Este artículo se publicó hace 2 años.
Las mujeres, principales víctimas de la falta de estrategia demográfica de los gobiernos de Feijóo en Galicia
La Ley de Dinamización Demográfica aprobada hace año y medio por la Xunta que ahora dirige Alfonso Rueda no ha logrado evitar que la comunidad esté entre las que peor comportamiento natalicio registran en España.
A Coruña-Actualizado a
Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística sobre natalidad en España publicados la semana pasada dejan a Galicia como una de las comunidades del Estado con peor comportamiento de ese parámetro. Son un 2% menos de nacimientos en el primer semestre del 2022 con respecto al mismo período de 2021, y un 26% menos que hace seis años.
Año tras año, en Galicia mueren más personas de las que nacen , hasta el punto en que en los últimos once, coincidiendo con los mandatos de Alberto Núñez Feijóo, la población ha caído en 102.000 habitantes, más que todos los habitantes de su capital, Santiago.
Hace año y medio, la Xunta que aún encabezaba el hoy presidente del PP puso en marcha la Ley de Impulso Demográfico, una promesa electoral de la campaña de Feijóo en 2009 que tardó más de una década en cumplir. Desde su entrada en vigor, nada parece indicar que la situación haya mejorado ni vaya a mejorar. Y quienes más padecen la situación son, a juicio del mayor sindicato de Galicia, las mujeres.
"La CIG ya denunciaba [cuando se aprobó la ley] que depositaba en las mujeres la responsabilidad de frenar el declive demográfico, relegándolas al papel de madres y cuidadoras y entendiendo la conciliación solo para que pudieran ejercer los cuidados, sin fomentar en ningún momento la corresponsabilidad", asegura Nicolasa Castro, secretaria de Mulleres de la Confederación Intersindical Galega (CIG).
La sindicalista recuerda que la norma "apenas recogía medidas concretas y no incidía en las causas que provocan el declive demográfico como el desempleo, la precariedad, el desmantelamiento industrial o la despoblación del rural". "El problema no es que las mujeres queramos tener hijas o no. El problema es que sin trabajo y condiciones laborales dignas, ni queriendo podríamos tenerlas", añade.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha anunciado una estrategia continuista de las políticas de Feijóo, tampoco parece tener la fórmula para contener la sangría demográfica. El pasado 9 de julio se encomendó al retorno de emigrantes para solventarla, aunque no explicó cómo podrían rejuvenecer el país quienes emigraron hace décadas y ya no son jóvenes.
Tampoco detalló cómo reducir la precariedad que padecen las mujeres y que, en la versión de la CIG, lastra de forma irremediable la natalidad. Según el sindicato, el 73,4% del empleo que se perdió en Galicia fue entre las mujeres, que tuvieron que asumir los cuidados de niños y mayores dependientes. Superada la emergencia sanitaria comenzaron a reincorporarse al mercado laboral, pero en condiciones sumamente precarias.
Casi el 95% de los 421.968 nuevos contratos firmados en 2021 en Galicia a nombre de mujeres, fueron temporales. El 30% tuvieron una duración inferior la una semana y el 43% fueron de menos de un mes. Casi el 77% de los contratos a jornada parcial fueron suscritos por mujeres, más de la mitad por no encontrar trabajo a jornada completa, y un 20% por motivos de cuidado frente a tan sólo el 4% de los hombres.
"Las carencias de servicios sociales públicos provoca que los cuidados sigan recayendo mayoritariamente en las mujeres, de forma que nos obligan a sacrificar nuestro trabajo y crecimiento profesional y personal", asegura Castro, quien opina que la recientemente aprobada reforma laboral "carece de perspectiva de género y no da solución a la precariedad, porque mantiene las facilidades para el despido, la flexibilización de la jornada y el mantenimiento de la temporalidad a través de los contratos fijos discontinuos".
Frente a esa situación, la secretaria de Mulleres de la CIG advierte de que en Galicia "las mujeres jóvenes emigran en busca de mejores condiciones de trabajo y de vida, y las que quedan se ven obligadas a renunciar a la maternidad o a retrasarla hasta que tienen garantizada una cierta estabilidad y condiciones laborales más dignas".
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