastra desde el año 2005.

Las dos "vías incompatibles" para aprobar los PGE

El levantamiento del control financiero sobre la Generalitat es uno de los puntos más relevantes y simbólicos del acuerdo, ya que se trata de los restos administrativos y políticos del conflicto que el Gobierno de Mariano Rajoy mantuvo con el Govern de la Generalitat (el PP impuso estos controles financieros en 2015 para evitar que se destinaran fondos públicos a fines independentistas y soberanistas, una situación que terminó derivando dos años después en la intervención de la autonomía catalana a través de la aplicación del artículo 155 de la Constitución). El Ejecutivo de Sánchez había suprimido el control sobre los ingresos, pero Hacienda aún supervisaba los gastos de la Generalitat.

El PNV ha dado su 'sí' tras pactar con el Gobierno una segunda batería de medidas este fin de semana en unas "intensas negociaciones", según las calificó el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban. En concreto, el PNV ha pactado la enajenación de los cuarteles de Loyola, en San Sebastián, nuevas inversiones en investigación y desarrollo, el compromiso del Ejecutivo en la producción de energía eólica, el impulso del aeropuerto de Vitoria y varias obras de infraestructuras en Euskadi.

Estos compromisos se suman a los que ya se habían acordado la pasada semana: mantener los privilegios al diésel -el proyecto de Presupuestos planteaba la retirada de una bonificación fiscal al combustible-, 50 millones para la industria de la máquina herramienta, seis millones para el soterramiento del barrio de Zorroza, en Bilbao, y la creación de una nueva figura contractual para el desarrollo de la formación dual universitaria.

Con los números de los Presupuestos prácticamente cerrados, queda por despejar la duda de si el Ejecutivo sacará adelante las cuentas con el bloque de la investidura (que también incluye a formaciones como Más País, Compromís, Teruel Existe o Nueva Canarias), o si también añadirá a la ecuación a Ciudadanos. Su portavoz en la Cámara Baja, Edmundo Bal, manifestó su intención de "negociar hasta el final" (un final que marcó para el jueves de la próxima semana, cuando habrán terminado las últimas votaciones presupuestarias en el Congreso, antes de que las cuentas pasen al Senado).

Bal ha advertido, sin embargo, que "las dos vías son incompatibles; es imposible una foto final en la que este Cs, ERC y Bildu".

Sin embargo, el objetivo del Gobierno sigue siendo sumar el mayor número de apoyos posibles y, en este reto, se mantiene el empeño por la parte socialista de llevar a Ciudadanos al acuerdo.

Según fuentes del Ejecutivo, se va a intentar hasta el último momento incorporar al partido naranja y, aunque no sea con su voto favorable, el Gobierno sí valoraría al menos una simbólica abstención. Sería sólo un gesto, ya que esta postura no sería determinante para el resultado de una votación en la que no se necesita la mayoría absoluta, sino sólo más votos a favor que en contra del proyecto presupuestario. 

En el Ejecutivo de Sánchez se respira satisfacción por cómo va transcurriendo la negociación, aunque mantienen la cautela todavía y aseguran que aún hay muchas cosas que concretar y terminar de cerrar con los grupos que han mostrado ya su disposición a apoyar los Presupuestos.