Casi la mitad de los contratos licitados en el año 2018 por las entidades instrumentales de la Xunta —fundaciones, agencias, consorcios, sociedades públicas, etcétera— incluyeron criterios de adjudicación contrarios a la legalidad.

Así lo asegura un informe del Consello de Contas de Galicia que alerta, además, de que esas entidades, que durante los mandatos de Alberto Núñez Feijóo en Galicia (2009-2022) llegaron a gestionar más del 15% del presupuesto autonómico, usaron los contratos menores de manera irregular.

El Consello fiscaliza el ejercicio de 2018 porque ese es el año en que entró en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que traspuso a la legislación española la normativa europea. Se pretendía, según su exposición de motivos, dotar de mayor transparencia a las adjudicaciones y conseguir una mejor relación calidad-precio en los bienes y servicios contratados por el sector público.

Según el informe del Consello de Contas, el 46% de los expedientes revisados que habían sido tramitados por las entidades descentralizadas de la Xunta por el procedimiento convencional abierto, es decir, mediante concurso público y concurrencia de ofertas, "incluyeron criterios de adjudicación susceptibles de anulación por ser contrarios a la legalidad o a la doctrina de los órganos de recursos contractuales".

Transparencia e igualdad de trato

El organismo advierte de que esa circunstancia "puede actuar como factor restrictivo de la concurrencia" y que afecta "a los principios de transparencia e igualdad de trato restando objetividad al proceso de selección" de las empresas adjudicatarias.

Las entidades descentralizadas de la Xunta, cuya deuda creció hasta los 631 millones de euros durante los años de Gobierno de Feijóo, adjudicaron mediante procedimiento abierto en el año 2018 un total de 477 contratos por un importe global de 251,32 millones de euros.

Además, agencias, fundaciones, empresas públicas y consorcios gastaron como mínimo otros 51,12 millones de euros en contratos menores, es decir, aquellos en los que, según la nueva normativa, no se superan los 40.000 euros en adjudicaciones de obras o los 15.000 euros en las de servicios. Esos contratos, recoge la ley, pueden otorgarse directamente a cualquier empresario sin necesidad de concurso.

En el 46% de las entidades cuyas adjudicaciones estudió el Consello, la administración paralela de la Xunta usó ese procedimiento "para contratar prestaciones que responden a necesidades la contratación menor recurrentes que se reiteran anualmente y cuyo importe, calculado de forma acumulada, excedía el límite que permite adjudicar de forma directa".

"Esto evidenció un incumplimiento de la obligación de planificar la actividad contractual y de las reglas de cálculo del valor estimado de los contratos", dice el estudio.

Fraccionamiento indebido en contratos menores

En el 15% de las entidades se detectaron además "supuestos de fraccionamiento indebido del objeto del contrato", de forma que se adjudicaron de forma separada, mediante contratos menores, servicios entre los que existía "un vínculo operativo que exigía su licitación conjunta a través de otros procedimientos" más garantistas.

Según el informe del Consello de Contas, se advirtió también el uso irregular de los contratos menores "como contratos-puente" mientras no se resolvía la licitación a través de otros procedimientos, por cantidades que finalmente superaron con mucho el límite legal.

Como ejemplo, los auditores del organismo advierten que tres de esos contratos menores acabaron sumando gastos de 3,6 millones, 210.991 euros y 129.708 euros respectivamente.

El análisis del fiscalizador del Consello de Contas advierte asimismo de que la recomendación de que la Administración recabe al menos tres ofertas de empresas distintas para adjudicar un contrato en condiciones ventajosas de calidad y precio "fue excepcional" en las entidades descentralizadas de la Xunta. "Con carácter general, los contratos revisados se adjudicaron directamente sin efectuar una mínima comparación de precios y ofertas".

"Fuera de aquellos casos en los que no resulta posible promover concurrencia, si no se justifica por qué se elige ese adjudicatario y no se contrastan otras opciones, además de perjudicar la consecución de un mejor precio, constituye un factor de riesgo para favorecer a una determinada empresa", concluye el informe.

Durante los mandatos de Feijóo y tras su ascenso al liderazgo del PP se han producido numerosas denuncias sobre el trato de favor a determinadas sociedades por parte de la Xunta, incluidas algunas vinculadas a su entorno familiar.