El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, que previsiblemente será este jueves cesado de su cargo acorralado por el escándalo de su participación en una sociedad en Panamá, ha declarado que "la Guardia Civil ha ido más allá de sus funciones en la investigación" sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

En una entrevista en el diario El Mundo, Manuel Moix señala que dicho Cuerpo "no respetó con Cifuentes su función de investigar y fue más allá" y apostilla: "La Guardia Civil tiene que aportar los hechos y los fiscales ya los calificamos".

"No puede ser que parezca que quien decida la imputación sea la Policía", indica en referencia a los informes en los que la Guardia Civil atribuía a Cifuentes unos supuestos delitos de prevaricación y cohecho en la adjudicación de los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid en los años 2009 y 2011 al grupo Cantoblanco del empresario Arturo Fernández.

Diferencias entre González y los Pujol

Añade que no hay indicios de que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en prisión provisional por el caso Lezo, lidere una organización criminal junto a Edmundo Rodríguez Sobrino. Y agrega: "Desconozco si realmente González sabía que había micrófonos en su despacho, eso son conjeturas y yo no hago conjeturas". Sin embargo, los micrófonos puestos en el despacho de González son un hecho que está más que constatado. El funcionamiento de esas escuchas fue detallado en una información exhaustiva en Público.

Sin embargo, sí considera que en el caso de los Pujol "sí es un sí es un grupo reducido donde hay claramente dos que dirigen y reparten el dinero" por lo que "sí hay indicios de organización criminal".

Por otra parte comenta que él hubiera informado a favor de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declarase por videoconferencia en el juicio del caso Gürtel en lugar de tener que personarse en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), tal como ha acordado el tribunal.

Los fiscales piden su cese; el Gobierno calla

La situación de Moix a día de hoy es insostenible. No solo la oposición política ha pedido su relevo de forma inmediata. Incluso sus compañeros de profesión han solicitado que deje el cargo. Anoche, la Asociación de Fiscales pidió a Moix que ponga su cargo a disposición del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, al entender que su participación como propietario en una sociedad de Panamá "compromete la imagen de imparcialidad de la institución" y supone "un menoscabo para la imagen de la Carrera Fiscal".

Mientras, el Gobierno ha cambiado de actitud y ha pasado de la defensa al silencio, con lo que el futuro del fiscal jefe Anticorrupción se oscurece y queda pendiente de la reunión que ha de mantener con su jefe, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Porque a Maza señalaron ayer tanto la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Mientras, otros miembros del Ejecutivo que fueron preguntados por los periodistas en los pasillos del Congreso dieron la callada por respuesta. Fue el caso de María Dolores de Cospedal, Cristóbal Montoro o el propio Mariano Rajoy.